Donald Trump ordenó de forma espontánea designar a los grupos antifascistas extranjeros como organizaciones terroristas internacionales, una decisión tomada tras recibir advertencias de sus asesores sobre la presencia y financiación de estos colectivos en Europa, especialmente en España. Esta medida marca un precedente en la política antiterrorista estadounidense.

La decisión se basó directamente en la sugerencia de una serie de asesores que durante una mesa redonda le advirtieron sobre las actividades de estos movimientos violentos en territorio europeo. España fue específicamente mencionada como país donde estos grupos mantienen una presencia significativa y reciben financiación para sus actividades.

De hecho, en esta reunión participaba el periodista Jack Posobiec, cercano al entorno trumpista, que señaló a España como origen histórico del antifascismo contemporáneo. Posobiec reconoció públicamente que mantiene contacto directo con Vox y con Santiago Abascal para conocer más de cerca estos movimientos violentos y su operativa en territorio español.

La orden ejecutiva firmada posteriormente por Trump describe al movimiento "antifa" como una organización anarquista y militarista que promueve activamente la violencia contra el Estado y sus instituciones. Esta caracterización legal tiene consecuencias inmediatas para sus miembros y simpatizantes en Estados Unidos.

La designación como organización terrorista supone que en Estados Unidos tendrán sanciones legales y diplomáticas todos aquellos individuos, grupos u organizaciones que se identifiquen con el movimiento "antifa". Esto incluye restricciones de viaje, congelación de activos financieros y posibles procesamientos judiciales bajo leyes antiterroristas.