Actualidad Abogacía

En el programa de esta semana comentamos que el Gobierno ha aceptado que todo el periodo navideño sea inhábil judicialmente, en aras mejorar la conciliación de la vida profesional y personal en el mundo de la Justicia. Lo que quiere decir que ni habrá juicios ni correrán los plazos.

Además, también contamos cómo podría ser el nuevo impuesto sobre la plusvalía después de que el Tribunal Constitucional tumbara por inconstitucional el existente.

Y también contaremos las conclusiones que se han alcanzado en las Jornadas de Justicia Gratuita y de Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria, celebradas durante las dos últimas semanas.

Finalmente, conocemos a Raquel Segovia, abogada de Madrid. Ha conseguido hace unos días que el Tribunal Constitucional anule un desahucio en la capital porque no se había tenido en cuenta que el inquilino tiene una discapacidad del 70 % y carecía de ingreso alguno, lo que le situaba en una situación de vulnerabilidad.

En el programa de esta semana comentamos el atasco en los juzgados de lo Social. Los más colapsados son los de Sevilla, donde se están señalando juicios para 2026. Hay abogados que no se resignan y recurren. Un juicio señalado para mayo de 2024 se celebrará el próximo 22 de noviembre.

Además, también contamos que, ante la evidente mejoría de la situación sanitaria, la Abogacía ha solicitado al Poder Judicial la supresión de las medidas  de seguridad extraordinarias adoptadas debido a la pandemia y que limitaban el acceso a las dependencias judiciales.

Y también que el Gobierno ha aprobado la reforma del Reglamento de Extranjería para facilitar la regularización los menores migrantes y evitar que caiga en situaciones de exclusión social.

Finalmente, conocemos a Cristina Manzanedo, responsable y coordinadora jurídica del programa Ödos, que acoge en un centro de la localidad cordobesa de Montilla a mujeres y menores que llegan de forma irregular a nuestro país. En dicho centro han acogido con gran alegría la decisión de un juez que ha ordenado hace unos días inscribir en el Registro Civil a la hija de una inmigrante irregular que nació en Argelia y llegó a España sin estar registrada en ningún país.

En el programa de esta semana comentamos unas cifras ofrecidas por el Consejo General del Poder Judicial que apuntan a que los abogados se quejan muy poco sobre la administración de Justicia. En concreto, solo el 16 por ciento de las quejas registradas este año fueron presentadas por letrados.

Además, también contamos que la Audiencia Provincial de Madrid condenó por primera vez por un delito contra el medio ambiente al responsable de un vertedero ilegal que realizaba quemas de residuos con gran riesgo contaminante sin autorización, y que fue descubierto de forma fortuita por la Policía Municipal.

Y también que los padres que tengan ingresos desiguales deben contribuir proporcionalmente a los gastos de manutención de los hijos, según ha determinado la Audiencia Provincial de Granada en una sentencia que se refiere al pago de un colegio privado.

Finalmente, conocemos, de manos de Dulce García, abogada de La Palma, como se están llevando a cabo las primeras asistencias para los afectados por el volcán que está asolando la isla canaria.

En el programa de esta semana te contamos que han condenado a ABANCA a devolver más de 19.000 euros a una clienta a la que estafaron todo su dinero mediante el método del phishing, suplantando la identidad de la entidad financiera.

También les contaremos que la Audiencia Provincial de Cáceres ha aplicado la cláusula rebus sic stantibus para rebajar la indemnización que debía pagar un arrendatario al arrendador por finalizar de forma anticipada el contrato.

Además, te contamos que meter a alguien en un grupo de WhatsApp de trabajo sin su consentimiento puede acarrear multas.

Por último, conoceremos a José Arnulfo López Cruz, un abogado nicaragüense que acaba de llegar a España solicitando asilo político tras verse obligado a huir de su país precipitadamente con su familia para evitar ser detenido por defender a opositores.

Esta semana comenzamos haciéndonos una pregunta. ¿Han superado ya los juzgados españoles los efectos del Covid? Tras el parón producido por la pandemia, el Poder Judicial cree que sí y prevé que se resuelvan más asuntos este año que en 2019.

Hablamos también de igualdad. Solo 16 de los 83 colegios de la abogacía tienen una decana al frente. ¿Por qué no hay más? Luego les contaremos las razones.

Y conocemos los detalles de la visita que la semana pasada realizó una delegación de Jordania para conocer cómo funciona nuestro sistema de justicia gratuita, que les está sirviendo de modelo para reformar el suyo.

Además, conoceremos al abogado Javier de Cominges, abogado de Vigo que representó a una empleada de hogar que reclamaba su derecho a cobrar el paro, algo que en nuestro país se le deniega a este colectivo. La semana pasada el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE respaldó esta demanda y calificó de ilegal y discriminatoria la ley española.

Esta semana la actualidad nos traslada a La Palma. Son muchos ya los damnificados por la explosión volcánica. El Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma va a ofrecerles asesoramiento jurídico gratuito.

También hablamos sobre la protección de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, tras la jornada que celebramos la semana pasada, en la que destacadas juristas que analizaron cómo mejorar la protección de las víctimas.

Por último, te contamos que un Tribunal de Madrid ha declarado procedente el despido de una trabajadora tras ser “pillada” en redes sociales incumpliendo una baja.

Además, conoceremos al abogado Juan Silva de los Reyes, un letrado sevillano que dirige el único despacho de España cuyos socios son todos gitanos, aunque “por pura casualidad”. Su especialidad siempre fue el Derecho Penal y su bufete lucha contra delitos como la droga, prevaricación y delincuencia, estereotipos que se han atribuido durante décadas a la comunidad gitana.

En el programa de esta semana te contamos que las disputas entre padres separados sobre  si vacunar o no a los hijos contra el Covid están llegando a los juzgados. Una jueza de Barcelona ya ha dictado la primera sentencia.

También les hablamos de la necesidad de regular la conciliación en la profesión, tras la denegación de la suspensión de un juicio en Madrid, solicitada por una letrada que acababa de dar a luz.

Acaba de abrirse la convocatoria de la edición de este año de los Premios Derechos Humanos que organiza la Abogacía a través de su Fundación. En esta ocasión, los galardones están dedicados a la defensa de la Libertad de Expresión.

El Supremo ha aplicado por primera vez la ley que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad.

Además, conoceremos al abogado Juan Carlos Gómez Villegas. Ha conseguido que un juzgado de Sanlúcar de Barrameda obligue a unos padres divorciados a residir en la misma localidad que sus hijos si quieren mantener la custodia compartida.

La Abogacía se compromete a defender el secreto profesional, incluso para los abogados de empresa, a liderar la regulación de la formación especializada y exige el respeto a las normas que regulan las instituciones jurídicas. Esas son algunas de las principales conclusiones de la Declaración Final de las VIII Jornadas de Juntas de Gobierno de la Abogacía, que se celebraron del 8 al 10 de septiembre en Bilbao.

El documento fue aprobado al final de tres días de sesiones, en las que se abordaron los principales retos que enfrenta actualmente la profesión y la manera en que ésta puede contribuir al progreso social y el fortalecimiento democrático. También destacó la necesidad de regular la publicidad y la conciliación en la profesión. Además, la ministra Pilar Llop, durante la clausura del acto, anunció que la Ley de Derecho de Defensa está a punto de aprobarse.

En el programa primero de la temporada te contamos que esta semana se celebran las VIII Jornadas de Juntas de Gobierno de Colegios de la Abogacía en Bilbao, en la que los directivos se reunirán durante tres días, del 8 al 10 de septiembre para analizar los principales retos que enfrenta tanto la profesión como los propios colegios. Habrá más de 800 participantes y un riguroso protocolo anti Covid. En las ponencias se abordarán temas como el secreto profesional, la importancia de la formación especializada, los límites de la publicidad o el futuro de las instituciones. Además se darán a conocer, y se premiarán, las mejores prácticas colegiales.

También les hablamos de que la Fundación Abogacía ha elaborado una Guía práctica para facilitar a los abogados de extranjería su labor en las llegadas de migrantes a nuestras costas.

Les contamos por otro lado las críticas que hace la Abogacía al Anteproyecto de la Ley Concursal y que han quedado plasmadas en las alegaciones que ha presentado al texto.

Además, conoceremos al abogado Diego León Socorro, que ha conseguido condenar a una empresa por discriminación salarial por sexo en trabajos de igual valor. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha determinado que la existencia de dos categorías laborales distintas, con diferentes salarios, para desarrollar las mismas funciones supone una discriminación laboral por razón de sexo, si la de menor sueldo es mayoritariamente femenina.

En el programa de esta semana, -el último de la temporada- analizamos la sentencia del Tribunal Constitucional declarando ilegal el primer estado de alarma decretado por el Covid que deja en el aire muchas de las multas que se impusieron por romper el confinamiento. Y surge la duda de qué ocurrirá con las sanciones firmes que ya fueron pagadas. También les hablamos que la justicia europea ha vuelto a dar un espaldarazo a los derechos de los consumidores de productos bancarios, después de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considerara que los gastos cobrados indebidamente por una cláusula suelo deben devolverse íntegramente “de oficio” y  adelantamos que el Supremo permite que los autónomos se puedan desgravar comidas de trabajo.

Además, conoceremos al abogado de Tarragona Sergio Martínez Canteras, que ha concedido la pensión de incapacidad permanente a un trabajador que, aunque había trabajado 22 años, no estaba dado de alta en la Seguridad Social ni figuraba como desempleado por no haber renovado la demanda de empleo.

Volvemos en septiembre.