Junto a otros familiares de víctimas de Santiago del Estero, está de visita en la ciudad de Buenos Aires, donde entre otras gestiones entregó una carta para el presidente Alberto Fernández. Franco Nicolás Isorni tenía 23 años, trabajaba como repartidor y era estudiante universitario cuando el 26 de agosto de 2020 apareció muerto en una rotonda de la capital provincial. Aunque la versión oficial fue que perdió el control de la moto y chocó fatalmente contra el guardarrail, las pericias demostraron que fue torturado y fusilado. La familia denuncia que se trata de un caso de gatillo fácil policial. Sin embargo, el expediente fue cerrado de manera escandalosa. Carolina exige la intervención de la justicia federal. Mientras tanto, elevó el sumario a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Junto a otros familiares de víctimas de Santiago del Estero, está de visita en la ciudad de Buenos Aires, donde entre otras gestiones entregó una carta para el presidente Alberto Fernández. Felipe Adrián Jaimes tenía 17 años al ser asesinado en la localidad de Loreto el 15 de julio de 2018. El muchacho circulaba en una motocicleta cuando fue embestido violentamente por una camioneta ocupada por hijos del poder de la zona: Fabián Mazzarelli, Emilio Leme y Agostina Ascencio. El primero sería el dueño del rodado. El segundo dice haber ido al volante. Como consecuencia de las heridas gravísimas que le provocó el impacto, el adolescente expiró seis días después. La familia Jaimes denuncia persecución y amenazas. Sostiene que hay indicios de que se trata de un homicidio, pide la captura de los responsables y exige la realización de un juicio.

Junto a otros familiares de víctimas de Santiago del Estero, está de visita en la ciudad de Buenos Aires, donde entre otras gestiones entregó una carta para el presidente Alberto Fernández. Clara Bravo tenía 19 años, era estudiante universitaria y estaba embarazada cuando apareció muerta con un balazo en la cabeza el 20 de noviembre de 2020 en la localidad de Añatuya. Como consecuencia, también falleció la vida que estaba gestando, que según la familia podía involucrar dos criaturas. A pesar de que la madre de la damnificada comprobó la presencia de un orificio de bala en los restos de su hija, el análisis del cuerpo médico forense ignoró esta evidencia. La manipulación de la prueba buscaría ocultar un caso de gatillo fácil policial.

"Cuando traen el cuerpo de Abra Pampa a la morgue de Alto Comedero, a mi tío, Samuel Reinaga, yo le mandé un mensaje: tío, para lo que necesite estamos aquí; el me responde: necesito ayuda; sí, dígame; jamás pensé que me iba a pedir lo que me pidió; me dijo: por la pandemia no puedo viajar con mi mujer, tengo que ir solo; necesito que me ayudes a cambiar el cuerpo de mi hija, porque ella es mujer; se me removió todo; tuve que decir que sí, porque había ofrecido mi ayuda y porque cómo decir que no, si un padre está diciendo: por pudor no quiero cambiarla yo; fui con el, estuvimos en la morgue de Alto Comedero toda la tarde; el me pasó la ropa y me dijo cómo quería que la cambie, qué quería que le diga; yo veía un padre desesperado; me partió el alma".

"Cuando salió el médico forense dijo: bueno, ahora van a entrar; entraba yo y lo escuché cuando me daba vuelta que le inquiría: doctor, quiero que me diga una cosa ¿mi hija sufrió mucho? ¿sufrió mucho antes de morir? el doctor lo miraba y el le volvía a preguntar: por favor, dígame ¿sufrió mucho? hasta el día de hoy recuerdo esa voz, ese gesto y que el doctor le agarró el rostro y le dijo: ya descansa en paz Cesia; nunca le dijo si sufrió mucho o no; yo creo que con ese silencio dijo más; el solamente lo miró y le dijo: ¿cómo la mataron? y el le volvió a agarrar su rostro y le dijo: está todo en el informe que envié al fiscal; pero descansá, papá, porque tu hija ya descansa y los que la hicieron la van a pagar".

Cesia Nicole Reinaga tenía 20 años. Era sensible y soñadora. Era la menor de cuatro hermanos y la mimada de sus padres Elisabet y Samuel. Una falencia motriz de nacimiento, producto de complicaciones en el embarazo, había dificultado el desarrollo de su movilidad en brazos y piernas. Gracias al apoyo familiar, el asesoramiento médico y un tezón a toda prueba había logrado sobreponerse y planeaba emigrar de su Abra Pampa natal, en la provincia de Jujuy, para irse a estudiar Derecho.

El 29 de agosto de 2020, la joven salió a pasear a la plaza del pueblo, invitada por algunos supuestos amigos, e inexplicablemente jamás regresó a su casa. La búsqueda se prolongó diez días interminables. Una eternidad. Su cuerpo sin vida apareció sumergido en una acequia del matadero local. Había sido violada y asesinada de manera salvaje. El semen encontrado en el cadáver pudo identificarse. Corresponde a un vecino de 14 años, hijo de una concejal, Noelia Velázquez, y su esposo Benito Agüero.

Débora, la voz de esta nota, es prima de la víctima y uno de los allegados que da la cara. Como cursó la mayor parte de la carrera de Derecho, tiene conocimientos legales. Su testimonio sintetiza el estado de la causa y la odisea que ha vivido la familia. Mientras la querella pide la realización de un juicio, el criminal está libre con el argumento de que los menores de 16 años son inimputables. Quienes sí se encuentran detenidos son el padre y un abuelastro del chico, por encubrimiento y amenazas.

El 23 de diciembre de 2021, una nueva tragedia golpeó a la parentela de Cesia. Samuel, el papá, conducía un automóvil que impactó un colectivo en plena ruta. Ocurrió en la provincia de Santiago del Estero, cuando volvía de la Capital Federal hacia Jujuy. Como consecuencia, murieron el, una tía y una abuela de la chica asesinada. Elizabet, la mamá, sobrevivió de milagro, aunque sufrió lesiones gravísimas. Hoy reclama que el o los homicidas de su hija sean condenados: "hay pruebas más que suficientes".

"Un vecino vino a decirnos que mi hija Karina había sufrido un accidente; entonces nosotros salimos corriendo, era a dos cuadras de donde estábamos; al llegar al sitio nos dimos con ese espectáculo horrible, la camioneta incrustada en un domicilio precario; yo buscaba a mi hija desesperadamente; me dijeron ya se la llevó la ambulancia; me desmayé; vi un montón de gente, llegaron los bomberos y a continuación ya no me acuerdo más nada; me desperté y camino al hospital, en coche, otra de mis hijas llegó primero y nos dijo por teléfono ella falleció".

Karina Valeria Flores tenía 24 años y dos hijas de 8 y 5. Vivía en el barrio Virgen de Urkupiña de la ciudad de Salta. El 30 de agosto de 2020 iba caminando por la vereda a comprar pan cuando fue embestida fatalmente por un automovilista alcoholizado y fuera de control cuyo vehículo, una camioneta, terminó embutiéndose en una vivienda. 

El homicida es Jorge Durán Condorí, de 49 años. El rodado una Toyota Hilux. La tragedia provocó una víctima adicional, un chico que estaba en el interior de la casa y sufrió la fractura de una pierna. Quien se salvó de milagro es la pareja de la fallecida, que se encontraba junto a ella.

El asesino fue condenado en agosto de 2022 a cinco años y dos meses de prisión efectiva más una década de inhabilitación para manejar. Además, su identidad biológica será incluida en el Banco Nacional de Datos Genéticos de autores de delitos considerados graves. El veredicto fue emitido por la Sala VI del Distrito Centro de los tribunales salteños.

La decisión establece que el penado es responsable de homicidio culposo por la conducción imprudente de automotor calificado por superar la velocidad permitida, conducta temeraria y exceso de alcohol en sangre, todo esto en perjuicio de Karina Flores, lesiones culposas en el mismo episodio contra un menor de edad y daños en desmedro de la dueña de la vivienda en concurso real.

Sonia Patricia Cayo, mamá de la víctima fatal, tiene además otros seis hijos y se hizo cargo de las dos niñas que perdieron a su progenitora como consecuencia del horror. Integra la Comisión de Familiares contra la Impunidad de la ciudad Salta. Brindó el testimonio de esta nota un mes antes de la condena en la sede de la Fundación Cintia Fernández.

"No le deseo a ninguna madre pasar por la situación que yo he estado pasando, perder a dos hijas a la vez; en ocasiones veía padres que lloraban por sus chicos, me sentía mal en ese momento, decía por qué, por qué sucedió esto; ahora entiendo que a veces uno no espera las cosas, pero ocurren; mi hija ya hacía rato que tenía problemas con el; lo denunciamos, pero la Policía no hacía nada; lo iba a buscar a la casa de su familia, el se escondía con la hermana o en la vivienda de su mamá o de amigos o se iba al monte, estaba dos o tres días; la Policía no hacía nada; iban, preguntaban y pegaban la vuelta".

Siete veces había denunciado Pamela Gorosito, de 23 años, a Reynaldo Javier Broy, de 37, por violencia contra ella y los dos hijos de ambos. La Policía del sitio, Yuto, departamento de Ledesma, provincia de Jujuy, actuó siempre con misteriosa negligencia. El trance fue creciendo en tensión dramáticamente hasta el 15 de abril de 2022, cuando el sujeto mató a escopetazos a Pamela y a su hermana Ramona, de 27, progenitora de tres criaturas. 

El fusilador además enfrentó a Graciela y Martín, los padres de ambas, e incluso a una abuela, señora con graves dificultades de salud. La primera fue golpeada por el forajido. Todas las víctimas se encontraban en la más completa indefensión. Como consecuencia, quedaron en la horfandad cinco menores, dos nenas y tres varones de 3, 6, 7, 9 y 14 años.

Julián Martín Palmieri, abogado de la familia damnificada, tramita la realización de un juicio que esclarezca la tragedia y condene al responsable, que puede haber actuado con la complicidad de personas allegadas, que le permitieron desenvolverse con semejante impunidad. Fernando Lobos, fiscal del caso, considera a Broy, un hombre que practicaba boxeo y caza deportiva, autor de "femicidio, homicidio simple y lesiones en concurso real". Otro aspecto crítico del expediente es la tenencia de los menores, que aún debe resolverse. 

El Ministerio Público de la Acusación, en simultáneo, promueve una iniciativa penal contra dos policías de Yuto, los que estaban de turno en el momento del horror. La investigación reveló que estos se ausentaron del domicilio de la familia Gorosito pese a que la ayudante fiscal Claudia Moreno había ordenado que se disponga una consigna. Horas antes de la masacre, el acusado se hallaba con pedido de aprehensión producto de la denuncia de su expareja. El sumario contra los agentes se caratula "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

"No puede ser que un ciudadano desaparezca y sea como si la tierra se lo hubiera tragado. Acá en Salta hay varias personas, no solamente mi hijo. En algunos casos hacen bien el rastreo. En el de Cristhian, para mí no hicieron nada bien (...). Como mamá tengo la esperanza de que esté vivo; pido y rezo por el, porque soy muy católica. Pero, en caso de que no fuese así, me gustaría saber dónde está o qué le pasó, por lo menos para ir a ponerle algunas flores, si es que no está en esta tierra".

La intriga suma 14 años. Cristhian Fernando Luna Carrera, diseñador gráfico y músico de 32, vecino de la ciudad de Salta, fue visto por última vez el 11 de marzo de 2008. Desde entonces, nada se sabe de el y los parientes carecen de certeza sobre qué le puede haber ocurrido. El sumario estuvo misteriosamente frenado hasta agosto de este año, cuando el Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la provincia reactivó la investigación al excavar, por pedido de la familia, la casa donde en aquella época vivía Andrea, la novia del muchacho. 

Es un inmueble que hoy pertenece a otra gente. La dirección es Diario Paraná 2927, barrio Intersindical. Se sospechaba que en ese lugar podían estar los restos del damnificado. El sondeo requirió un martillo neumático y alcanzó 60 centímetros de profundidad, aparentemente sin resultado. 

Miriam del Valle Carrera, mamá de Cristhian, descarta en el testimonio de esta nota —brindado un par de semanas antes de que se realizara el pozo— la hipótesis de suicidio, sostenida por la pareja de la víctima con base en una extraña carta de despedida. Es una esquela redactada a mano, con birome y papel. Los deudos del joven reconocen la letra de este, pero interpretan que el contenido probablemente fue volcado bajo algún tipo de coacción, tomando en cuenta indicios que consideran evidentes. 

La progenitora de la víctima —es integrante de la Comisión de Familiares contra Ia Impunidad y tiene el respaldo de la Fundación Cintia Fernández— denuncia que la Justicia está en deuda con el expediente y exige tres pasos que considera fundamentales: tomar declaración indagatoria a Andrea, hacer lo mismo con el empleador de Cristhian, el empresario Alberto Lajam, e indagar el disco rígido de la computadora del joven. 

Miriam elucubra que su hijo tal vez conocía información problemática y por eso alguien decidió silenciarlo. Por otro lado, entre otros cabos sueltos, se pregunta quién es el padre de la segunda hija de la novia, nacida poco después de de la desaparición. Un pasaje de la enigmática carta final de Christian dice que Andrea estaba encinta, pero el ignoraba de qué relación era fruto el embarazo.

"Sergio es un gendarme que falleció en el colectivo que venía de Santiago del Estero a Jujuy, en el puente Balboa. La historia esta es muy triste. Eran 43. Esa mañana nos enteramos por la radio; uno escucha las noticias; oímos que tuvo un accidente el colectivo. Lo que hizo mi esposo fue llamar a mi sobrina de Santiago; ahí se enteró de que era una de las víctimas. Era una desesperación de no saber cómo hacer para ir al puente y sacarlo, a ver si estaba vivo a muerto. Después, contactarse con mis cuñadas, sus hermanas, que no sabían, también se habían enterado por las noticias. Después, mi suegra; ella vivía en Tartagal; enterarse cómo fue, qué pasó; no sabía que su hijo había fallecido. Había muerto a las tres de la mañana, fue uno de los primeros".

Constituye el episodio más sangriento de la historia de la fuerza y el tercer mayor desastre vial del país por el número de muertos. Sin embargo, después de siete años, está pendiente un juicio que revele la verdad y castigue a quien corresponda. El debate oral estuvo a punto de realizarse en 2021 en los tribunales federales de Salta con cuatro comandantes y un soboficial acusados de homicidio doloso y estrago doloso como responsables del estado crítico del coche. Pero fue frenado de manera súbita por supuestas falencias procesales. Desde entonces se encuentra suspendido. Los familiares de las víctimas señalan una presunta asociación ilícita que malversaba fondos millonarios dentro de la institución y como daño colateral causó la muerte de los gendarmes.

Ocurrió el 14 de noviembre de 2015. Un colectivo Mercedes Benz destartalado de la Gendarmería transportaba a 50 efectivos de Santiago del Estero a Jujuy para "dar apoyo en conflictos de orden social desatados en esa provincia", según había instruido Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación. El micro, identificado con el número 08017, era parte de un convoy de tres. De repente se reventó el neumático derecho y en consecuencia el vehículo cayó al vacío desde cerca de 20 metros. Sucedió sobre el puente del arroyo Balboa, ruta nacional 34, kilómetro 956, localidad de Rosario de la Frontera, 180 kilómetros al sur de la capital salteña.

Carolina Vázquez, la voz de la cita inicial, es esposa de Luis Gallardo, hermano de Sergio Roberto, uno de los 43 damnificados. Ella y Ernestina Monasterio, mamá de la víctima, reclaman justicia y denuncian escandalosas irregularidades en el hecho, la investigación y el proceso judicial. Argumentos tienen de sobra. Los familiares sostienen que quedaron en todo momento a la buena de Dios. La pesquisa de la fiscalía determinó que hubo graves fallas en el mantenimiento del colectivo y que estas habían sido informadas a los superiores en las áreas correspondientes.

El grupo liderado por Nicolás Bonaventura despedirá su primera temporada el 2 de diciembre en Planta Alta, un bar del barrio porteño de Flores. Durante la charla, realizada una tarde idílica en el Parque Avellaneda, el cuarteto recorre los inicios del proyecto, sus objetivos más importantes, algunas de las canciones que han realizado y reflexiones que van desde las convicciones personales hasta los gustos musicales de los integrantes.

Es abogado de la familia de Matías Ezequiel Chirino, el subteniente de 22 años muerto el 19 de junio de 2022 por los abusos que sufrió durante un rito de iniciación o bautismo del Ejército en el Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Hay nueve militares imputados por homicidio simple y abuso de autoridad.

"Voy a comentar sintéticamente lo que conozco del caso de Matías Chirino. Mi nombre es Enrique Fernando Novo, soy abogado, doctor en Derecho, profesor adjunto de la Universidad de Río Cuarto. Ejerzo la abogacía desde hace más de 25 años. Hace unos meses llegó a mi estudio el señor Ezequiel Chirino, padre de Matías. Entró acongojado, acompañado por un vecino conocido mío; se acercaron porque estaban desesperados, un tanto desconcertados; hacía dos o tres días había fallecido Matías."