Según la agroindustria azucarera, en la zafra 2021/2022, que concluyó el pasado mes de abril, se produjeron 17.5 millones de quintales de azúcar y 53.9 millones de galones de melaza. 

Los productores de caña y especialmente los ingenios azucareros obtienen ganancias millonarias; no obstante, la bonanza económica de este sector, contrasta con la realidad de las poblaciones aledañas a los campos en lo que se desarrolló el monocultivo, señala José Acosta, de la organización Voces en la Frontera.

Sonia Gutiérrez, del cantón San Isidro, en el municipio de Izalco, en Sonsonate, manifiesta que vive en carne propia las afectaciones por los químicos utilizados para la producción del monocultivo de la caña de azúcar.

Según la agroindustria azucarera, en la zafra 2021/2022, que concluyó el pasado mes de abril, se produjeron 17.5 millones de quintales de azúcar y 53.9 millones de galones de melaza. 

Los productores de caña y especialmente los ingenios azucareros obtienen ganancias millonarias; no obstante, la bonanza económica de este sector, contrasta con la realidad de las poblaciones aledañas a los campos en lo que se desarrolló el monocultivo, señala José Acosta, de la organización Voces en la Frontera.

Carmen Reyes, de la Asociación Nacional de Ciegos Salvadoreños, describió cómo ella y un joven con síndrome de Down han sido agredidos por policías y militares en el marco del Régimen de Excepción.

Carlos Montes, del Comité Unido para el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad, explicó que hay discapacidades difíciles de identificar como la psicosocial y la mental y hay confusión de los policías y militares con el lenguaje de señas de las personas sordas, porque creen que son señas de pandilleros.

Un grupo de organizaciones de personas con discapacidad, desde hace un año, han realizado tres visitas a Casa Presidencial para pedir al presidente de la República que vele por la protección de sus derechos y para que se apruebe el reglamento de la Ley Especial de Inclusión para las Personas con Discapacidad. Sin  embargo, no han recibido respuesta del mandatario, afirma Carlos Montes.

Carlos Montes, del Comité Unido para el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad, explicó que hay discapacidades difíciles de identificar como la psicosocial y la mental y hay confusión de los policías y militares con el lenguaje de señas de las personas sordas, porque creen que son señas de pandilleros.

El Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONAIPD, no está asumiendo la investigación de las vulneraciones a las personas con discapacidad en el marco del Régimen de Excepción, señala Montes.

Carmen Reyes, de la Asociación Nacional de Ciegos Salvadoreños, describió cómo ella y un joven con síndrome de Down han sido agredidos por policías y militares en el marco del Régimen de Excepción.

La economista Tatiana Marroquín dijo a YSUCA que la reducción de la calificación de El Salvador en Moody's, de forma directa, afectará las finanzas públicas y estas son el medio que da sostenibilidad al Estado para proveer servicios y garantías de derecho a la población.

La agencia calificadora Moody's redujo esta semana la nota de El Salvador de emisor en moneda extranjera a largo plazo a "Caa3", de un "Caa1" previo, a raíz de la posibilidad de un impago de la deuda que el país debe amortizar en 2023 y 2025 y a la falta de un "plan creíble".

Marroquín dice que esta baja en la calificación genera más retos al país para buscar financiamiento y esto cada vez es más grave porque deberá meterse en más endeudamiento para poder cumplir con sus obligaciones. La economista dice que las obligaciones no son sólo el pago de la deuda internacional, sino que está el pago de salarios, pensiones, programas sociales y transferencias a municipalidades.

En el pasado, muchos de estos programas se han visto  impactados por las dificultades financieras del Gobierno.

El abogado de Tutela Legal "María Julia Hernández", Alejandro Díaz, asegura que hay personas inocentes entre los detenidos por eso recurren a ese recurso.

“Alicia es mi hermana, es emprendedora y madre de familia y no es delincuente”, decía la pancarta que portaba una mujer en la entrada principal de la Corte Suprema de Justicia. Esta persona aseguró que su pariente no ha cometido delito alguno y no pertenece a grupos delincuenciales.