Hoy era la fecha para debatir cara a cara sobre la política fiscal y financiera de las autonomías. Todas las comunidades, entre ellas la andaluza, han podido decirle a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, qué no les convence de su propuesta. Y todas, menos Catalunya, la han rechazado.

Mientras esto pasaba en Madrid, aquí en Andalucía, la política y la vía judicial han vuelto a entremezclarse. El juez que instruye el caso mascarillas por el que están investigados el expresidente de la Diputacion de Almería y su mano derecha, amplía las diligencias. Y se abre otra investigación judicial al Servicio Andaluz de Salud por los contratos de emergencia en 2021, ahora firmados por el hospital Reina Sofía de Córdoba. Es la tercera denuncia al SAS con acusación similar.

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