El economista de la UCA René Hernández dijo que con las finanzas del país, aunque de momento muestran sostenibilidad fiscal, pronto se deberá hacer un ajuste serio para poder seguir pagando su deuda.

Hernández explicó que no hay un escenario de impago por ahora, ya que se ha hecho frente a los compromisos crediticios. Sin embargo, a corto plazo es urgente reestructurar las finanzas para evitar caer en un impago.

Jesús  López, coordinador del programa “Sin Bicicleta No hay Planeta” del CESTA manifiesta que el uso de la bicicleta es de suma importancia, porque no contamina, promueve la diversión  y es saludable para quienes lo practican. Además, haciendo uso a gran escala, se reduciría la contaminación.

López, sin embargo, dice que muchos sectores lo ven como un obstáculo. Por esta razón, es importante reconocer su utilidad y hacer espacios para estas.

Los ciclistas de Santa Tecla manifiestan que el uso de la bicicleta es de suma utilidad para desplazarse en distancias cortas, pero en la actualidad sufren riesgo de ser arrollados por automovilistas porque en el centro de la ciudad la obstrucción es constante.

Otro de los ciclistas señala que a esto se suma la imprudencia de algunos automovilistas.

La ciclovía ubicada sobre la calle Daniel Hernández y la segunda avenida sur, de Santa Tecla, está obstruida por vehículos y comerciantes ambulantes. Esto obliga a los ciclistas a desplazarse en los carriles donde circulan vehículos, exponiéndose a ser arrollados. Así lo verificó YSUCA, al hacer un recorrido por la zona.

Uno de los ciclistas manifestó que la ciclovía que está frente al parque Daniel Hernández constantemente es obstruida por comerciantes informales, pero la que está ubicada sobre el Paseo el Carmen fue eliminada totalmente, a pesar de la gran cantidad de ciclistas que hacían uso de ella.

El exviceministro de políticas de Salud e integrante de ALAMES El Salvador, Eduardo Espinoza, aseguró que El Salvador presenta retrocesos en materia de salud pública con el desmantelamiento del proceso de  reforma al sistema de Salud.

Espinoza manifestó que el desmantelamiento de la reforma comenzó previo a la pandemia de la covid-19. Señala que la reforma generó todo un sistema de políticas de salud. Sin embargo, con la actual administración de gobierno  se desmanteló todo un sistema de protección social.

Con 65 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la Ley General de Recursos Hídricos, en diciembre de 2021, y entró en vigencia seis meses después.

Las Juntas Comunitarias de Agua brindan el servicio del líquido a familias de escasos recursos en zonas donde la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, nunca ha dado cobertura.

Rodolfo Calles, integrante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, manifiesta que hay alrededor de 2,500 Juntas de Agua Comunitaria y, de éstas, no todas están en buenas condiciones económicas.

Según Calles, dada la difícil situación que enfrenta, no todas están en condiciones de cumplir la totalidad de requisitos que les están imponiendo, razón por la que se necesita que la Autoridad Salvadoreña del Agua facilite la formación técnica administrativa, y así poder cumplir con todos los requisitos que establece la Ley y el Reglamento.

Las Juntas de Agua Comunitarias sufren afectaciones, a un año de aprobada la Ley General de Recursos Hídricos. Así lo informa Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.

El presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), Jorge Antonio Castaneda, publicó a finales del año pasado que la Juntas de Agua Comunitaria no pagarían canon por el uso del agua, pero para acceder a este beneficio deben inscribirse y cumplir una serie de requisitos.

Amalia López señala que es importante no pagar el canon para las Juntas de Agua Comunitarias, pero éstas tienen más restricciones con respecto a los industriales.

Héctor Carrillo, director de acceso a la justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, dijo que en las próximas semanas presentarán ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, 12 casos de personas desaparecidas.

Por su parte, Sandra Romero, integrante del bloque, denunció que los fiscales que llevan sus casos muchas veces no les responden e ignoran sus llamadas.

El Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas lamentó el silencio que guardan las instituciones del Estado con las familias de personas desaparecidas, quienes llevan meses exigiendo resultados en las investigaciones.

Eneida Abarca, del bloque, cuestionó a los integrantes del Gabinete de Justicia y Seguridad, quienes en su discurso aseguran que están coordinados y apoyando a las familias salvadoreñas. Sin embargo, hasta la fecha, de los casos que han presentado como bloque ante el Ministerio Público, no han obtenido respuesta en ninguno.