Ser mujer migrante en México agrega obstáculos a un viaje ya de por sí peligroso. Hay acoso, violencia sexual, embarazos, hijos y mucha más familia dependiendo de ellas. Cada vez más mujeres y niñas solicitan asilo en México o intentan llegar a Estados Unidos. Su cuerpo toma un papel central cuando están en tránsito, al punto que algunas intentan ocultar que son mujeres para cruzar México. El riesgo es tal que en el camino se conoce a la píldora del día después como 'píldora anti-México'.

La Unidad de Control de la Policía determinó que la captura de José Alfredo Grande Martínez, un albañil que vivía en la comunidad Emanuel de Santa Ana, fue arbitraria. Los policías plasmaron información falsa en la acta de detención, algo que, según recomendaron los inspectores, debe ser investigado por la Fiscalía y la Inspectoría del Ministerio de Justicia y Seguridad. Pese a ser víctima de esas arbitrariedades, el albañil continúa detenido en un penal de Santa Ana. El Faro accedió a documentos internos de la institución gracias a los Guacamaya Leaks.

Los 220 presos políticos excarcelados el jueves pasado por el régimen de Daniel Ortega celebran la libertad después de años o meses de encierro y tortura, pero muchos dudan de su futuro y tienen miedo a opinar porque temen represalias contra sus familias en Nicaragua. La mitad no tienen parientes o amigos en Estados Unidos y se preguntan cómo reconstruir la vida lejos del lugar y la gente que les importa.

La desapariciones tanto a manos de las pandillas como las que ocurren en el contexto del régimen de excepción no son hechos aislados, responden a patrones de violencias y complicidades.

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia Paula Patricia Velásquez reveló en un escrito que ha sido víctima del software espía Pegasus, un programa informático que ha sido usado por varios Estados para intervenir celulares de periodistas, activistas y opositores, tal como ocurrió en El Salvador. Su sospecha surge tras haber recibido una alerta de Apple hace aproximadame 2 meses.

Durante las últimas semanas, El Faro ha ido a territorios otrora impenetrables, ha hablado con líderes pandilleros, con víctimas de esos grupos criminales, con policías y representantes de organizaciones no gubernamentales. Todo indica que, luego de diez meses de régimen de excepción, en el que han sido suprimidas garantías constitucionales básicas y se han registrado masivas violaciones a los derechos humanos, el esquema del presidente Nayib Bukele ha conseguido desestructurar a las pandillas en El Salvador, desbaratando su control territorial, su principal vía de financiamiento y su estructura interna.

Documentos y correos oficiales revelan que la Policía Nacional Civil de El Salvador adquirió equipo y software para espiar a ciudadanos y que abre la oportunidad de hacerlo al margen del control judicial. El proveedor de estos productos es una empresa que pertenece a un amigo israelí del presidente Nayib Bukele. Los registros fueron obtenidos por la organización DDoSecrets, a través del grupo de hackers Guacamaya, y compartidos con El Faro.

La nueva ley de compras aprobada por los diputados del partido de Gobierno dice explícitamente que las compras relacionadas a “proyectos estratégicos” del Consejo de Ministros no estarán supeditadas a la nueva ley que entre sus funciones tiene vigilar que no se derroche el dinero público. Tampoco estarán supeditadas al control de esta ley las compras que surjan de convenios entre instituciones públicas y empresas estatales como el modelo que tienen Chivo y Diario El Salvador.  Con lo aprobado, nace la Dirección Nacional de Compras, instancia que funcionará como una especie de auditora que dependerá absolutamente del Ejecutivo.

Un programador estadounidense relata cómo el gobierno de Nayib Bukele lo contrató tres días después de lanzar Chivo Wallet y encontró una aplicación “repleta de fraude”. En su testimonio asegura que hasta el 20% de los usuarios eran falsos, habla de una “hemorragia de dinero” público hacia cuentas fraudulentas y detalla cómo el gobierno de El Salvador incumplió de forma consciente leyes y tratados internacionales contra el lavado de dinero.

Documentos oficiales, un audio grabado por líderes del Barrio 18 Sureños y el testimonio de un antiguo miembro de la Mara Salvatrucha-13 revelan cómo el Gobierno de Nayib Bukele se apoyó en líderes pandilleros para detener un repunte de asesinatos que terminó con la vida de 45 personas en tres días de noviembre del 2021. Con ello el Gobierno logró que esta crisis no rompiera las negociaciones que sostenía con los grupos criminales desde 2019.