Botepronto

La de la marcha del domingo no es oposición, es la expresión hueca del no. Hay todavía un vacío que llenar porque el repudio y la añoranza del pasado nos llevan a malos candidatos y malas propuestas que López Obrador ya venció. No hay quién ofrezca una tercera vía que acompañe a expresiones tan vitales como las mujeres y otros grupos sociales que están buscando activamente cambios legales, cambios de verdad. Los partidos, en suma, están completamente fuera de la jugada. No entienden la realidad y no tienen agenda. Cada vez pesan menos. Nada que no sea la 4T amenaza a la propia 4T. El riesgo está adentro, en las entrañas de Morena, que no logra trascender a su líder.

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Después de la desastrosa elección de la presidenta de la CNDH, habrá que demandarle al Senado de la República que corrija. El proceso debe ser impecable, debe defenderse a sí mismo. Se esperaría que los senadores argumentaran su voto a favor de una u otra candidata, y que no obedezca a la cercanía ideológica o partidista.

La terna integrada solo por mujeres, sin embargo, no garantiza que vaya a avanzar la agenda en materia de género ni que habrá un compromiso con sus semejantes y sus luchas. Recientemente, la ministra Yasmín Esquivel, por ejemplo, se declaró abiertamente “a favor de la vida”.

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Los partidos  en México se forjan mejor en la derrota. Esa había sido la experiencia del PAN y del PRD. Con Morena ocurrió lo contrario: ganó la Presidencia de la República sin haberse consolidado como partido. Su problema de es de origen: se convocó a la renovación de los órganos municipales y estatales, para llegar en noviembre a la dirigencia, pero no tenían un padrón confiable. Concentrado en la campaña y después en las coordinaciones estatales que nombró López Obrador para operar sus programas sociales, Gabriel García descuidó esta trascendental tarea. Si así se han agravado los problemas internos entre morenistas para la elección de su dirigente, habrá que ver qué sucede cuando deban definir las candidaturas rumbo al 2021.

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¿Cómo vivirá Evo Morale en México? ¿Será discreto o, por lo contrario, como lo ha anunciado, buscará hacerse fuerte para, como ha declarado, volver a Bolivia? Como sea, la llegada del expresidente boliviano le viene como anillo al dedo al gobierno mexicano, que por fin puede poner cierta distancia con respecto del gobierno de Donald Trump.

Si toma posesión de su cargo al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de un desaseado proceso, Rosario Piedra Ibarra, de filiación morenista, lo hará entre reclamos de fraude de la oposición. Y no solo eso, colectivos de activistas familiares de desaparecidos, le han pedido a Piedra que empeñe su nombramiento, como lo hizo su madre con la medalla Belisario Domínguez.

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Desde la guerra contra el narco de Felipe Calderón, y aún antes, no hemos aprendido nada. Además de los grandes cárteles y los mitos alrededor de ellos, hay una criminalidad ajena al romanticismo de aquellas historias. Éste es el reverso de esa moneda. Los grupos criminales sin nombre, sin corridos, sin leyendas, que añaden diariamente una centena de muertos a los conteos. La masacre de los Le Baron no debió haberse repetido. Este exterminio no tiene explicación. Es incomprensible su dinámica, y la superación gradual de la violencia.

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Las dudas sobre la responsabilidad anterior y posterior al operativo de Culiacán persistirán. ¿Era previsible lo que ocurrió en esa ciudad? El presidente declaró a principios de año que la prioridad en su estrategia de seguridad no era la captura de los grandes capos. Pero hasta donde se sabe, Culiacán fue consecuencia de una orden con fines de extradición. Las presiones de Estados Unidos en la captura de capos y el incentivo interno --mostrar cabezas como logros, dada la dificultad de generar mejoras en seguridad--, acotan al gobierno en términos de política pública. Eso ocurrió en el pasado y seguirá pasando. De este episodio quedan muchas preocupaciones: el desaprendizaje institucional, la decisión de continuar con la política de descabezamiento o no, y que los militares dejen de sentirse arropados por los civiles, lo que puede llevarlos a la parálisis.

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El presidente ha fraseado cuidadosamente lo que supo y no supo sobre el operativo para aprehender a Ovidio Guzmán, que terminó en un fiasco. Cuando afirmó que había respaldado la decisión de liberarlo, indicó que no formó parte de la decisión, pero que, en efecto, la avaló después.

Entre muchos otros supuestos, el fallido operativo ha dejado claro que el gabinete de seguridad está descoordinado y que la estrategia no que se necesite no puede ser una reunión al alba. En estas reuniones se comparte información y se toman decisiones. Sin embargo, resulta grave que el responsable del gabinete en esta materia, Alfonso Durazo, tampoco estuviera enterado del operativo, o bien, haya mentido.

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Es increíble que la ley Bonilla, que ampliaría el periodo del gobernador de 2 a 5 años, haya llegado tan lejos. Es improbable que se consume, sin embargo, sigue viva. Viva sigue también la discusión jurídica sobre su carácter de reforma electoral.

A dos semanas de que Jaime Bonilla tome protesta como gobernador de Baja California, la ley sigue “extraviada”, por lo que no puede ser publicada y, en consecuencia, tampoco puede ser impugnada.

En lo político, implica una trampa, una “chicanada” en palabras del presidente: el proceso electoral del año que viene hay garantías de que el asunto llegue a una resolución antes, quedarían inmovilizadas todas las instituciones.

¿Ha sido equívoco el mensaje del presidente? ¿Qué pretende Bonilla? ¿De verdad cree que su trampa puede prosperar?

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Dos actores están obligados también a despejar suspicacias: Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), debe probar sus acusaciones contra Medina Mora. El exministro tiene también una deuda, pues su renuncia no deja ver la causa grave que la motive.

¿Hizo bien Felipe Calderón en desistir de la invitación del Tec de Monterrey? En contraste con su reacción frente a los crímenes de jóvenes en Salvárcar, Calderón no fue solidario con las familias de los dos estudiantes acribillados en el Tec. Dejó esa cuenta sin saldar, lo que le recriminan no solo las familias sino una parte de la comunidad estudiantil del ITESM. Si quiere mantener su vigencia en la política, tiene que reconocer ése y otros errores. 

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¿Es posible obtener una verdad que ha sido enterrada? El caso de la desaparición de los normalistas de la Isidro Burgos podría quedar siempre abierto, dado que se trata precisamente, de desaparecidos. El gobierno debe agotar las líneas de investigación y aproximarse tanto como pueda a la verdad. No existen nuevas teorías del caso, de modo que la apuesta del gobierno es buscar culpables en la administración pasada. Políticamente, al gobierno le corresponde al gobierno dar por satisfechos a los padres. ¿Hay forma de satisfacer a los padres?

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