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La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, confirmó en respuesta a una pregunta durante la rueda de prensa del 6 de marzo, que en octubre de 2025 concluirá la actual fase de preparación del euro digital y que si las partes implicadas están de acuerdo, entonces se decidirá si se avanza a una nueva etapa de desarrollo. Estas declaraciones han corrido como la pólvora y han encendido las alarmas de un debate que lleva años gestándose: la desaparición progresiva del dinero en efectivo, en favor de un nuevo activo digital, que en palabras del presidente del Banco de España, José Luis Escrivá, estará “bajo el control absoluto del Eurosistema”.

Aunque algunos medios ya lo venden como un lanzamiento inminente, no habrá implantación en octubre. El plan no es lanzar una moneda digital de un día para otro, es ir desactivando todas las alarmas sociales hasta que el euro digital se perciba como inevitable, incluso como deseable. La consolidación institucional de un sistema que lleva años condicionando a la sociedad para aceptarlo sin rechistar.

Más allá de cuándo se implante, la cuestión importante es qué nuevas facilidades tendrán las instituciones para controlar lo que hacemos o no con nuestro dinero. Se nos dice que el efectivo no va a desaparecer, pero es curioso cómo al tiempo que el euro digital se presenta como el sistema del futuro, nos hablan de los “riesgos del efectivo”, van apareciendo noticias sobre la dificultad de las administraciones para controlar a los ciudadanos con cripto activos descentralizados, y vuelven a sonar las campanas de la evasión fiscal como amenaza de la estabilidad económica global.

Como siempre, este nuevo sistema se nos vende como un instrumento de inclusión financiera, modernización, soberanía monetaria europea y una supuesta respuesta a las estafas digitales, mientras que todos los sistemas y herramientas que todavía escapan al control burocrático, van siendo demonizados en una carrera más por controlar nuestras vidas y nuestro dinero.

Pero claro, si hay Estados de por medio, podemos esperar lo peor.

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Cuando se plantea una sociedad sin Estado, una de las objeciones más comunes es: “¿Y quién construiría las carreteras?”

Es una de esas preguntas recurrentes que se repiten en cualquier conversación sobre anarcocapitalismo. Como si el asfalto y los caminos solo pudieran existir bajo la supervisión de un gobierno.

Hoy, en Anarcopedia, vamos a desmontar ese mito y explicar de forma clara y realista cómo podrían funcionar las carreteras, autopistas y caminos en una sociedad basada en la propiedad privada y en acuerdos voluntarios. Un modelo sin impuestos, sin burócratas, y donde las vías serían gestionadas como cualquier otro bien o servicio.

Lo veremos aquí, en La Anarcopedia, una sección de EL Punto Ancap.

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-En la España de Sánchez, el Tribunal Constitucional, bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, ha usurpado al Tribunal Supremo sus exclusivas funciones con el objetivo de garantizar que ninguna resolución judicial pueda perturbar la permanencia de los socialistas en Moncloa. Y si alguien albergaba alguna duda, lo ocurrido con el caso de los ERE la despeja.-

Estas eran las palabras que hace unas 3 semanas escribía Guadalupe Sánchez en The Objective, en referencia al cuestionamiento de la Audiencia Provincial de Sevilla a las últimas sentencias del Tribunal Constitucional. Lo que se desliza aquí es, que si el caso de los ERE no afectase a altos cargos del PSOE, el Constitucional jamás habría revisado la condena impuesta por los tribunales, así como tampoco se plantearía avalar la amnistía si la gobernabilidad de Pedro Sánchez no dependiera de ello. La reacción de Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, no se hizo esperar, y solicitó el expediente de la Audiencia de Sevilla, alegando que plantear una cuestión prejudicial a la Unión Europea sobre la legalidad de una sentencia del Tribunal Constitucional podría ser un acto de desobediencia. Y además, hace pocos días declaró que cuestionar al Tribunal Constitucional es cuestionar la Constitución y el sistema democrático.

Por su parte, Álvaro García Ortiz, actual Fiscal General, se encuentra inmerso desde hace meses en una causa por revelación de secretos y filtración de información personal sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Por si esto fuera poco para ensombrecer la figura del fiscal general, García Ortiz optó por el borrado de datos de su teléfono personal para entorpecer una investigación, que le ha acabado convirtiendo en el primer fiscal general imputado de la democracia española. Mientras tanto, a principios de este mes, María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, entre la estupefacción y la risa floja de los que la vemos desde fuera, cuestionaba la presunción de inocencia tras la absolución de Dani Alves en un supuesto caso de agresión sexual.

Y es que no es la primera vez que las instituciones son utilizadas para fines partidistas y expansionistas del poder, atacar a ciudadanos y poner en cuestión, según convenga, los derechos por los que los amantes del Estado de Derecho, sacan pecho. Y aquí nos encontramos, ateos del Estado, criticando que no haya separación de poderes, pidiendo límites y exigiendo control sobre un ente al que no le concedemos legitimidad ni existencia en un sentido ontológico. Y precisamente hablamos hoy de esto en un nuevo intento por hacer entender, que ante la presente y aparente inevitabilidad del Estado, lo menos que podemos pedir es que existan procesos e instituciones más o menos garantistas ante la maquinaria burocrática, y su insaciable apetito de expansión.

Pero claro, si hay Estados de por medio, podemos esperar lo peor.

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Hace un par de semanas, la Comisión Europea compartió un videotutorial de cómo preparar un kit de emergencia para sobrevivir durante 72 horas sin ayuda externa. El tono del vídeo en cuestión nos teletransporta a sucesos de hace unos años, en los que por un lado se nos hablaba de una pandemia a nivel mundial, y por el otro veíamos a enfermeros bailando en Tik Tok. Es el prisma desde el que se cuenta el relato en esta sociedad hiperconectada, infundir miedo al ciudadano mientras en paralelo, se infantiliza la situación hasta el extremo. Si analizamos las noticias de estas últimas semanas, encontramos titulares que hablan de ejército europeo, de rearme, de bloques enfrentados y de “tiempos difíciles que exigen sacrificios”. La guerra, nos dicen, ha vuelto. Pero lo que no nos dicen es que esa guerra es contra nuestro bolsillo.

El inicio de la guerra de Ucrania en 2022 marca un proceso de empobrecimiento en la ciudadanía, mercados convulsos y más deuda. Nos presentan el conflicto de forma solemne y nos avisan de tiempos difíciles. Tres años después, y volviendo al vídeo compartido por la Comisión Europea, éste llega en un momento de tensión total, o eso nos dicen. Con la figura de Trump haciendo las veces de elefante en la cacharrería, Francia habla de armas nucleares, la Unión Europea habla de ejército europeo y Sánchez habla de ‘salto tecnológico’ en un burdo intento de esconder el gasto en Defensa que le pide Bruselas. Los presupuestos de Defensa crecen como la espuma en toda Europa, mientras se normaliza el lenguaje de trincheras en los telediarios. Se nos presenta como una necesidad. Como un deber moral. Como una causa superior que lo justifica todo.

Pero es que si nos paramos un momento a pensar, ¿qué sentido tiene este vídeo? ¿Acaso la situación no es tan sumamente seria y peligrosa? Se habla de pánico nuclear y la solución es un kit de supervivencia disfrazado de anuncio televisivo de hace décadas.

Pero en los tiempos que corren, y con la historia como ejemplo, la pregunta que podríamos hacernos es si todo esto tiene algún tipo de agenda detrás. La Unión Europea se ha visto obligada a tomar las riendas de un nuevo relato. Propuestas de rearme, aprobadas sin ningún tipo de debate popular o parlamentario, y propaganda belicista infantil. Por el anuncio pareciera que no corremos un peligro real, pero venga o no la guerra, si las propuestas de la Comisión tienen éxito, lo que está claro es, que quedaremos todavía más atados a un poder central que cuando firme la paz, no devolverá el control ganado a la población.

Pero claro, si hay Estados de por medio, podemos esperar lo peor.

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Hace apenas un mes, el Partido Popular proponía una “rebaja de impuestos” de más de 15.000 millones de euros contra el infierno fiscal del gobierno de Pedro Sánchez. Lo hicieron con esa sonrisa que pone un funcionario cuando nos falta algún papel tras la tercera cita. Esa sonrisa cuando creen que están haciendo algo muy liberal. Pero si uno se molesta en leer los detalles, lo que proponen es eliminar dos tasas menores, ajustar algún tributo autonómico y anunciar beneficios fiscales a futuro que ni siquiera están definidos. Eso sí, manteniendo exactamente los mismos niveles de IRPF, IVA o cotizaciones sociales que la izquierda. Lo de siempre: mucho marketing fiscal, poca reforma estructural.

Lo triste es que hay quien todavía cree que es la “alternativa”. Pero basta rascar un poco para darse cuenta de que el Partido Popular no es la oposición: es el Ministerio de la Oposición. Una especie de falsa alternancia encargada de mantener la mesa puesta. El Partido Popular es, en esencia, una especie de agencia de continuidad estatal. No se explica sino, como teniendo una de las situaciones más críticas de nuestra historia reciente en cuanto a confianza institucional; con un Fiscal General del Estado con pie y medio en prisión, con un Presidente del Gobierno promoviendo leyes para blindar a los suyos, dejando la gobernabilidad del territorio en manos de quienes lo detestan, y utilizando las instituciones como su coto de caza privado, el Partido Popular sigue a por uvas. No es casualidad, el PP solo sirve para prometer mejor gestión, pero no es capaz de señalar la corrupción con la gravedad que realmente tiene, sino que con la boquita pequeña, crítica al PSOE desde la posición del que sabe, que cuanto más terreno ocupa el gobierno en el Estado mejor, mejor para el suyo beneficio político, que diría Mariano Rajoy.

Son la escoba que limpia y mete todo debajo del sofá hasta que se van los invitados.

Pero claro, si hay Estados de por medio, podemos esperar lo peor.

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Escuchamos en los últimos días como los pactos PP-Vox vuelven a estar en boca de los no afines a estos partidos. Como siempre, aluden a la falta de valores democráticos o, que estos pactos se sustentan sobre políticas negacionistas. Durante años la izquierda más radical ha querido vender al partido Vox como la imagen de la ultraderecha. Y por el otro lado, sus aduladores siguen convencidos que Vox es el partido que venía a acabar con la tibieza del PP, con la sumisión del “centro-derecha”, y a plantar cara a la maquinaria ideológica de la izquierda. Una especie de cruzada posmoderna que no temía a los medios, a lo políticamente correcto, ni a los complejos del pasado.

Pero el tiempo, como siempre, pone cada cosa en su lugar. Y VOX, lejos de ser una alternativa, ha demostrado ser una versión sacristana del estatismo de siempre. Usando un relato heroico tradicional, pero vacío de sustancia y lleno de marketing. No construyen nada real ni estructural. No desmontan el Estado, ni recuperan apenas libertades, las justas para conseguir votos de algún conservador trasnochado hacia el centro, y solo ocupan el espacio con estética de resistencia… pero sin renunciar a subvenciones, sindicatos o estructuras estatales.

Pero claro, si hay Estados de por medio, podemos esperar lo peor.

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Si queremos entender la economía desde una perspectiva de libertad y mercado, es imprescindible conocer la Escuela Austriaca. Esta corriente de pensamiento económico no sólo desmonta los mitos del intervencionismo estatal, sino que también ofrece una visión clara de cómo funciona el mercado cuando se deja actuar a los individuos sin restricciones.

Nacida en el siglo XIX en Austria, esta escuela ha influenciado profundamente el liberalismo y el anarcocapitalismo. Su enfoque se basa en la acción humana, la importancia de la propiedad privada y la crítica a los intentos de planificación e intervención estatal.

Quédense y se lo contamos aquí, en la Bitácora Libertaria, una sección de El Punto Ancap.

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Empezábamos el 2025 con el nombramiento de Marc Murtra como presidente de Telefónica como reemplazo de José María Álvarez-Pallete a propuesta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Esta sociedad es una empresa pública española, adscrita al Ministerio de Hacienda, y a través de la misma, el Gobierno de España adquirió una participación del 10% en Telefónica por aproximadamente 2.300 millones de euros, asegurando así el control estatal en una compañía considerada estratégica para el país. Además, en los últimos meses se ha desatado una intensa disputa entre el Gobierno de España y el Grupo PRISA, propietario de medios como El País y la Cadena SER. Según algunas filtraciones, en febrero, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, y el presidente de Telefónica, el ya mencionado Marc Murtra, se habrían reunido en París con el consejo de administración de Vivendi, accionista de PRISA. Durante este encuentro, se habría instado a Vivendi a vender su participación en PRISA a empresarios afines al Gobierno, bajo la amenaza de retirar contratos publicitarios gestionados por Havas, filial de Vivendi.

Joseph Oughourlian, presidente del grupo Prisa y principal accionista a través de Amber Capital, expresó hace unos días que “sería inaceptable que alguien cayera en la tentación de tratar de adueñarse de un medio de comunicación independiente desde el poder". Este enfrentamiento pone de manifiesto las tensiones entre el poder político y los medios de comunicación, y suscita interrogantes sobre la independencia de la prensa y la influencia gubernamental en los conglomerados mediáticos. Y es que uno de los puntos clave para entender cómo se forman las ideas y narrativas, es la relación entre los grupos multimedia y los Estados.

Los gobiernos, las grandes empresas mediáticas y los grupos de influencia han creado un ecosistema de propaganda a medida, financiado en gran parte, con nuestro dinero. Y afirmaciones como que “el Gobierno adquiere parte de una compañía considerada estratégica para el país”, pasan desapercibidas para la mayoría, pero si analizamos por qué un gobierno podría tener intereses en las empresas que se dedican a la información, la conclusión es poco menos que siniestra.

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Si uno de los mayores recelos que tenemos los libertarios son los Estados y su constante voracidad de poder, el PSOE es uno de los mayores exponentes de ello. La prueba de lo que ocurre cuando un partido convierte al Estado en su patrimonio personal y actúa como lo haría cualquier mafia. No hablamos de simples escándalos, sino de un método de gobierno basado en el saqueo, la impunidad y el control absoluto de las instituciones.

Desde el expolio de fondos públicos con la trama Koldo, hasta la utilización de contactos y tráfico de influencias en beneficio de Begoña Gómez, pasando por el fiscal general del Estado, la gestión del PSOE responde a un patrón: el poder como negocio y la política como un seguro de inmunidad judicial. La normalización del robo, el blindaje institucional de los responsables y el uso de los organismos del Estado como herramientas para protegerse a sí mismos, son ya parte de la esencia del Partido Socialista Obrero Español.

Desde que Sánchez accediera a la presidencia del partido de forma difusa, y posteriormente a la presidencia del gobierno, los escándalos y casos de corrupción no han hecho más que aumentar. Y junto con los medios afines y parte de los organismos judiciales, todos los esfuerzos se han centrado en desviar la atención, señalar a la turbo ultraderecha como la culpable de la proliferación de bulos, mediante el uso del lawfare, y en mantenerse en el poder a pesar de que el cerco cada vez se estrecha más en torno a la figura del presidente del gobierno.

Pero claro, si hay Estados de por medio, podemos esperar lo peor.

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Listas de espera interminables, falta de recursos, impuestos que nunca parecen ser suficientes… ¿Y aún cree que la sanidad estatal es la única opción? ¿Y si existiera una alternativa?

Un sistema basado en la competencia, la innovación y la libertad de elección."

¿Podría el libre mercado ofrecer una atención médica de mayor calidad, accesible y eficiente? ¿Cómo funcionaría? ¿Quién pagaría? ¿Y los más necesitados?

Lo veremos aquí, en La Anarcopedia, una sección de El Punto Ancap.

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