testimonios

Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera, Viviam Perrone, mamá de Kevin Sedano, y Oscar Castellucci, papá de Martín, son algunos de los ciudadanos que se solidarizan con el caso desde la ciudad de Buenos Aires y otros puntos.

Sergio Maximiliano Cabaña tenía 18 años. Cursaba la Licenciatura en Criminalística en la Universidad Nacional del Nordeste, con sede en la ciudad de Corrientes. El 29 de septiembre de 2018 estaba de visita en su pago natal, Villa Ángela, provincia de Chaco. Ramón Sebastián Barrios, alias Chanchi, de 26 años, un sujeto con antecedentes penales, lo atacó a golpes sin causa a la salida de una fiesta. El agredido, atemorizado, se alejó en moto con Martín López, un amigo, como acompañante.

El forajido los persiguió en un vehículo similar, hostigándolos con violencia despiadada, hasta que provocó el vuelco dramático de los que huían. El universitario murió por traumatismo de cráneo grave con hemorragia interna. López recibió igualmente heridas tremendas, pero pudo sobreponerse. El y la novia de Barrios, que iba atrás en el transporte de este, son los testigos clave. Otra prueba fundamental es un video de seguridad. Sin embargo, Chanchi permanece libre, luego de una breve prisión preventiva.

Celia y Sergio Cabaña, padres de la víctima fatal, piden en el testimonio estremecedor de esta nota un juicio que establezca la verdad y condene al responsable por homicidio simple y lesiones graves en concurso real. La carátula del expediente solo habla de homicidio culposo, o sea involuntario. La querella denuncia premeditación, alevosía y ensañamiento. Agrega que el episodio fue antecedido por meses de provocaciones y amenazas, incluido el robo de la moto del fallecido.

Una multitud de amigos y vecinos de la familia se suma al reclamo desesperado de verdad y justicia. Aquí hay más de medio centenar de voces provenientes de Villa Ángela y también de otras localidades de la provincia de Chaco.

Sergio Maximiliano Cabaña tenía 18 años. Cursaba la Licenciatura en Criminalística en la Universidad Nacional del Nordeste, con sede en la ciudad de Corrientes. El 29 de septiembre de 2018 estaba de visita en su pago natal, Villa Ángela, provincia de Chaco. Ramón Sebastián Barrios, alias Chanchi, de 26 años, un sujeto con antecedentes penales, lo atacó a golpes sin causa a la salida de una fiesta. El agredido, atemorizado, se alejó en moto con Martín López, un amigo, como acompañante.

El forajido los persiguió en un vehículo similar, hostigándolos con violencia despiadada, hasta que provocó el vuelco dramático de los que huían. El universitario murió por traumatismo de cráneo grave con hemorragia interna. López recibió igualmente heridas tremendas, pero pudo sobreponerse. El y la novia de Barrios, que iba atrás en el transporte de este, son los testigos clave. Otra prueba fundamental es un video de seguridad. Sin embargo, Chanchi permanece libre, luego de una breve prisión preventiva.

Celia y Sergio Cabaña, padres de la víctima fatal, piden en el testimonio estremecedor de esta nota un juicio que establezca la verdad y condene al responsable por homicidio simple y lesiones graves en concurso real. La carátula del expediente solo habla de homicidio culposo, o sea involuntario. La querella denuncia premeditación, alevosía y ensañamiento. Agrega que el episodio fue antecedido por meses de provocaciones y amenazas, incluido el robo de la moto del fallecido.

"Todas las veces que voy a Florencio Varela, cuando paso por el frente de la Comisaría Primera es como un clásico, saco una foto de la arcada; me trae tristeza, me trae un montón de cosas, me trae a mi hermana, que estaría hoy con 46 años; tendría hijos, me la imagino con dos o tres, seguramente yo sería la madrina de algunos; o capaz no tendría hijos, eso no se sabe; un día saqué la foto y me metí, pregunté por el comisario, porque no lo conocía; una mujer me dijo que me iba a atender; me atendió; son jefes que están de paso, un tiempito nada más, después si cometen algún ilícito los trasaladan...".

Andrea Viera, de 25 años, y Gustavo David Cardozo, de 23, eran una pareja feliz. Ella exteriorizaba síntomas que podían ser de embarazada. El 10 de mayo de 2002 caminaban juntos hacia una reunión familiar cuando irrumpió la pesadilla. Fueron detenidos de manera ilegal por policías bonaerenses en la vía pública y torturados con salvajismo en la Comisaría Primera de Florencio Varela. Los habían agarrado al voleo como sospechosos de un incidente que los enamorados desconocían.

Andrea quedó en coma por las lesiones y expiró el 22 de mayo. Gustavo pudo sobreponerse y se convirtió en la voz clave de la tragedia. Cinco juicios sucesivos dejaron como saldo dos condenas a cadena perpetua. Marta Jorgelina Oviedo cumple prisión domiciliaria por supuestas dificultades de salud. Marcelo Miguel Aquino se aloja en una cárcel común. Varios agentes merecieron penas menores. Uno es Rafael Ominelli, subcomisario, sobre quien rige pedido de captura internacional.

Eugenia Vázquez, hermana mayor de la asesinada, relata en esta nota la metamorfosis que vivió desde que salió a buscar justicia. La ciudadana común se convirtió en defensora de víctimas de todo el país. Sin olvidar las cuentas pendientes del caso de Andrea. Como la muerte extraña de dos testigos presos en la misma comisaría. Uno es de apellido Romero, alias el Manchado. Supuestamente se enfermó de manera fatal. Otro es Jorge Galván Plaza, que apareció con un balazo en la sien.

"Hace unos días hemos tenido una audiencia donde hemos estado presentes ambas partes; ha sido impuesto por la fiscalía de Santiago del Estero un recurso de alzada y de casación para que el juicio se reabra por la cantidad de irregularidades que hay y para que cambie la carátula del expediente; hemos sufrido amenazas de parte de las familias de los imputados, amenazas de muerte; nosotros vamos a seguir peleando, porque este caso no puede quedar impune; aquí hay un asesinato y aquí hay dos asesinos en Santiago del Estero, dos asesinos que están sueltos y siguen haciendo lo que quieren".

Román Darío Paz González tenía 29 años, era papá de una niña y trabajaba en un maxikiosco de la ciudad de Santiago del Estero. La madrugada del 8 de junio de 2019, mientras cerraba el local, salió en defensa de un joven trapito o cuidacoche atacado por dos rugbiers. Los forajidos se volvieron en su contra, lo derribaron a trompadas, siguieron golpeándolo en el piso y huyeron en el auto de un cómplice. Le destrozaron el cráneo, el tórax y los riñones. Agonizó hasta el 15 de agosto, cuando murió.

Un video registró el crimen. Son imágenes estremecedoras. Además hay varios testigos directos. Sin embargo, Edgar Moreno Piazzi y Facundo Jiménez, los agresores, permanecen libres. Un juicio abreviado, de carácter escandaloso, los declaró responsables de un delito menor, homicidio preterintencional o involuntario, con un castigo de tres años de cárcel en suspenso. Jueces, fiscales y abogados acordaron el proceso a escondidas del entorno del fallecido, en una traición moral y jurídica.

A tres años del drama, Yohana Guzmán, la prima de Román, narra en el testimonio de esta nota los pormenores de la pesadilla que viven ella y los demás miembros de la familia. Denuncia que han sido amenazados de muerte. Su pedido coincide con la reciente condena de los asesinos de Fernando Báez Sosa, el estudiante de 18 años muerto en circunstancias similares en Villa Gesell el 18 de enero de 2020. Algunos meses después de que fuera liquidado el valiente kiosquero santiagueño.

"Tantos años esperando una novedad y recién en 2017 la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] declaró como admisible el expediente, le dio admisibilidad; por insistencia de parte de nosotros; ahí empezamos a notar que los abogados no sé qué problema habían tenido y no nos acompañaban como nosotros hubiéramos querido; tuvimos que seguir golpeando puertas y decir: cómo es esto; hicimos otros reclamos y pedimos explicaciones; volvemos al tema que había tocado anteriormente; no solo no se expide [la Comisión], porque la resolución figura como [planteo de] fondo, sino que tampoco tenemos un resultado positivo para cerrar la causa por Marcela".

El caso está cruzando todas las fronteras. Ellos suman 27 años pidiendo justicia por su única hija. Marcela Brenda Iglesias tenía seis cuando el 5 de febrero de 1996 fue aplastada fatalmente por una escultura de hierro de 270 kilos en los bosques de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. Lucía Acosta Ryan y Antonella Zazzarino, ambas de cinco, se salvaron de milagro. El monumento había sido puesto de forma ilícita y en condiciones de alto riesgo en una zona peatonal.

Diana Lowenstein y Danilo Danziger, guardadora y autor de la obra de arte, fueron imputados por homicidio y lesiones culposos. Tres miembros de la Policía Municipal fueron señalados por idénticos cargos más la omisión de sus deberes como agentes estatales: Héctor Torea, Fernando Antonio Mazzitelli y Juan Carlos Favale. Un cuarto funcionario, Marco Pasinato, habría cometido abuso de autoridad: firmó un permiso trucho para Panter. Misteriosamente, ninguno fue sentado en el banquillo.

Nora y Eduardo, los padres de la niña, relatan en el testimonio conmovedor de esta nota el terrorífico laberinto humano e institucional que recorren desde la tragedia. Tras ser ignorados una tras otra por todas las instancias del Estado argentino, esperan una respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos, que puede derivar el sumario al máximo escalón continental, la Corte con sede en San José de Costa Rica.

El matrimonio habló con motivo del 27 aniversario de la tragedia. Lo hizo en el Paseo Marcela Brenda Iglesias, bautismo del sitio del crimen establecido por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Suman 27 años pidiendo justicia por su única hija, que tenía seis cuando el 5 de febrero de 1996 fue aplastada fatalmente por una escultura de hierro de 270 kilos en los bosques de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. Lucía Acosta Ryan y Antonella Zazzarino, ambas de cinco, se salvaron de milagro. El monumento había sido puesto de forma ilícita y en condiciones de alto riesgo en una zona peatonal.

Diana Lowenstein y Danilo Danziger, guardadora y autor de la obra de arte, fueron imputados por homicidio y lesiones culposos. Tres miembros de la Policía Municipal fueron señalados por idénticos cargos más la omisión de sus deberes como agentes estatales: Héctor Torea, Fernando Antonio Mazzitelli y Juan Carlos Favale. Un cuarto funcionario, Marco Pasinato, habría cometido abuso de autoridad: firmó un permiso trucho para los usurpadores. Misteriosamente, ninguno fue sentado en el banquillo.

Tras ser ignorados una tras otra por todas las instancias del Estado argentino, los Iglesias esperan una respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos, que puede derivar el sumario al máximo escalón continental, la Corte con sede en San José de Costa Rica.

Los papás exponen prendas de ropa y peluches que pertenecieron a Marcela. Además, la pequeña tenía muchos juguetes que ellos, a pesar del dolor, decidieron donar tomando en cuenta el consejo de un sacerdote.

Suman 27 años pidiendo justicia por su única hija, que tenía seis cuando el 5 de febrero de 1996 fue aplastada fatalmente por una escultura de hierro de 270 kilos en los bosques de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. Lucía Acosta Ryan y Antonella Zazzarino, ambas de cinco, se salvaron de milagro. El monumento había sido puesto de forma ilícita y en condiciones de alto riesgo en una zona peatonal.

Diana Lowenstein y Danilo Danziger, guardadora y autor de la obra de arte, fueron imputados por homicidio y lesiones culposos. Tres miembros de la Policía Municipal fueron señalados por idénticos cargos más la omisión de sus deberes como agentes estatales: Héctor Torea, Fernando Antonio Mazzitelli y Juan Carlos Favale. Un cuarto funcionario, Marco Pasinato, habría cometido abuso de autoridad: firmó un permiso trucho para los usurpadores. Misteriosamente, ninguno fue sentado en el banquillo.

Tras ser ignorados una tras otra por todas las instancias del Estado argentino, los Iglesias esperan una respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos, que puede derivar el sumario al máximo escalón continental, la Corte con sede en San José de Costa Rica.

La niña fue estrella de infinidad de retratos desde su nacimiento y antes también. Nora y Eduardo nos invitan a contemplar esas imágenes encantadoras. Además hay un par de fotos del casamiento de ambos.

Suman 27 años pidiendo justicia por su única hija, que tenía seis cuando el 5 de febrero de 1996 fue aplastada fatalmente por una escultura de hierro de 270 kilos en los bosques de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. Lucía Acosta Ryan y Antonella Zazzarino, ambas de cinco, se salvaron de milagro. El monumento había sido puesto de forma ilícita y en condiciones de alto riesgo en una zona peatonal.

Diana Lowenstein y Danilo Danziger, guardadora y autor de la obra de arte, fueron imputados por homicidio y lesiones culposos. Tres miembros de la Policía Municipal fueron señalados por idénticos cargos más la omisión de sus deberes como agentes estatales: Héctor Torea, Fernando Antonio Mazzitelli y Juan Carlos Favale. Un cuarto funcionario, Marco Pasinato, habría cometido abuso de autoridad: firmó un permiso trucho para los usurpadores. Misteriosamente, ninguno fue sentado en el banquillo.

Tras ser ignorados una tras otra por todas las instancias del Estado argentino, los Iglesias esperan una respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos, que puede derivar el sumario al máximo escalón continental, la Corte con sede en San José de Costa Rica.

Los padres conservan una colección de fotos en un estandarte realizado a los 20 años del drama. Muchas fueron tomadas en el Paseo Marcela Brenda Iglesias. Es una síntesis eficaz de la batalla que siguen dando.

Suman 27 años pidiendo justicia por su única hija, que tenía seis cuando el 5 de febrero de 1996 fue aplastada fatalmente por una escultura de hierro de 270 kilos en los bosques de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. Lucía Acosta Ryan y Antonella Zazzarino, ambas de cinco, se salvaron de milagro. El monumento había sido puesto de forma ilícita y en condiciones de alto riesgo en una zona peatonal.

Diana Lowenstein y Danilo Danziger, guardadora y autor de la obra de arte, fueron imputados por homicidio y lesiones culposos. Tres miembros de la Policía Municipal fueron señalados por idénticos cargos más la omisión de sus deberes como agentes estatales: Héctor Torea, Fernando Antonio Mazzitelli y Juan Carlos Favale. Un cuarto funcionario, Marco Pasinato, habría cometido abuso de autoridad: firmó un permiso trucho para los usurpadores. Misteriosamente, ninguno fue sentado en el banquillo.

Tras ser ignorados una tras otra por todas las instancias del Estado argentino, los Iglesias esperan una respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos, que puede derivar el sumario al máximo escalón continental, la Corte con sede en San José de Costa Rica.

"Acá, en Mendoza, todo el mundo sabe qué es una estrella amarilla, qué significa, qué sentido tiene y cómo se multiplicó; podemos llegar a hacer algo por esa familia que se encuentra totalmente golpeada por el shock antinatural de un hecho de tránsito; descubrimos la impunidad que tienen algunos sectores de mayor capacidad económica para pagar una fianza; cuando el exgobernador impulsó el endurecimiento de penas y también altas multas en la provincia, nosotros no estuvimos de acuerdo, porque ese refuerzo de castigos no había sido trabajado correctamente: según la zona, el vehículo, el poder adquisitivo; hoy se comete una falta grave y le retienen el vehículo a una persona que no tiene manera de pagar la multa y pierde el coche, que tal vez es su instrumento de trabajo".

Carina Quevedo es autora de la primera estrella amarilla de la provincia de Mendoza. La plasmó en memoria de su hijo Juan Ignacio Mayore, que tenía 17 años cuando el 18 de octubre de 2017 perdió la vida en un hecho vial. El joven venía de acompañante en un auto que manejaba un amigo. El coche salió de control en una curva muy cerrada e impactó dos pivotes de hierro. Uno de los hitos metálicos se incrustó donde Juani estaba sentado. Falleció en el acto.

Ella es en la actualidad presidenta del grupo Estrellas Amarillas Mendoza, una de las entidades ciudadanas más activas e influyentes del distrito. Junto a los demás miembros realiza unas 20 nuevas pintadas por mes. Suman aproximadamente 1200 en todo el territorio provincial. Denuncian que el Estado permanece ausente. Reclaman, por ejemplo, un programa de asistencia a la víctima. También que el sistema educativo incorpore contenidos y medidas concretos.

Carina confiesa en el testimonio conmovedor de esta nota que ha vivido un torbellino de sucesos inexplicables y antinaturales. Ella y el padre de sus hijos, Leonardo, tuvieron cuatro varones y dos nenas. A Juan Ignacio, el mayor, lo siguen Agostina, Melisa, Nahuel, Luciano y Diego. Hasta la tragedia fue una madre y ama de casa de tiempo completo. Impulsada por el dolor, se ha convertido en una activista civil incansable. Uno de los desafíos más urgentes es la Ley de Alcohol Cero al Volante.