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El icónico enclave cripto de Nayib Bukele sigue siendo una promesa lejana, aunque inversionistas extranjeros están comprando terrenos a lo largo de la costa salvadoreña. Entre mensajes contradictorios, algo es claro: ninguna champa de aluminio o agricultor de subsistencia será un obstáculo para el progreso.

El plan consiste en seis fases, de las que ahora solo ha revelado dos: la de 'alimentación' y la “tecnológica”. El anuncio llega después de que Bukele amenazara a los importadores y distribuidores de alimentos con prisión si los precios de los alimentos no disminuían.

Aquel soldado también abrevó de su propia matonería una buena cantidad de lecciones: la más obvia, es que se puede obligar a un adolescente campesino a arrodillarse, que se puede cortarle el pelo con un yatagán y que, haciéndolo, no pasa nada. Aprendió de la forma más efectiva el significado de la palabra impunidad.

Como candidato a alcalde, Nayib Bukele prometió un San Salvador inclusivo y dijo que no quería estar “del lado de los discriminadores”. Pero desde 2019, su gobierno ha eliminado entidades gubernamentales y políticas que buscaban garantizar los derechos de la población LGBTIQ+. Ahora, su gobierno avanza una ofensiva conservadora que cierra espacios a la diversidad en los ministerios de Salud, Educación y Cultura. Detrás del discurso, hay personas preocupadas por tener acceso a clínicas o escuelas. 'Ahora me dan menos ganas de ir (a pasar consulta) Y aunque me estuviera muriendo no iría', dice Artemisa, una joven de 23 años en San Miguel. Este video repasa el deterioro en la garantía de derechos para las personas LGBTIQ+ desde que Bukele llegó a la Presidencia.

Alba tiene 28 años de edad, es madre de un niño y en noviembre del 2022 vivía en casa de sus padres a quienes, junto a un hermano, ayudaba con los gastos del hogar. Había aplicado a un programa de visas del Ministerio de Trabajo y la Embajada de Estados Unidos y había sido seleccionada para ir a trabajar a principios del 2023. Luego vivió lo que ella describe como “un secuestro”. 

El 11 de noviembre del 2022, agentes de la Policía Nacional Civil llegaron a su casa y la capturaron frente a su madre y su hijo. No hubo argumentos, no hubo evidencia, no hubo nada más que una orden: “te mandan a llamar. Te vas a ir con nosotros”. La casa de la familia de Alba estaba en una zona que había permanecido bajo el dominio de la Mara Salvatrucha-13. Alba dice que ellos son víctimas de las maras y no colaboradores. Asegura que la clica que controlaba la zona asesinó a uno de sus hermanos. Sin embargo, ese viernes 11, los policías la acusaron de ser pareja de un marero. 

Desde entonces, Alba estuvo seis meses presa. Con el paso del tiempo, el juzgado le dio libertad condicional y ella aún enfrenta un proceso basado en pruebas en su contra que aún desconoce. Todos los juicios de las más de 80,000 personas capturadas por el régimen desde marzo de 2022 son secretos, según decreto judicial. Es imposible acceder a información sobre ellos, al menos de forma oficial. Alba, como decenas de miles de salvadoreños, es procesada lejos del escrutinio público. 

En las cárceles del régimen no hay comunicación alguna con ningún familiar que esté en libertad: no hay visitas ni correspondencia. Por eso fue hasta salir de prisión que Alba se enteró de que su padre y su hermano habían sido capturados por el régimen de excepción. Que su madre y su hijo vivían en desplazamiento forzado debido al acoso de la Policía. Y que a cada trabajo al que quiere aplicar le piden sus antecedentes penales. Ella sigue desempleada. 

Un informe presentado recientemente por la organización Cristosal plantea la ausencia de una mínima perspectiva de género en la gestión penitenciaria del régimen, lo que deriva en condiciones adversas para las mujeres. Alba vivió esas condiciones desde el día de su captura. Fue obligada a desnudarse frente a diez hombres policías, para ver si tenía tatuajes. El día que fue enviada al penal de Apanteos pasó revisión física ante otro hombre. Padeció una hemorragia en la que, por falta de toallas sanitarias, tuvo que usar su propia camisa. Tuvo que comer acostada. Estuvo al lado de mujeres embarazadas. Dice que a una de ellas “le sacaron al bebé”.

Una empresa que el año pasado reportó activos por $143.4 millones ha logrado, por medio de la Fiscalía, repetir el juicio contra un campesino acusado de protestar violentamente por la perforación ilegal de unos pozos. Gracias a este proceso judicial que lleva más de tres años, la constructora desbarató una organización comunal que se oponía al proyecto inmobiliario y reclamaba el derecho al agua.

Pero Bukele no es un hombre de derecha. Tampoco fue nunca de izquierda. Es un político sin ideología, con una brújula que mueven los vaivenes de los vientos. Cuando era conveniente ser de izquierda lo fue. Cuando lo rentable era romper el sistema como outsider se convirtió en outsider. Cuando el discurso se movió a la extrema derecha, Bukele también se movió. Un hombre así no tiene ideas, ni principios, ni utopías. No es otra cosa que un oportunista.