testimonios

Evangelina Quiroga Alfaro tenía siete años cuando el 12 de febrero de 2021 murió atropellada por un automóvil VW Gol Trend excedido de velocidad en el barrio San Martín de la ciudad de Mendoza. La niña iba de la mano con Nancy, la abuela, hacia el trabajo de Lorena, la mamá. La mujer se salvó de manera milagrosa. El conductor, Jonathan Cerón, alias Chucky o El Morocha, huyó del lugar. Las autoridades lo declararon prófugo y la familia de la víctima salió a reclamar su detención.

El criminal se entregó al cabo de cinco días como consecuencia de la trascendencia pública del caso. Durante el juicio, fue examinado por homicidio culposo agravado por el hecho de que se escapó, figura que prevé una pena de tres a seis años de cárcel. El tribunal le aplicó el máximo de ese castigo más una década de inhabilitación para manejar. Los Quiroga Alfaro continúan reclamando que lo sancionen por asesinato simple con dolo eventual, con un escarmiento de ocho a 25 años.

Los padres de Eva, como llaman a la niña, son personas sencillas que perdieron a su única hija. La tragedia los dejó destrozados, vacíos, atónitos. Habían asumido el nacimiento de la pequeña como un portento, porque los médicos habían diagnosticado que nunca podrían tener descendencia. Para mantener la memoria de la damnificada, pintaron una estrella amarilla e hicieron una gruta en el sitio. Esta tiene un monolito cubierto de azulejos y coronado por una casita de cristal con flores y muñecas.

"Muchas veces a nosotros nos duele y nos preguntamos por qué la gente no empatiza, no ayuda; no tan solo en el caso mío, porque también vivo en carne los propia los de los demás desaparecidos, sean de Mendoza o de otras provincias; a raíz de todo esto, de lo que pasa con mi mamá, con mi pareja creamos una página de Facebook que se llama Hijos del Dolor; el fin es poder ayudar a otras personas que están en la misma situación; nos escriben familias de otras provincias pidiéndonos asistencia; hubo dos casos en los que pudimos colaborar; uno fue con mucha alegría; otro fue con una noticia trágica, pero esa madre, que es de Santa Fe, pudo saber qué pasó con su hijo".

Viviana Liz Luna, madre y ama de casa de 45 años, vecina de Potrerillos, departamento de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, estaba buscando trabajo como consecuencia de la separación entre ella y el padre de los hijos de ambos. El 7 de diciembre de 2016 uno de los chicos la llevó en auto a un emprendimiento turístico, un complejo de cabañas, donde la mujer había pactado una entrevista laboral. El dueño del sitio declarará luego que la cita se realizó y ella se marchó normalmente.

Al parecer, a continuación se dirigía a la casa de una amiga. La vieron ingresar a un quiosco de la zona. Es lo último que se sabe. Desde entonces permanece desaparecida. Claudia Ríos, fiscal de homicidios, ha encabezado sin éxito varias búsquedas que incluyeron zonas montañosas. Los hijos de la buscada decidieron incorporar a Marcos Herrero, un detective privado rionegrino especializado en rastreos con perros. La intervención terminó con el investigador procesado.

El Ministerio de Seguridad mendocino ofrece 700 mil pesos de recompensa por datos. Los testigos deben comunicarse con la Dirección de Investigaciones (0800222-7627 / 0261 4497138) o a la Unidad de Homicidios (4416907 / 4493412) o bien al 911. Ella medía 1.70 metros de estatura, pesaba entre 55 y 60 kilos, ostentaba cabello corto, rubio teñido, tez blanca y ojos color café. La última vez vestía un pantalón de jean negro, campera oscura y zapatillas blancas.

"Van a ser dos años que me dijeron que me la asesinaron, que cometieron femicidio con ella y a mi hija no la encuentro; la busco día a día, hago marchas, hago lo que tengo que hacer, no dejo que se olvide; pero la justicia hace ojos ciegos y oídos sordos al pedido de nosotras, de las madres, de las familias, que llevamos este dolor a cuestas en nuestro lomo y el alma desgarrada; tenemos destruida la vida; pero la justicia en Mendoza, en Argentina no existe; si nosotros salimos a la calle a hacer justicia por mano propia, como muchos pensamos, vamos presos nosotros a pagar una porquería a la cárcel".

El caso se desarrolla en un contexto de narcocriminalidad. Abigail Carniel, de 18 años, fue vista por última vez el 16 de abril de 2021 en el barrio Sargento Cabral, ciudad de Las Heras, provincia de Mendoza. Durante la investigación fueron detenidos tres presuntos responsables de la desaparición, pero todos quedaron en libertad. Vicente Cayetano Chumacero Martínez, alias Tito; Martín Ezequiel Márquez, apodado Chupete o Chupetín; y Claudio Armando Díaz, llamado Fido.

Verónica, la mamá de la chica, cuenta en el testimonio crudo de esta nota la experiencia del ciudadano común frente a la violencia. Ha movido cielo y tierra, infructuosamente, para obtener indicios del paradero de su retoño. Expresa bronca porque la Justicia y la Policía desde su punto de vista hacen la vista gorda, ni siquiera están buscando. Es testigo de que los funcionarios permanecen cómodamente en sus escritorios mientras el tiempo pasa de forma inexorable.

La desaparecida mide 1,70 metros de estatura; tiene cabello de color negro ondulado hasta la cintura, tez blanca, contextura robusta y ojos color café. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información. Los teléfonos de contacto son las líneas gratuitas: 08002227627, (0261) 3857138 y 911. También se puede hablarse con la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional: (0261) 4416907 / 4495631.

"Empezó el pedido de justicia que llevamos haciendo desde hace dos años y nueve meses; el juez [Jorge Osvaldo] Pinto, que tiene el expediente, había caratulado que era un suicidio; cuando nombramos a nuestros abogados es [aplicado el cambio de concepto por] averiguación de muerte; a dos años y nueve meses, seguimos con ese rótulo, cuando ya se comprobó que la mataron a golpes y después la estrangularon; nosotros desde el momento cero dijimos: ella no se suicidó; pedimos insistentemente la autopsia; a todo esto, no olvidemos que seguíamos en pandemia; o sea que la causa de mi hermana fue cuesta arriba en terrible montaña con un camión pinchado y 200 chanchos encima".

El crimen ocurrió el 5 de abril de 2020. Florencia Magalí Morales tenía 39 años, dos hijos y una nieta, y era empleada de un hotel, cuando apareció muerta en un calabozo de la comisaría 25 de la ciudad de Santa Rosa de Conlara, en la provincia de San Luis. Los policías ofrecieron un argumento absurdo, que se había suicidado con el cordón del buzo tras ser detenida por violar la cuarentena. La autopsia demostró algo muy diferente: que fue golpeada de manera salvaje y estrangulada.

Testigos permitieron establecer que los uniformados presentes en la escena del hecho serían al menos 13, incluido el comisario Heraldo Clavero. La fuerza calculó menos de la mitad de esa cifra. La cuestión se volvió una de las controversias fundamentales del expediente. Mientras tanto, los supuestos implicados continuaron trabajando como si nada hubiera ocurrido. Después de infinidad de idas y vueltas, en noviembre de 2022 el gobierno provincial echó a siete agentes por decreto. 

La familia de la víctima considera que el juez Jorge Osvaldo Pinto, el fiscal Roberto Silvestre y el defensor oficial José Francisco Pérez son cómplices, pues han obstaculizado el desarrollo normal del sumario. Para empezar, únicamente analizaron delitos menores. El caso pasó a la Cámara Penal, que incorporó la figura de tortura seguida de muerte. A casi tres años de la tragedia, la mayor expectativa es un juicio que establezca la verdad y castigue a los responsables.

"Espero que este año 2023 se haga justicia por mi hijo Andrés, el se lo merece; quiero que descanse en paz y para nosotros, sus familiares, un poquito más de alivio en nuestro corazón; Andy era un ejemplo de persona, este 22 de enero hubiera cumplido 29 años y no lo va a poder festejar con sus amigos, con su familia, con sus seres queridos; lo que pedimos es que se haga justicia y que los asesinos Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez vayan presos, cadena perpetua; ellos nos tienen que cuidar y proteger y velar por nosotros, para eso los preparan, no para matar a la gente; exijo justicia por Andrés García Campoy".

Andrés García Campoy tenía 20 años y cursaba la Licenciatura en Seguridad e Higiene Industrial en la Universidad del Aconcagua, Mendoza. Era originario de la ciudad de San Luis. El 13 de junio de 2014 conducía un automotor por la Ruta 7, en la localidad de Luján de Cuyo, cuando fue detenido en un control vial de la Gendarmería a cargo de Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez. Horas después, misteriosamente, el estudiante aparecerá con un balazo en la nuca.

A pesar de los numerosos y flagrantes obstáculos de la investigación, el Ministerio Público Fiscal imputó a los dos agentes por homicidio agravado debido a la participación de una fuerza pública. La causa pasó a manos del juez federal Walter Bento, que de inmediato anuló el procesamiento de los sospechosos por supuesta falta de mérito. Ambos continúan en la institución. Cruz se desempeña en Campo de Mayo, Gran Buenos Aires, y Velázquez en Jesús María, Córdoba.

Después ocurrió algo asombroso. Bento fue acusado de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas millonarias a cambio de beneficiar a detenidos por narcotráfico. En medio del escándalo, el expediente de Andrés fue transferido a otro magistrado, Pablo Quirós, con el desafío de reactivarlo. Mónica Campoy, mamá de la víctima, baraja en el testimonio de esta nota la hipótesis de que su hijo vio o escuchó algo comprometedor y decidieron silenciarlo. Pide cadena perpetua.

"Estamos en la gruta que le armé a mi hijo apenas lo dejaron tirado acá; viene mucha gente a visitarlo; lo mataron en la Comisaría Quinta y lo trajeron acá para decir que el se mató solo; el que le puso el cordón le puso mal, según los peritos de Córdoba que vieron, que vieron las fotos; pero como el Gobernador había traído otro perito, obviamente el que el trajo, ese decía la verdad; todos sabemos quién es el asesino de mi hijo; también estaba un travesti [como testigo clave del caso], después lo mataron al chico; todo se tapa; y el asesino era custodio del juez que tenía la causa, así que nunca hicieron nada; nunca, nunca".

Todo comenzó con un incidente menor, el choque involuntario de un vehículo estacionado perteneciente a un expolicía. Hugo Peña, de 18 años, quiso disculparse y terminó muerto por agentes de la Comisaría Quinta de la ciudad de La Rioja. Sucedió el 16 de mayo de 1998. La víctima fue apresada de forma ilegal. Lo dieron una paliza, lo estrangularon y lo liquidaron de un golpe en la cabeza. La evidencia incrimina a Walter Orlando Granillo. También a otro uniformado de apellido López.

El cuerpo fue hallado por un vecino en un baldío. La puesta en escena que encontró el lugareño es terrorífica e inverosímil. El fallecido estaba sentado en el terreno junto a su coche, con la espalda contra la puerta del acompañante. Su cuello colgaba de un cordón de zapatilla atado al pasamanos del auto. Otros testigos clave son un preso y un policía arrepentido. El primero, una persona trans, recibió amenazas durante años y un día apareció atrozmente asesinado a golpes.

A pesar de que Mirta Herrera, mamá de Hugo, y el resto de los deudos movieron cielo y tierra para pedir verdad y justicia, el expediente fue cerrado con la carátula de suicidio. Nunca hubo un detenido. La mujer pertenece a las Madres en Lucha contra la Impunidad. Carolina, una hermana del damnificado, creó una página de Facebook que se llama Caso Hugo Peña La Rioja Argentina. La esperanza de la familia, decidida a seguir luchando, es que la causa se traslade al fuero federal.

"Ya van a ser tres años, pero para mí es como si hubiese sido ayer lo que pasó; no me resigno a haberla perdido, porque la niñita era lo único que yo tenía; poseo más hijos, pero ella era mi compañera; es más, ella se había comprado los útiles el día viernes y el lunes empezaban las clases; así que todavía tengo los lápices, todo lo que ella se eligió; la cartucherita que había dejado reservada, la retiré y la tiene en el cementerio; odio a las personas que salen alcoholizadas a la calle; cada vez que me entero de que hay un asesino en la calle, el dolor que siento... me embarga una pena muy grande; esto me está enloqueciendo, no quiero que nadie pase por lo que yo pasé; nadie, nadie; es muy triste y doloroso; amo a mi hija, la extraño".

Es una tragedia vial que seguirá estremeciendo la provincia de San Juan. Ocurrió el 28 de febrero de 2020 en la localidad de Pocitos. Dos vecinitas, Ailén Páez y Julieta Farías, ambas de 11 años, iban caminando hacia un corso a cuadras de donde vivían. Mientras cruzaban la calle Mendoza, de pronto apareció un Peugeot 404 excedido de velocidad. Las embistió de lleno. La primera quedó allí y a la otra fue arrastrada más de 200 metros sobre el capó. Ambas murieron en el momento.

Sergio Eduardo Arenas, el conductor, en vez de parar, huyó con Julieta arriba hasta que pegó el volantazo en una esquina y la pequeña cayó al asfalto. El hombre se encontraba con el doble de alcohol en sangre que lo permitido. Además, tenía la licencia vencida y su automóvil carecía de la Revisión Técnica Obligatoria. Sin embargo, fue condenado a solo cuatro años y seis meses de cárcel más nueve de inhabilitación para manejar. Una pena leve tomando en cuenta las circunstancias.

Los tribunales sanjuaninos están en grave deuda con las familias de las víctimas, que se enteraron del veredicto a través de la prensa, porque nunca fueron notificados. El proceso se realizó a puertas cerradas. Susana Méndez, mamá de Aylén, junto a Roberto, la pareja, prestan su voz en el testimonio conmocionante de esta nota. Tienen el respaldo de la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza, fundada por Guillermo y Lorena, padres de Lautaro Chirino, otra presa de la violencia vial.

"Era una persona muy alegre, se extraña bastante; vivía con mi papá, era el que siempre estaba para todos, el que siempre se mantenía divertido; el 30 de octubre de 2022, este hombre alcoholizado al volante nos cambió la vida; gracias a Dios se hizo justicia; nosotros esperábamos mucho más tiempo de cárcel; pero bueno, por lo menos tres años y cuatro meses va a estar este hombre Sergio Benegas en prisión; hicimos marchas, estuvimos en la puerta del juzgado, eso fue lo que incentivó al juez a tomar la decisión de que por lo menos vaya preso y no siga libre, como en la mayoría de los casos de siniestros viales".

Sergio Raúl Benegas manejaba con arriba de cinco veces más de alcohol en sangre que lo permitido. Le midieron 2,67 gramos por litro, cuando el límite para automovilistas es 0,5. En esas condiciones marchaba el 30 de octubre de 2022 en la localidad de Rawson, provincia de San Juan, cuando su Renault Sandero embistió a Alberto Ahumada, que murió de manera instantánea. La víctima circulaba como peatón con su moto a la par, que tenía una pinchadura, y junto a su mujer. 

Luego de una batalla intensa para demostrar la verdad de lo ocurrido, la familia del atropellado logró sentar a Benegas en el banquillo. Las pruebas incontrastables del caso permitieron que los tribunales lo mandaron a la cárcel como responsable de homicidio culposo agravado por el exceso de alcohol en sangre. Recibió tres años y cuatro meses de encierro más la inhabilitación para conducir por siete años, pena leve tomando en cuenta las circunstancias de la tragedia.

Alberto Ahumada tenía 49 años y era papá de cuatro hijos. Se ganaba la vida como albañil. Sus seres queridos le decían Negro o Beto. Analía, Érika y Facundo, hermanas y sobrino del damnificado, relatan en el testimonio de esta nota el calvario inenarrable que vivieron como consecuencia del drama. Cuentan con el respaldo de la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza, fundada por Guillermo y Lorena, padres de Lautaro Chirino, otra presa de la violencia vial.

"Romi era una hija ejemplar, estudiosa, luchadora, con un corazón tan grande; ella todos los días que se iba al colegio, todavía quedan vecinas que recuerdan que se iba temprano y les golpeaba la puerta o la ventana y les decía: dense una vueltita por lo de mi mamá, que yo me voy a la escuela; había señoras grandes que vivían solas, había una que estaba en silla de ruedas y ella se encargaba de hacerles las compras a todas ellas; a veces les ayudaba a cocinar; era eso, una gran niña, con ese corazón enorme, una gran hija; con la corta edad que tenía iba a trabajar a un negocio; manejaba la computadora como nadie; los fines de semana preparaba alumnas, chicas del colegio".

Van a cumplir 18 años esperando una respuesta. A esta altura solo confían en la justicia divina. La tragedia ocurrió en la localidad de Media Agua, provincia de San Juan. El 26 de marzo de 2005, Romina Chirino, de 16 años, salió a bailar junto a su hermano Raúl para festejar el cumpleaños de una amiga. Cerca de las cuatro de la madrugada, al salir del boliche, un motociclista la atropelló. Al día siguiente murió como consecuencias de las heridas terribles provocadas por el impacto.

El responsable del drama, Ricardo Gómez, alias Piri, se encontraba en estado de ebriedad y la embistió al intentar manosearla. El hombre nunca estuvo detenido. Los tribunales sanjuaninos consideraron que cometió homicidio culposo. Fue condenado a tres años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para conducir. Sin embargo, siguió manejando e incluso años después embistió a otra persona que estuvo grave. Esta segunda víctima es un hombre viudo y padre de seis hijos.

Clara y Raúl Chirino, los padres de Romina, narran en el testimonio desgarrador de esta nota la experiencia dolorosa que han vivido a los largo de casi dos décadas. Tuvieron que mudarse a otra zona para evitar el contacto con el asesino de su hija, que jamás se hizo cargo de lo que hizo. Además, intentó invertir la prueba. Cuentan con el respaldo de la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza, fundada por Guillermo y Lorena, padres de Lautaro, otro damnificado vial de apellido Chirino.

Es director de Tránsito y Planeamiento de Movilidad de la provincia de San Juan. Promueve la concientización vial dentro de la Campaña de Verano en clubes sociales y deportivos. Esta se desarrolla en el marco del Plan de Conducción Segura, con la presencia de la Asociación Civil Familias del Dolor y la Esperanza.

"Estamos en este momento en el evento de concientización vial que se realiza en la Campaña de Verano en clubes sociales y deportivos de la provincia, en el marco del Plan de Conducción Segura. Este emprendimiento se organizó a partir de diversos estudios que mostraban que en el distrito la mayoría de los siniestros viales son consecuencia de un problema de conducta asociado a distintos factores como la velocidad, el consumo de alcohol al volante, la utilización del teléfono celular, el mal uso o el no uso del casco, problemas que hemos detectado en relación al cinturón de seguridad... En fin, cuestiones que vale la pena poner en consideración de todos los que asisten, las familias que se acercan a distintos clubes en esta época, que suelen ser muy numerosos en los más importantes de la provincia. Y llegar con un mensaje de concientización, con la expectativa de que obviamente en San Juan se transite con una mejor convivencia y una mayor conciencia al volante."

"Los niños son una parte muy importante en la composición del mensaje. Se intenta llegar a la familia a través de distintos formatos de manera simultánea. Sabemos que los chicos se divierten mucho en el club. Acercamos una pista vial, pero de repente esa superficie deja de ser un lugar de diversión para convertirse en un lugar de reflexión. También hacemos algún ejercicio simulando un siniestro, mostramos las reglas de tránsito y la importancia de cumplirlas... Y en esa transmisión del mensaje, lo que vemos a menudo es que la mamá, el papá se acercan y de alguna manera comparten la transmisión del concepto. Por eso buscamos que sean parte del compromiso que van asumiendo durante toda la jornada."

"Nosotros vemos que esta campaña llega sin mediaciones al ciudadano sanjuanino. Hay muchas acciones que se van desarrollando a través de instituciones intermedias: asociaciones civiles, municipios. En este caso es la Secretaría de Gobierno del el Ministerio de Tránsito y Transporte llegando a las familias, las mesas de todos los que están en los clubes. De repente se instala un mensaje de concientización. Muchas veces la gente de hecho llega en moto a los distintos clubes. Hacemos algunos ejercicios que tienen que ver con el casco. Hay una locutora que va durante la jornada dialogando, siempre obviamente intentando que el mensaje fluya en ese contexto de esparcimiento que busca tener la familia cuando viene al club por supuesto, pero que efectivamente llegue y que la gente se vaya con algo a su casa."