Dieter Brandau relata las irregulares en la mina asturiana desde su primera apertura y desvela las posibles responsabilidades de las administraciones.

El accidente que el pasado 31 de marzo acabó con la vida de cinco trabajadores en la mina de Cerrecedo (Asturias) no solo deja numerosas incógnitas sobre las causas que lo provocaron —según las primeras hipótesis, una explosión de grisú—, sino también un sinfín de dudas sobre la actividad que se desarrollaba realmente en dicha explotación desde que la empresa Blue Solving se hizo cargo de la misma.

"Desde luego, el peso de la ley va a recaer sobre las posibles responsabilidades que aquí se hayan cursado", aseguró a las pocas horas Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno a la par que ministra de Trabajo. Desde entonces, la prensa local, con La Nueva España a la cabeza, ha ido destapando todas las irregularidades que, desde hace años, planean sobre la mina y sus máximos responsables: desde un accidente previo en el que también falleció un trabajador y que destapó la existencia de extracciones ilegales, a denuncias anónimas que, curiosamente, se traspapelaron o la advertencia, dos semanas antes del fatídico accidente, del antiguo propietario de la mina, Victorino Alonso.

Este empresario del carbón, conocido como Don Vito, desveló que los trabajadores ya habían sufrido recientemente algún mareo por la presencia de gas y pidió al Gobierno de Asturias, al Gobierno de España y a la Fiscalía que dictasen una orden irrevocable de cierre, acusando a Blue Solving de querer perpetrar "un burdo engaño", cuando lo único que busca esta compañía es, según sus propias palabras, "una cortada para reabrir un lavadero".

Por si fuera poco, la historia cuenta con dos protagonistas muy conocidas: una, a nivel nacional; otra, a nivel autonómico. La primera es la actual vicepresidenta de Pedro Sánchez Sara Aagesen, quien regó de subvenciones a esta empresa que hoy está en el punto de mira cuando estaba al frente del Instituto de Transición Justa. La segunda, Belarmina Díaz, ascendida a consejera de Transición Ecológica en el Gobierno del socialista Adrián Barbón, a pesar de que, en sus anteriores cargos, fue la receptora de infinidad de denuncias y la máxima responsable de garantizar la seguridad en la mina de Cerrecedo.

El equipo de La Noche de Dieter desvela todos los detalles que ahora deberán tener en cuenta los investigadores y lanza ocho preguntas para la reflexión:

¿Qué hubiera pasado si la mina donde ocurrió el accidente mortal en vez de estar en Asturias hubiera estado en la Comunidad de Madrid?

¿Qué hubiera sucedido si la consejera regional responsable de las minas no fuera de un gobierno socialista?

¿Qué habría ocurrido en estos siete días si a la empresa propietaria de la mina hubiera sido subvencionada generosamente por Isabel Díaz Ayuso o Carlos Mazón?

¿Qué habría pasado si algún gobierno del PP hubiera ignorado advertencias, traspapelado denuncias y desatendido una petición de cierre quince días antes del accidente en la mina?

¿Cuántos cargos del PP habrían sido tachados ya de asesinos? ¿Cuántas manifestaciones habrían pedido ya dimisiones políticas? ¿Cuántos habría recibido amenazas de muerte? ¿Cuántos especiales habríamos visto en televisión?