Como medida de presión, los camioneros que transportan arena se concentraron en el kilómetro 18 de la Carretera Panamericana este, a la altura del municipio de San Martín, al oriente de la capital.

Juan Portillo transportista de arena para construcción dijo que no saben por qué se les impide trabajar.

En El Salvador, unas 35 mil familias se dedican a extraer arena de los ríos para la construcción. Sin embargo, durante el presente año diversas municipalidades han decidido cerrar estos espacios.

Juan Portillo es uno de los afectados y pide al Gobierno instalar una mesa de diálogo para buscar soluciones a este problema.

Estas acciones podrían lograr que los precios de los alimentos se reduzcan. Danilo Pérez, del CDC, explicó que el alza en los precios de los alimentos tiene causas internacionales como la guerra que libra Rusia contra Ucrania; pero también hay factores internos como el poco apoyo que se da a productores agrícolas y ganaderos nacionales.

Los alimentos que se consumen en el país provienen de importaciones, esto es lamentable ya que pone entre la espada y la pared a los productores nacionales. Pero, el problema se hace grande, ya que se bloquea la seguridad alimentaria del país, dijo Danilo Pérez del Centro para la Defensa del Consumidor.

Pérez dijo que las importaciones elevan exageradamente los precios de los alimentos.

Los alimentos seguirán caros mientras no se cambie la matriz de producción

Para el director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, Danilo Pérez, la matriz de producción agrícola necesita cambios urgentes, esto podría permitir que los altos precios de los comestibles reduzcan su valor al consumidor final.

Además, Pérez dijo a YSUCA que la matriz de producción agrícola de El Salvador no está lista para mitigar los efectos del cambio climático.

El representante del Centro para la Defensa del Consumidor propone potenciar actividades socialmente sostenibles, como la producción agrícola de bienes de consumo alimentario, los encadenamientos productivos y actividades de desarrollo local.

Almara Orellana de REVERDES recomienda buscar alternativas en las que no se dañe el medio ambiente y se tome en cuenta la opinión de las comunidades.

Más de 150 árboles podrían ser talados en Ciudad Real en San Miguel, para la construcción de una carretera. Actualmente ya fueron talados 5 árboles, entre ellos un Cortés Blanco, una especie protegida.  

Los árboles que estaban sembrados en al menos un kilómetro en el arriate sobre el bulevar de la 30 avenida Sur, Ciudad Real en el departamento de San Miguel fueron talados para ampliar los carriles de acceso a la residencial La Nueva San Miguel, propiedad de la familia Salazar Romero.

Habitantes de Ciudad Real junto a ReverdES, Amate El Salvador, LÍderes con Orgullo y asociación Migueleños en Acción presentaron una denuncia ante el Juzgado Ambiental de San Miguel para que actúe y decrete medidas cautelares y obligue a la Municipalidad a detener la tala de árboles, muchos de ellos especias protegidas.

Almara Orellana de REVERDES recomienda buscar alternativas en las que no se dañe el medio ambiente y se tome en cuenta la opinión de las comunidades.

Más de 150 árboles podrían ser talados en Ciudad Real en San Miguel, para la construcción de una carretera. Actualmente ya fueron talados 5 árboles, entre ellos un Cortés Blanco, una especie protegida.

Los árboles que estaban sembrados en al menos un kilómetro en el arriate sobre el bulevar de la 30 avenida Sur, Ciudad Real en el departamento de San Miguel fueron talados para ampliar los carriles de acceso a la residencial La Nueva San Miguel, propiedad de la familia Salazar Romero.

Habitantes de Ciudad Real junto a ReverdES, Amate El Salvador, LÍderes con Orgullo y asociación Migueleños en Acción presentaron una denuncia ante el Juzgado Ambiental de San Miguel para que actúe y decrete medidas cautelares y obligue a la Municipalidad a detener la tala de árboles, muchos de ellos especias protegidas.

La Federación de Pueblos Originarios del Sur demanda a las autoridades correspondientes que los indígenas arrestados, bajo el régimen de excepción, sean atendidos con medidas especiales, según regula el artículo 10 del Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al cual el Estado salvadoreño está adherido.

El delegado de la Federación demanda especial atención a los casos de los ADES, Santa Marta, Cabañas, Bajo Lempa, Leví Morales (Nahuizalco) y otros.

Más de 12 jóvenes de los pueblos indígenas enfrentaron detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción, según manifiesta el delegado de la Federación de Pueblos Originarios del Sur, Manuel Fernández.

“Alto a las detenciones arbitrarias en nuestros territorios.

No más criminalización de nuestros líderes, voceros y

representantes; apelamos a la seguridad jurídica de

ellos y ellas, de acuerdo con el artículo 9 del Acuerdo

de Escazú”, según un comunicado de integrantes de la Federación.

Fernández demanda que no haya estigmatización del sector indígena del país y se evite realizar detenciones arbitrarias y lamenta arrestos sin pruebas suficientes para hacerlo.