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El 12 de enero de 2024, durante un cerco en Chalatenango, la Policía intentó capturar a Nelson Alexander Calles Pérez, fichado por la inteligencia policial como pandillero y acusado de amenazar a una víctima con régimen de protección. El perfil de inteligecia se contradice con otros dos documentos oficiales que no lo vinculan a pandillas; y la amenaza ocurrió cuando estaba detenido, incomunicado, en un penal. Por estas anomalías, Nelson huyó hacia un país de la Unión Europea, donde ha pedido asilo.

El 10 de enero de 2024, tres semanas antes de la reelección inconstitucional de Nayib Bukele, cientos de policías y soldados cercaron Chalatenango. El cerco era resultado de la Orden de Operaciones MI-120 de la Policía que ordenaba la “extracción de remanentes de estructuras terroristas”. Una de las personas que estaba en la lista de búsqueda era Nelson Alexander Calles Pérez, licenciado en ciencias jurídicas, de 34 años, que un mes antes había sido absuelto por un caso de homicidio.

Nelson no fue perfilado como pandillero durante los 19 meses que estuvo detenido en la Penitenciaría La Occidental de Santa Ana, donde compartió celda con policías, militares y políticos. Un tribunal de Chalatenango lo absolvió de homicidio en noviembre de 2023, la Fiscalía no apeló la sentencia y el caso quedó cerrado definitivamente. Finalmente, Nelson recuperó su libertad el 7 de diciembre de 2023.

Sin embargo, apenas un mes después, el Departamento de Inteligencia Policial de la Delegación de Chalatenango elaboró una ficha que lo perfilaba como miembro de la Sierpeños Locos Salvatruchos, una clica de la Mara Salvatrucha-13. Él niega su pertenencia a esa pandilla y lo demuestra con un documento de la misma Policía y otro de la Dirección General de Centros Penales, ambos de 2022, que no lo clasifican como pandillero ni antes ni durante el proceso que enfrentó.

La Policía lo buscó en su casa, pero no lo encontró. Nelson presentó un hábeas corpus y así confirmó que la base para la nueva orden de captura era el perfil elaborado por la inteligencia policial; y una denuncia por amenazas contra una testigo protegida con la clave México. Lo inverosímil de esa denuncia es que data del 28 de noviembre de 2023, cuando aún estaba detenido en el penal.

Nelson salió de El Salvador en febrero de 2024 hacia un país de la Unión Europea, donde ha denunciado que tanto la ficha policial que lo etiqueta como pandillero como la denuncia por amenazas contra la víctima con clave México son falsas. Ese país europeo ha aceptado los documentos y ha dado trámite a su solicitud de asilo político. En esta entrevista cuenta los detalles de su caso.

Los hermanos Medardo y Marvin fueron capturados por el régimen de excepción en octubre de 2022, pese a que no tenían antecedentes o tatuajes relacionados con pandillas. Marvin murió en julio de 2024 y Medardo sigue encarcelado por tiempo indefinido. La familia ha tenido que asumir gastos que antes no tenía como la compra de paquetes y eso los ha dejado al límite del hambre, como ocurre con otro millón de salvadoreños que no tienen dinero para comer los tres tiempos.

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This trailer was written by Roman Gressier, the editor of El Faro English, and narrated with reporter Yuliana Ramazzini. Production and original soundtrack by Omnionn.

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El vicio de carácter, que le hace subestimar a los demás, no es un buen augurio para Bukele y los suyos. La comedia, la historia y la sicología pronostican todas que ese legado que le desvela por las noches y que traiciona de día terminará igual que han terminado los de todos los miembros del club de los corruptos vanidosos.

El hermano de uno de los cuatro periodistas holandeses asesinados en Chalatenango durante la guerra, hace 42 años, demandó en una corte distrital de Virginia al coronel Mario Reyes Mena. En El Salvador, Reyes Mena es prófugo de la justicia por una orden de captura de 2022. La demanda intenta repetir el mismo camino jurídico que logró la deportación de exministros de Defensa acusados también de violar derechos humanos durante la guerra. 

Marvin y Medardo eran dos hermanos que vivían en el caserío El Jobo, en Santa Elena, Usulután, y que fueron capturados el cinco de octubre de 2023. María Elena, su madre, dice que eran campesinos y que la Policía los capturó a las nueve de la noche, sin ningún motivo. Cuando ella preguntó por qué los capturaban, la Policía le respondió que por el régimen de excepción; cuando ella cuestionó sobre las pruebas del delito, le dijeron que era el régimen de excepción. Nada en concreto. El argumento para mandarlos al penal de Izalco por agrupaciones ilícitas fue único: el régimen de excepción que inició en El Salvador desde marzo de 2022 y que deja sin derechos básicos a los ciudadanos y otorga prerrogativas a policías y militares.

Marvin, de 23 años, estaba sano al momento de su arresto, dice su familia. Estuvo 18 meses detenido en el penal de Izalco, en Sonsonate, y ahí enfermó de tuberculosis, cáncer pulmonar, desnutrición y diarrea; fue sometido a cirugías sin el consentimiento de la familia y obtuvo su libertad condicional en junio de 2024, luego que se viralizó un vídeo en Tik Tok, donde su cuerpo desnutrido, esquelético, aparece postrado en una camilla del Hospital Rosales. Estuvo en su casa de techo de teja y piso de tierra durante un mes, sin poder caminar y apenas balbuceando algunas palabras para contar a su madre cómo lo maltrataron en el penal. Marvin murió el 28 de julio de 2024.

Tras la muerte de Marvin, María Elena teme por su otro hijo: José Medardo, de 24 años. Medardo está detenido en el penal de Izalco desde hace 23 meses y su familia no sabe nada de él. La audiencia en su contra estaba programada para agosto de 2024, pero un juzgado de San Miguel la reprogramó para 2025. “Un año más, otro año más y así le van aumentando”, crítica María Elena, quien cuenta en esta entrevista cómo el régimen de excepción ha dejado a su familia al borde la hambruna. Ella, su hija y su nieta de cinco años ya sufrían el calvario de la pobreza y ahora que el régimen ha capturado a sus dos hijos dice que a veces solo comen una vez al día porque tienen que ahorrar para comprar el paquete que lleva al penal. En esta entrevista cuenta sus penurias y dolor.

Dos exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que inscribieron la candidatura inconstitucional de Nayib Bukele para las elecciones de 2024 han sido nombrados magistrados de cámaras en el Órgano Judicial. Para que Dora Martínez y Guillermo Wellman pudieran entrar a trabajar como nuevos funcionarios judiciales, la Corte anterior y la que fue nombrada el 23 de septiembre cesó a dos jueces del país.

El exasesor de seguridad de la Presidencia, Alejandro Muyshondt, se reunió con el presidente del partido Nuevas Ideas, Xavier Zablah Bukele, y con Ibrajim, hermano del presidente Nayib Bukele, y les aseguró a ambos que se había “robado” el código fuente del sistema interno de conteo de votos del TSE. También expuso a Zablah una serie de estrategias ilegales para boicotear las elecciones si los resultados preliminares no eran los que esperaban. 

Es curioso que Muyshondt haya grabado esas conversaciones en las que confiesa delitos. Es de suponer que quería protegerse de algo, que desconfiaba de las mismas personas a las que se había asociado políticamente.