Alejandro Henríquez, del Foro del Agua, manifestó que a un año de haberse aprobado la Ley de Recursos Hídricos poco se ha avanzado en el funcionamiento y cumplimiento de la normativa, que tiene algunas inconsistencias desde su formulación.

De acuerdo con Henríquez, todavía no se ve el trabajo que debe realizar la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, entidad responsable de velar por el cumplimiento de la ley.

La actual normativa está dejando las riendas sueltas para que el agua siga siendo explotada por las grandes empresas, señaló Henríquez.

Belloso enfatizó que las reformas fueron discutidas en tan poco tiempo, siendo un tema de gran importancia para toda la población.

El Gobierno aseguró que se cuenta con estudios actuariales para hacer las reformas. No obstante ninguno de esos estudios se hizo público, por lo que genera dudas que las reformas mejoren el sistema de pensiones.

Belloso agregó que las pensiones que corren peligro son las de las futuras generaciones, pues el Gobierno adeuda a los cotizantes cerca de 7 mil millones de dólares que los trabajadores le han prestado a los gobiernos desde 2006 a la fecha, para que pague pensiones del sistema antiguo, deuda que está reflejada en esos papeles o pagarés llamados CIP.

Las últimas reformas hechas al Sistema de Pensiones no solucionan los problemas que enfrentan actualmente los miles de pensionados en El Salvador.  Así lo afirmó la  diputada del FMLN, Anabel Belloso.

Belloso señaló que el Gobierno ha aprobado las reformas mintiendo a los salvadoreños y haciendo unas modificaciones que no dan garantías de sostenibilidad. La diputada manifestó que es positivo el incremento de las pensiones para los salvadoreños, es de justicia,  sin embargo el problema es saber si se podrá pagar a mediano y largo plazo, es decir, ¿La medida es real, es sostenible en el tiempo?

Además, la legisladora aseveró que el incremento que se hará no es equitativo, pues los que tienen pensiones grandes tendrán un aumento grande y quienes tienen pensión mínima tendrán un menor incremento.

El subsidio a los combustibles, que se aplica desde marzo pasado, dejará de estar vigente a partir del 1 de enero, ha dicho el Ministerio de Economía, a través de un comunicado publicado en la red social Twitter.

La principal razón detrás de esta decisión del Gobierno es que el precio del petróleo en los mercados internacionales ha bajado lo suficiente, tal como lo explicó hace unas dos semanas la ministra de Economía, María Luisa Hayem.

Para el economista César Villalona, esta medida fue la única buena decisión tomada por el Ejecutivo, sin embargo tuvo una duración muy larga y podría haber servido para obtener mayor recaudación.

Durante el año 2022, el Gobierno no ha podido vender los bonos y solo ha recibido préstamos, debido a esto no se ha podido compensar los ingresos que no obtiene por la vía de los tributos. Esto obliga al Ejecutivo a bajar las inversiones presupuestadas.

La semana pasada, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el Presupuesto General de la Nación, que asciende a 8 mil 902.6 millones de dólares. Este será financiado con más deuda.

Para el economista César Villalona, pese a los anuncios hechos en torno a que este presupuesto prioriza los proyectos de infraestructura que van a dar crecimiento económico, no es creíble que esto vaya a ocurrir, ya que se ha planificado con fondos inexistentes y esto podría ser no ejecutable.

En el año que está por terminar, la canasta básica subió de precio. El Banco Central de Reserva informa que el índice de inflación de 2022 ha sido de 7.2%, situación que afecta la variación de precios.

Radio YSUCA trasladó sus micrófonos a diversos mercados del Centro de San Salvador para preguntar a vendedoras y vendedores: ¿Cómo han estado las ventas en los últimos días? ¿Han experimentado alzas algunos productos?

Según dijo el representante sindical Javier Rivas, desde el 2021 la alcaldesa Nercy Montano ha incumplido las prestaciones de ley para los trabajadores, como la entrega de uniformes, capas, calzado, gastos funerarios, pago de indemnización para las personas despedidas y los casos de retiro voluntario.

Rivas dijo que esperan una salida rápida a este problema, ya que de no lograrlo la protesta podría extenderse a todos los servicios de la comuna.

Javier Rivas, secretario de Organización del Sindicato de los Trabajadores Municipales de la Alcaldía de Soyapango, SITMUSOY, dijo a Radio YSUCA que unas mil 800 familias están pasando penurias en este mes de diciembre, debido a los retrasos en pago de salarios, aguinaldo y bono.

Rivas dijo que para este martes hay nuevas unidades de la alcaldía que se han unido a esta protesta, ya que la alcaldesa se ha negado a buscar una salida a la problemática.