El pleno del Senado ha aprobado por unanimidad la proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Un problema que deja más de 700 fallecidos anuales en Euskadi. Patxi Cortazar, vicepresidente de la Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi, nos cuenta su lucha y la de todos los miles de afectados que sufren graves problemas a causa de esta sustancia. "Han sido once años de pelea. Quiero dedicársela a todos aquellos que empezaron con la lucha y quedaron por el camino", subraya Patxi.

Con respecto a su lucha, explica cómo empezó: "Tengo un mensaje de que pase a por las radiografías para ir al hospital, al principio no me dicen que podía ser derivada del amianto. La asbestosis pleuropulmonar se clava en la pleura o el pulmón y va haciendo una herida que se va agrandando y se va perdiendo capacidad pulmonar". Añade que es en 2007 cuando "me reconocen la enfermedad profesional después de siete años de pelea encontrándome con muchos aplazamientos de juicio y recursos".

El vicepresidente de ASVIAMIE, comenta sobre las compensaciones: "No sé qué condiciones pondrán y quienes podrán cobrar. 25 millones de euros para todos los miles de casos que hay en el Estado, no sé cómo lo harán. Los nuevos enfermos que vayan saliendo, van a coger más indemnización por la empresa que por la compensación". Asimismo, tiene claro que no acaba aquí el problema por "las 16 toneladas de amianto sin declarar en Zaldibar".

Fondo de compensaciones

El fondo prevé compensaciones tanto a trabajadores, con enfermedad profesional reconocida por esta exposición, como a otras personas que la hayan sufrido en otros entornos. También las personas herederas que dependieran económicamente de la víctima. La norma, que tiene su origen en el Parlamento Vasco, no define las compensaciones, que deberán fijarse reglamentariamente, pero sí concreta su financiación a través de las transferencias anuales en los Presupuestos Generales del Estado, las cantidades que se obtengan a través de las reclamaciones judiciales, y las aportaciones por sanciones por incumplimientos de salud laboral derivadas del amianto.

El texto legislativo prevé que en el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social formulará una propuesta de resolución, indicando la evaluación establecida sobre la enfermedad, las lesiones, su causa, discapacidad que se reconoce y compensación que corresponde.