Los trabajadores de la textilera “Apple Tree”, ubicada en la zona franca de San Marcos al sur de la capital salvadoreña, lograron establecer una mesa de diálogo con la patronal, representantes del Ministerio de Trabajo y el sector de los operarios de la maquila.

Según dijo a YSUCA Saúl Luna, secretario general de la seccional del Sindicato de la Industria Textil Similares y Conexos de El Salvador, el jueves de esta semana los patronos anunciaron que a partir de este año la indemnización que se les paga en febrero se les reduciría en un 10 por ciento.

Luna dijo que ese pago de indemnización fue un acuerdo logrado en el 2008, el cual les otorgaba un bono de 70% de su salario base. Sin embargo, con el anuncio de reducir esta prestación sólo recibirán el 60%, esto obligó a impulsar una huelga en la maquila “Apple Tree”.

El representante sindical dijo a YSUCA que la huelga ha sido levantada mientras duren las negociaciones.

Representantes de ADESCO de “11 comunidades” del cantón El Limón, en el municipio de Soyapango, denunciaron la contaminación por aguas residuales sin tratamiento, que provienen de Unicentro, Plaza Venecia, y Vidrí, entre otros comercios de la zona.

Las comunidades señalan que el desagüe está afectando a las comunidades y la salud humana, pues no se cuenta con drenajes y tratamiento de las aguas residuales.

El mismo desagüe ha provocado más daños en una cárcava que se ubica en la zona, explicaron los habitantes del lugar, quienes aseguran que han hecho, en reiteradas ocasiones, el llamado al presidente de la República, al Ministerio de Obras Públicas, MOP y a la Alcaldía de Soyapango, para que les ayuden a resolver la problemática.

Salvadoreños radicados en los Estados Unidos emitieron un comunicado, en el que piden la liberación de las personas capturadas de manera arbitraria durante el régimen de excepción, según sus familiares.

La luchadora social, Consuelo Gómez se presentó a la Embajada Salvadoreña en Washington D. C., en Estados Unidos, junto con el Comité de Salvadoreños en el Exterior, para leer un comunicado dirigido al presidente Bukele exigiendo libertad para los inocentes.

Los presupuestos para el voto nacional y para el voto en el extranjero suman $129,317,170.00 que serán administrados por el TSE y ajustados a las necesidades de un presupuesto que la magistrada presidenta califica como complejo.

Ruth Eleonora López, jefa anticorrupción y justicia de Cristosal, dice que el Ministerio de Hacienda vulnera la autonomía del TSE.

Señala que el Artículo 42 y 274 del Código Electoral reconoce la autonomía financiera al TSE y la elaboración de presupuestos extraordinarios.

El Presupuesto general para las elecciones nacionales de 2024, es de $70.2 millones, de un total de $89 millones solicitados. El presupuesto contempla una reducción de unos $20 millones.

Para el voto en el exterior se han destinado $59 millones y el TSE solicitó $70.7 millones, un 10% menos de lo solicitado.  

La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez, manifiesta que hasta este jueves conoció la asignación del Ministerio de Hacienda para las elecciones 2024; también dice que deberán ajustar cifras para no afectar el desarrollo de las mismas.

El régimen de excepción cumplirá un año el próximo 28 de marzo y el gobierno salvadoreño lo ha prorrogado desde hace meses como medida de seguridad pública.

Reyes afirmó que el delito de la extorsión no ha sido aún eliminado y dice que en algunos de los municipios, las familias salvadoreñas siguen pagando dicho flagelo ante la presión y temor que estos pequeños grupos de pandillas siguen ejerciendo en algunos municipios.

De acuerdo con Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil, a pesar del régimen de excepción, persisten minúsculos grupos de pandillas en algunos municipios de San Salvador y en el interior del país.

Reyes reconoció que muchas de las estructuras de las pandillas fueron desarticuladas. Sin embargo, pequeños grupos que colaboraban con estos grupos están sueltos “y podrían estar articulándose nuevamente en algunas zonas”, explicó.

En cuanto al señalamiento, el magistrado Rogel dijo a otro medio de comunicación que no aceptaba ser separado del proceso, ya que la Fiscalía no ha comprobado los señalamientos.

Según Peter Natarén, de la Comunidad Santa Marta, la Fiscalía busca mediante un proceso “oscuro” colocar a un magistrado que mantenga el interés de la Fiscalía. Exigen a la Sala rechazar la petición de recusación de la Fiscalía y que la Cámara resuelva sin ninguna presión o injerencia.

La comunidad de Santa Marta y la Asociación de Desarrollo Económico Social, ADES, mostraron su rechazo a la petición que la Fiscalía General de la República, FGR, hizo a la Sala de lo Penal para recusar al  magistrado de la Cámara de Segunda Instancia de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, Martín Rogel Zepeda, en el caso de la captura de los 5 líderes comunitarios y directivos de ADES.

La Fiscalía “sospecha” que el magistrado es pariente de la exdiputada del FMLN  Iliana Rogel Cruz y que podría haber conflicto de interés con algunos de los imputados, quienes pertenecieron a uno de los grupos de la exguerrilla del FMLN. Sin embargo, la exfuncionaria no está ligada al proceso.

De acuerdo con la comunidad, la petición fiscal bajo “sospechas” intenta dilatar el proceso de los cinco líderes. Esto, para impedir la petición de apelación de las medidas alternas a la detención, que ha solicitado la defensa de los líderes comunitarios, explicó Alfredo Leiva, de ADES Santa Marta.

Comerciantes informales entrevistados, en diversos puntos de San Salvador, dicen que para abastecerse de huevos deben invertir más dinero y para obtener ganancia deben subir el precio. Esa situación afecta a la clientela, porque la gente compra menos y como consecuencia los comerciantes tienen menor ganancia.