Nicaragua está dejando lecciones al mundo, dice el periodista Conde. Está poniendo en claro qué es lo que puede ocurrir en otras naciones como la salvadoreña, por ejemplo.

Los jóvenes salvadoreños deben formarse en principios y valores, para poder empoderarse de sus derechos y conocer cuando son violentados, ya que esas serán las armas para poder enfrentarse contra un poder dictatorial, enfatizó Marcelo Conde.

Los fondos para la construcción del hospital, $170 millones, provienen de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. De este dinero, fueron destinados $80 millones para el Hospital Rosales y $27 millones para un hospital en la zona norte.

Los fondos para la construcción de la nueva infraestructura del hospital Rosales fueron otorgados por el BID desde el año 2015 y fue hasta 2018, que la Asamblea Legislativa, en ese entonces, ratificó el préstamo. En 2019 el organismo financiero hizo el desembolso de los fondos.  

Hasta hace unas semanas en el terreno se ha comenzado a terracear el suelo. Camiones y volquetas ingresan al lugar con maquinaria pesada.

Algunos salvadoreños usuarios del Hospital Rosales desconocían que desde hace cuatro años se contaba con el dinero para la construcción de la nueva fase del Hospital Rosales. Lamentan que el gobierno haya tardado mucho tiempo en construirlo, habiendo tenido los recursos. No obstante esperan que la obra mejore las condiciones de los usuarios del hospital.

En septiembre de 2019, fue demolido el exhospital de Maternidad, ubicado al final de la calle Arce, frente a los hospitales Rosales y el hospital 1° de mayo del Seguro Social. Ahí se construiría una segunda área del Hospital Rosales, sin embargo, no se hizo.

Desde hace cuatro años la construcción del nuevo hospital Rosales quedó abandonada,  a pesar de contar con los fondos y el diseño. Según el ministro de Salud, Francisco Alabi, el retraso se debe al proceso de adjudicación de la obra.

El doctor Eduardo Espinoza, miembro de la Coordinación Continental de ALAMES El Salvador, explicó que el Ministerio de Salud anuló la licitación y encargó a la Dirección de Obras Municipales, DOM, la responsabilidad de hacer cambios al proyecto, dejando de lado todo el diseño y estudios que la administración del gobierno anterior había dejado para su construcción.

Los despedidos piden que los contraten de nuevo en el  ISP y que todos sean indemnizados por el tiempo trabajado. 

Además denuncian que han despedido a los empleados más antiguos, con mayor experiencia laboral y han dejado a las nuevas contrataciones. 

Desde el año pasado comenzaron a bajar el salario de los antiguos empleados y pagar salarios altos a  los nuevos contratados.

El viernes 24 de febrero unos 115 empleados, de un total de 280, del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, INPEP, fueron cesados de sus plazas, confirmaron algunos de los despedidos. 

Se rumoraba que había una lista de posibles despedidos, pero el presidente del INPEP, Nicolás Ascencio lo negó, dijo una trabajadora, quien habló con YSUCA en condición de anonimato. 

Sin embargo,  el viernes 24 de febrero al final del día, cuando se retiraba de su jornada laboral, fueron notificados de su despido. 

El día lunes 27 de febrero no dejaron ingresar a varios empleados. Los  vigilantes tenían una lista que indicaba quién podía ingresar a las instalaciones y quién no. 

“Han jugado con la estabilidad económica y psicológica de los empleados”, dijo una de las despedidas.

Los despidos surgen a raíz de la creación del Nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones, ISP, que disuelve al INPEP. Sin embargo, se les había dicho que los empleados pasarían a formar parte del nuevo instituto.

Desde el 2018 a la fecha, ha existido encarcelamiento, acusaciones falsas contra jóvenes y movimientos de derechos humanos, destierros, jóvenes perseguidos, iglesia minimizada, más de 320 muertos, todo esto ha sido catalogado como delito de lesa humanidad, dijo en la entrevista de YSUCA Marcelo Conde.

El periodista nicaragüense Marcelo Conde dice que los países vecinos deben aprender de lo que sucede en Nicaragua, donde un “cacique cierra, encarcela, mata, golpea y destruye lo que no le gusta”.

Ortega es un dictador que, al inicio de su mandato, se comportó como un Mesías, con un discurso populista y demagogo que ensalza la masa y logra penetrar a la colectividad, para desde ahí transgredir derechos humanos, cortar libertades, censurar.

Desde el año 2018, Nicaragua comenzó a vivir una crisis política y social, producto de injusticias. El dictador Daniel Ortega modificó la Constitución Política, explica el periodista nicaragüense Marcelo Conde.

Pese a todo esto, Ortega continúa en el poder. El periodista Conde dice que lo que se tiene en Nicaragua es un desgobierno, liderado por el dictador y su esposa, a cambio de ello hay prebendas y clientelismo político.

Con todo esto se cierran y censuran espacios importantes de expresión, libertades y desarrollo, señala Marcelo Conde. El periodista espera que pronto el dictador pague por todos los delitos que ha cometido.

MOVIR reporta que el fallecido el jueves 23 de febrero de 2023 fue una persona capturada arbitrariamente. Vivía en el cantón El Conacaste de San Juan Opico, departamento de La Libertad; según los datos que tiene el movimiento, fue en el período de traslado de reos hacia la mega cárcel de El Salvador.

La otra persona, que murió el domingo 26 de febrero del presente año en el Hospital de San Miguel, fue dejada en libertad y salió con anemia profunda, insuficiencia renal crónica, hipertensión y perdió la vida en el hospital.

Samuel Ramírez dice que desde hace meses pidieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos información sobre las condiciones de salud de las personas que padecen enfermedades crónicas y, hasta la fecha, no han obtenido respuesta, mientras las personas siguen falleciendo.

La muerte de César Garay, por aparente infarto, en el Centro Penal la Esperanza, el pasado 23 de febrero y el fallecimiento ocurrido el domingo 26 del presente mes, de otra persona de Jiquilisco, tras ser puesta en libertad, revela las difíciles condiciones que sufren las personas que padecen enfermedades crónicas y que han sido arrestadas arbitrariamente, en el marco del régimen de excepción, dice Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen, MOVIR.

Ante la continuidad de las muertes de personas que padecen enfermedades crónicas, en los Centros Penales, el representante de MOVIR dice que solicitarán una reunión urgente en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

La decisión de utilizar $24 millones del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), en el mes de enero, para financiar los gastos, obedece a la crisis financiera por la que está atravesando el Gobierno, según dice el economista César Villalona.

El economista dice que el pasado mes de enero, justamente en el período que utilizaron los fondos de FOPROMID, el gobierno tuvo una caída de $24 millones, con respecto al año anterior, en la recaudación de tributos.

Una recaudación inferior a lo que esperaba, recaudó $56 millones menos de lo que iba a recaudar en ese mes; es decir, la recaudación a través de los tributos y con respecto a enero del año anterior, tuvo una caída de $24 millones.

Villalona asegura que hubo una disminución en la recaudación de IVA y renta, los principales impuestos que dan al Gobierno más o menos el 85% de los ingresos.