El desafío para la capital es enorme: equilibrar desarrollo y justicia social. Esto implica reconocer que la vivienda no puede reducirse a un activo financiero. Requiere políticas que garanticen acceso, permanencia y respeto a la identidad de los barrios. Solo así será posible mitigar los efectos del desplazamiento y construir una ciudad más equitativa, donde modernizar no signifique expulsar y donde revitalizar no implique borrar.