De manera inesperada, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso apresurar la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de Apelaciones, estableciendo un plazo fijado hasta el 15 de diciembre. Esta resolución deviene de una crisis en las altas magistraturas luego de que la FECI de Juan Francisco Sandoval descubriera una serie de anomalías en las Comisiones de Postulación en las que una red de funcionarios, diputados, postulantes y abogados pactaran por debajo de la mesa con prebendas y pactos de impunidad los nombres que resultarían electos de estas comisiones. La FECI de Sandoval solicitó un amparo a la CC cuya resolución paralizaría el proceso de elección de magistrados, perpetuando de forma inconstitucional su mandato. Esta resolución de la CC no tendría nada de extraordinario si no se tomaran en cuenta los tiempos políticos, las intentonas de golpe de Estado y la actitud ambigua y avaladora que ha tenido esta Corte Suprema de Justicia ante las ilegalidades de varios actores del actual Ministerio Público.