Tumbar la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en 2012 supondrían encarecer la indemnización por despiedo improcedente, que pasarían de 33 a 45 días por año trabajado. Además, las empresas no podrían aligerar plantilla sólo por una disminución de ingresos, sino que se les exigiría acreditar perdidas. La justicia recuperaría la tutela sobre los despidos colectivos y el convenio del sector volvería a estar por delante del de empresa. Además el convenio seguiría vivo que se pactara uno nuevo. Informa Esperanza Martín.