Sergio Ruiz y Pablo de los Ríos Enríquez (RASL Abogados) han respondido a las preguntas de los oyentes y han aclarado diversas situaciones prácticas.

Los profesionales han recordado los principios básicos de la gestión de la copropiedad. Han subrayado que es necesario verificar los gastos (facturas, presupuestos, etc.) y que, cuando estos sean necesarios o urgentes, deben ser comunicados previamente a los demás propietarios. De esta forma, se facilita la reclamación de las cantidades y se evitan disputas legales.

Los abogados explicaron que, si el impago de suministros por parte del arrendatario está contemplado en el contrato, se puede iniciar un proceso de desahucio. Según la nueva normativa, se requiere un intento de acuerdo antes de poder iniciar el procedimiento. Además, tras los 30 días sin actualizar la deuda, el arrendatario pierde la opción de enervación, lo que significa que, al llegar la demanda, ya no podría pagar y archivar el asunto.

Otro oyente preguntó si es correcto actualizar el alquiler según el IPC tras recibir un burofax, en relación con la nueva legislación. Los abogados explicaron que, en general, el silencio por parte del arrendatario ha sido interpretado como un consentimiento implícito. En cuanto a las actualizaciones, estas dependen de la fecha del contrato y de si se ha pactado expresamente el uso del IPC. Para los contratos anteriores a 2023, la actualización con IPC ha sido correcta. Sin embargo, para los contratos posteriores a 2023, la actualización se realiza con el IRAF, y en este caso es necesario notificar desacuerdo al arrendador.

En otro caso, se explica que una madre donó una vivienda pero siguió viviendo en ella. Según la ley, si se ha reservado un usufructo, el derecho de uso se mantiene. En caso contrario, si la donación fue "pura y simple", el derecho a residir se pierde. Además, se destacó que las donaciones tienen consecuencias fiscales, y, según la situación, podría ser conveniente considerar un pacto sucesorio para conseguir un mayor beneficio fiscal, siempre protegiendo adecuadamente al donante.

En un caso de familia complicada, se explicó que, tras el fallecimiento de la madre, la parte de la herencia de la abuela correspondería a las hijas, a través del derecho de representación. Si hay menores en la familia, el padre (titular de la patria potestad) podrá ejercer el derecho de representación, y en casos complejos, los pasos para autorización judicial serán necesarios, especialmente si hay deudas o riesgos involucrados.