Pedro Sánchez ha anunciado la creación de una empresa pública de vivienda en el último Congreso del PSOE, celebrado en Sevilla este fin de semana. La realidad es que en la Constitución se menciona que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, y en 1997, el Tribunal Constitucional limitó la capacidad para legislar en esta materia. Son los Ayuntamientos los que conceden licencias de acuerdo a las Leyes autonómicas y el Gobierno central sí que puede actuar en la regulación de alquileres.

Blanca Pascual, periodista de RNE, explica cómo se encuentra la cuestión en esta primera etapa, pues, aunque el sector no se apresura a dar valoraciones, si tiene claras las dificultades. La principal es que las competencias de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas y hace falta desbloquear la Ley del Suelo en el Congreso. También se señala como problema las ayudas fiscales a fondos o viviendas turísticas. A la espera de mas concreción, los expertos miran a la SAREB, creada en 2012 y que tiene 50 mil millones en activos con fecha de caducidad en 2027. Es necesario un cambio de normativa para que se convierta en promotora pública a precios razonables.

Al hilo de la materia, muchas veces se ha citado a Viena, como modelo a seguir en materia de vivienda pública. Actualmente, el Ayuntamiento posee algún tipo de participación en la mitad de las casas de la ciudad. La corresponsal de RNE en Centroeuropa, Beatriz Domínguez, explica que más de la mitad de la población de la capital vive en suelo público que se extiende por toda la ciudad, "evitando guetos". Cada año se invierten 400 millones de euros para construir vivienda social nueva.

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