En este episodio, el Lcdo. Miguel A. Rodríguez Ramos analiza el rendimiento del Tribunal Supremo de Puerto Rico durante el año 2025 a la luz de los datos estadísticos más recientes y de la composición actual del pleno. A partir de las cifras sobre opiniones, sentencias y autos de certiorari, se explica cómo la llegada de la Jueza Asociada Camille L. Rivera Pérez y del Juez Asociado Raúl M. Candelario López permitió que el Tribunal volviera a operar con su plantilla completa y con la estructura de tres salas, lo que se tradujo en más opiniones publicadas, menos sentencias divididas y un aumento significativo en la expedición de recursos de certiorari.

El episodio, basado en la columna publicada en Microjuris al Día titulada “Análisis del Tribunal Supremo: Un pleno completo impulsa productividad y alcance en 2025”, discute por qué estos cambios importan para la práctica forense en nuestra jurisdicción.

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En este episodio, el Lcdo. Miguel A. Rodríguez Ramos conversa sobre cuatro proyectos de ley claves para modernizar la práctica legal en Puerto Rico: el P. del S. 765 (UIDDA y enmiendas a las Reglas 25.2 y 40.6 sobre deposiciones y citación de testigos fuera de la jurisdicción), el P. del S. 1028 (reforma a la Regla 55 sobre exequátur y reconocimiento automático de sentencias de otros estados y territorios de Estados Unidos), el P. del S. 1024 (enmiendas a la Ley Núm. 17-1939 sobre admisión al ejercicio de la abogacía, requisito de residencia y estudio de modelos de reciprocidad y exámenes uniformes como el UBE y el NextGen Bar), y el P. del S. 1033 (enmiendas al Art. 77 de la Ley Notarial para establecer honorarios notariales uniformes, obligatorios y no negociables, con pago inmediato de aranceles y sanciones por incumplimiento). A partir del texto de cada medida, se discute cómo estos cambios propuestos pueden abaratar costos, reducir trámites innecesarios, hacerle justicia al notario, facilitar la movilidad profesional y agilizar la ejercicio de derechos reconocidos en otras jurisdicciones.

Además, se reseñan los planteamientos principales de la ponencia de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara en apoyo al P. del S. 765, destacando la importancia de insertar a Puerto Rico en el esquema interestatal de descubrimiento de prueba mediante la adopción de la UIDDA y de armonizar nuestras reglas procesales con las tendencias predominantes en Estados Unidos.

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En este episodio, el Lcdo. Miguel A. Rodríguez Ramos discute la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en Kendall Hope Tucker v. Money Group, LLC y otros, 2026 TSPR 9 (CC-2024-0391), en la cual el Máximo Foro resolvió que, cuando existe un acuerdo de arbitraje válido en un contrato de empleo individual y este incide sobre el comercio interestatal, procede aplicar la Federal Arbitration Act y, por ende, la cláusula arbitral es obligatoria incluso frente a reclamaciones por discrimen instadas al amparo de la Ley Núm. 100.

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En este episodio, el Lcdo. Miguel A. Rodríguez Ramos discute la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en DACO v. LUMA Energy, LLC, y otros, CT-2025-0003, en la cual el Máximo Foro concluyó que la cláusula de relevo de responsabilidad a favor de LUMA constituía, en la práctica, una inmunidad inconstitucional por violar el principio de separación de poderes y limitar el acceso efectivo de los consumidores a los tribunales.

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En este episodio especial, el Lcdo. Miguel A. Rodríguez Ramos invita a la comunidad jurídica a participar de la Conferencia Anual Miriam Naveira Merly, titulada “La Independencia Judicial en estos Momentos”, a celebrarse el viernes, 9 de mayo de 2025, de 1:30 a 3:30 de la tarde, en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Esta importante actividad es organizada por la Fundación del Tribunal Supremo de Puerto Rico y la Facultad de Derecho de la Interamericana.

El licenciado Rodríguez subrayó la importancia de la independencia judicial como pilar esencial de nuestro sistema democrático, especialmente en momentos de creciente polarización y presión pública sobre los tribunales y la necesidad de respaldar instituciones como la Fundación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuya labor contribuye directamente al fortalecimiento institucional, la educación jurídica y la defensa de los valores fundamentales de la justicia.

Si desea participar de la actividad, puede registrarse en el siguiente enlace:https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=uBJiHWK5jEyJyMo4stYWhE7Yy-uGQEhAsauPilqQu01URDVVSzdVNUZHMEpIUkw2T1ZTNkhWSEFZWi4u&route=shorturl

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En este episodio, el Lcdo. Miguel A. Rodríguez Ramos discute la Opinión del Tribunal Supremo en In re: Franco Luis Román Quiles y otros, Ex Parte, 2025 TSPR 45, donde el Tribunal resolvió que no procede exigir una certificación jurada de mensura al promovente de un expediente de dominio que busca inmatricular una finca independiente, cuando este alega carecer de título y presenta alguna mensura que indique la cabida y colindancias. Además, el Tribunal determinó que no procede ordenar la citación de entidades de servicio público como LUMA o la AAA, ni de funcionarios que solo deben ser notificados conforme al artículo 185 de la Ley Núm. 210-2015.

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En este episodio, el Lcdo. Miguel A. Rodríguez Ramos discute la Opinión del Tribunal Supremo en Ramón Luis Santiago Cora v. ELA, 2025 TSPR 44, donde el Tribunal resolvió que el Estado no está obligado a devolver las fotografías de fichaje ni las huellas dactilares a una persona que extinguió su sentencia y eliminó su convicción del Certificado de Antecedentes Penales. No obstante, aclaró que dichos datos deben ser conservados bajo la clasificación de archivo confidencial y pueden mantenerse para fines investigativos como parte de la política pública de seguridad.

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En este episodio, el Lcdo. Miguel A. Rodríguez Ramos discute la Opinión del Tribunal Supremo en Municipio de Río Grande v. Adquisición de Finac 27661 y otros., 2025 TSPR 36, donde el Tribunal resolvió que, ante la posible existencia de un interés federal sobre una propiedad objeto de expropiación forzosa, el Tribunal de Primera Instancia no puede emitir órdenes ni asumir jurisdicción sin antes requerir la comparecencia del gobierno federal. El Supremo enfatizó que las cuestiones jurisdiccionales deben resolverse con preminencia y revocó los dictámenes emitidos sin atender primero esa controversia de umbral.

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En este episodio, el Lcdo. Miguel A. Rodríguez Ramos discute la Opinión emitida por el Tribunal Supremo en In re: Carlos G. Chaves Torres, 2025 TSPR 32, en la que resuelve que en aquellos contratos de arrendamiento donde se incluye una cláusula accesoria de opción a prórroga, cuyo ejercicio requiere del otorgamiento de una escritura pública, los respectivos aranceles notariales por la prórroga se pagarán al momento del otorgamiento de esta última.

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En este episodio, el Lcdo. Miguel A. Rodríguez Ramos discute la Opinión emitida por el Tribunal Supremo en Katiria’s Café, Inc. v. Municipio Autónomo de San Juan, 2025 TSPR 33, en la que resuelve la obligatoriedad, como parte del debido proceso de ley, de celebrar una vista adjudicativa para cuestionar una multa por presunta infracción a la Ley Núm. 161-2009, conocida como Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA sec. 9011 et seq.

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