EN LA MIRA

Morena ya dio el pitazo de salida a la carrera rumbo a las elecciones de 2027. Sus aspirantes recorren calles, organizan asambleas, visitan casas y construyen estructuras territoriales, aunque todavía no comienzan los tiempos legales.

Conviene aclarar las fechas. El proceso electoral federal iniciará el 10 de septiembre de 2026, pero las precampañas comenzarán hasta la primera semana de enero de 2027 y podrán durar un máximo de 40 días. La elección será el 6 de junio. Morena decidió no esperar.

El partido y sus aliados registraron 277 aspirantes para las 17 gubernaturas que estarán en disputa. Oficialmente buscan convertirse en “coordinadores de defensa de la transformación y la soberanía nacional”, pero participan en encuestas, compiten por reconocimiento y realizan recorridos territoriales para conseguir una candidatura.

El caso más evidente es Andrés Manuel López Beltrán, quien anunció que visitará casa por casa las 170 secciones electorales del Distrito 6 de Tabasco, exactamente el distrito que busca representar como diputado federal. Andrea Chávez también recorre Chihuahua mientras pretende convertirse en candidata a gobernadora. Movimiento Ciudadano ya presentó una denuncia contra ambos y contra Cruz Pérez Cuéllar por presuntos actos anticipados de campaña.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, sostiene que no existe ninguna irregularidad porque nadie llama expresamente a votar. Según ella, solamente realizan “presencia territorial”.

Morena conoce perfectamente el resquicio jurídico. Sus aspirantes evitan decir “vota por mí”, pero hacen todo lo demás: anuncian sus aspiraciones, recorren los territorios donde quieren competir, organizan reuniones y buscan posicionarse ante los electores. La legislación también permite sancionar los equivalentes funcionales de una petición del voto, por lo que las autoridades deberían analizar el contexto completo y no limitarse a buscar palabras prohibidas.

El propio INE ha detectado propaganda política en 23 estados, 17 renuncias o licencias de funcionarios que buscan competir y 180 quejas o denuncias en 15 entidades. No puede alegar ignorancia. Aun con toda esa evidencia sobre la mesa, la mayoría del Consejo General, encabezada por Guadalupe Taddei, aplazó por tercera ocasión la discusión de los lineamientos para fiscalizar estos procesos.

El árbitro está haciendo deliberadamente la vista gorda mientras Morena opera fuera de los tiempos legales, posiciona candidatos y acumula meses de ventaja. El INE se pintó de guinda: abandonó su obligación de garantizar un piso parejo y se convirtió en cómplice institucional del partido gobernante.

La estrategia tampoco es nueva. En 2022, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal participaron en actos de Morena en Toluca y Coahuila. El INE emitió entonces medidas cautelares por la posible existencia de una campaña coordinada de proselitismo adelantado. En 2023 llegó la competencia de las “corcholatas”, disfrazada como un proceso para elegir al coordinador nacional de la transformación. Morena aprendió que bastaba con cambiar los nombres y evitar una petición literal del voto.

La oposición puede continuar presentando denuncias, pero ninguna sentencia tardía devolverá el tiempo perdido. Mientras PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y los nuevos partidos esperan respetuosamente el calendario, Morena construye reconocimiento, moviliza estructuras y posiciona candidatos.

Ante esta realidad, la oposición también debe salir a las calles, presentar perfiles, organizar asambleas y recorrer el país desde ahora, incluso asumiendo el riesgo de recibir sanciones por actos anticipados. Los ciudadanos, por su parte, deben documentar los eventos, la propaganda y el dinero utilizado. Si el INE decidió permitir de facto que Morena comenzara su campaña, tendrá que aplicar el mismo criterio para todos.

Una regla que solamente obliga a los adversarios del gobierno deja de ser una regla y se convierte en un arma del poder. Morena ya escuchó el pitazo de salida. La oposición debe decidir si compite o contempla la elección desde la sala de espera de un tribunal.

Arturo Herrera escribe sobre economía, política y cultura. Director de La Derecha Diario México y colaborador en ADN Noticias.

Cómo olvidar que hace poco más de un año Volodymyr Zelensky fue humillado públicamente en la Casa Blanca.

La reunión de febrero de 2025 debía culminar con la firma de un acuerdo sobre minerales entre Estados Unidos y Ucrania. Terminó convertida en uno de los enfrentamientos diplomáticos más extraordinarios transmitidos desde el Despacho Oval. El vicepresidente JD Vance acusó al mandatario ucraniano de no mostrar suficiente gratitud. Brian Glenn, periodista de un medio afín a Donald Trump, le reprochó que no llevara traje. Trump le advirtió que no tenía “las cartas” y que estaba arriesgándose a provocar una tercera guerra mundial.

Zelensky intentó argumentar que las concesiones y la diplomacia no habían detenido anteriormente a Vladimir Putin. También advirtió que la distancia geográfica no protegería eternamente a Estados Unidos de las consecuencias de una victoria rusa. Pero, frente a las cámaras, la discusión dejó de ser sobre seguridad europea. Se transformó en una representación pública de jerarquía y subordinación: el líder de una nación invadida debía reconocer que dependía de Trump y comportarse en consecuencia.

La visita terminó abruptamente. La conferencia de prensa fue cancelada y Zelensky abandonó la Casa Blanca sin firmar el acuerdo. La relación, además, ya arrastraba el episodio de 2019, cuando Trump presionó al gobierno ucraniano para anunciar investigaciones políticamente perjudiciales para Joe Biden, controversia que desembocó en su primer juicio político.

Visto desde aquel día, el cambio posterior parece un deus ex machina. Trump elogia ahora la resistencia de Ucrania, reconoce la eficacia de Zelensky y contempla nuevas formas de cooperación militar. El hombre al que había tratado como un peticionario insolente vuelve a ser recibido como interlocutor. Al mismo tiempo, figuras de MAGA que durante años difundieron argumentos favorables a Rusia han comenzado a reconocer que fueron engañadas por la propaganda del Kremlin.

Pero el giro tiene explicaciones. Confluyeron el fracaso diplomático de Trump con Putin, la adaptación militar de Ucrania, la creciente participación europea en el costo de la guerra, las divisiones internas de MAGA y una campaña de comunicación ucraniana que entendió algo fundamental: no era necesario convencer a la derecha trumpista de abandonar su visión del mundo. Bastaba con aprender a insertar la causa de Ucrania dentro de ella.

Cuando los halagos dejaron de funcionar

Cuando Trump regresó a la presidencia en 2025, trató la guerra a partir de una premisa sencilla: Rusia era la potencia superior, Ucrania no tenía las cartas y la forma más rápida de detener las muertes era presionar al actor más dependiente de Washington.

Ucrania tendría que ceder territorio, renunciar a algunas de sus aspiraciones y comprender que Estados Unidos no sostendría indefinidamente su resistencia. Putin, por su parte, sería atraído hacia un acuerdo mediante reconocimiento, diálogo directo y elogios públicos.

Trump ha utilizado repetidamente una combinación de adulación, incentivos y amenazas con dirigentes autoritarios. Reconoce su poder, elogia su inteligencia o fortaleza y establece una relación personal que, en teoría, le permite negociar fuera de los canales diplomáticos tradicionales. Cuando los elogios no producen concesiones, puede recurrir a sanciones, humillaciones o fuerza militar. No siempre es posible distinguir cuánto corresponde a una técnica consciente y cuánto a la fascinación genuina de Trump por el poder personal. En su diplomacia conviven el cálculo negociador, la impaciencia, la búsqueda de reciprocidad y la necesidad de presentar cualquier acuerdo como producto de su influencia.

Con Putin, la fórmula no produjo el resultado esperado.

Trump ofreció interlocución y deferencia mientras concentraba inicialmente la presión sobre Kyiv. Zelensky, después del desastre en el Despacho Oval, adaptó su comportamiento. Aceptó públicamente la necesidad de negociar, elogió el concepto trumpista de “paz mediante la fuerza” y comenzó a reconstruir la relación personal. Su breve conversación con Trump durante el funeral del papa Francisco marcó el inicio de una recomposición visible de la relación.

Putin no mostró una flexibilidad equivalente. La guerra continuó, Rusia mantuvo sus ataques y el acuerdo rápido prometido por Trump no se materializó. El límite de esta diplomacia quedó expuesto en la cumbre de Alaska de agosto de 2025. Trump recibió a Putin con una ceremonia cuidadosamente escenificada, pero las conversaciones concluyeron antes de lo previsto, se cancelaron el almuerzo y una segunda ronda entre las delegaciones, y el presidente ruso abandonó Anchorage sin conceder el alto el fuego que Trump buscaba.

La lógica comenzó entonces a invertirse. Si presionar a Ucrania no conseguía terminar la guerra y Putin no respondía a la deferencia con concesiones, Washington necesitaba aumentar nuevamente el costo de la intransigencia rusa. Para ello, Ucrania tenía que seguir siendo capaz de combatir.

Europa paga, Estados Unidos vende

Mientras la relación de Trump con Putin se deterioraba, Europa también estaba cambiando.

La invasión rusa de 2022 ya había impulsado un aumento del gasto militar europeo, pero la presión de Trump aceleró esa transformación. Los gobiernos europeos comenzaron a asumir una parte mayor del costo de sostener a Ucrania.

El nuevo arreglo resulta particularmente compatible con America First. Países europeos y Canadá financian armamento estadounidense que después es enviado a Ucrania. Washington conserva el control sobre tecnologías que Europa todavía no puede proporcionar en cantidades suficientes, la industria militar estadounidense recibe los contratos y Trump puede asegurar que el contribuyente de su país ya no carga solo con la defensa europea.

Europa paga. Estados Unidos fabrica y vende. Ucrania recibe las armas.

La fórmula modificó la percepción política del apoyo a Kyiv. Lo que antes podía presentarse ante los votantes republicanos como ayuda exterior ilimitada comenzó a describirse como reparto de cargas, expansión industrial y venta de productos estadounidenses.

Hay muchas cosas que criticar de Trump, pero también hay que reconocer que ésta fue una victoria política para el presidente. Podía continuar ayudando a Ucrania sin aceptar el lenguaje internacionalista de la administración Biden. Y, pese a los pronósticos sobre la destrucción de la OTAN, su presión contribuyó a fortalecer algunas capacidades militares europeas frente a Rusia.

Algo semejante ocurrió en el campo de batalla. Afirmar que Ucrania está ganando la guerra sería prematuro. Rusia conserva ventajas considerables. Pero Ucrania dejó de parecer condenada.

La combinación de drones de bajo costo, inteligencia, guerra electrónica, sistemas autónomos y ataques profundos contra instalaciones energéticas y líneas logísticas rusas elevó el precio de cada avance. Rusia puede seguir conquistando territorio, pero esas ganancias no han demostrado que pueda destruir al Estado ucraniano ni imponer una victoria rápida.

Ucrania tampoco necesita marchar sobre Moscú. Necesita demostrar que Rusia no puede destruirla, que puede imponerle costos y que Putin todavía tiene algo que perder en una negociación.

Decir que Trump cambió simplemente porque “le gustan los ganadores” reduce una transformación estratégica a una peculiaridad psicológica. Lo importante es que Ucrania recuperó capacidad de negociación. Dejó de ser exclusivamente el actor débil al que Washington debía obligar a rendirse y volvió a convertirse en una posible fuente de presión sobre Putin.

Pero eso resolvía sólo una parte del problema. Ucrania podía mejorar su posición militar y seguir perdiendo la guerra política dentro de MAGA.

Aprender el idioma del adversario

Durante años, Tucker Carlson y otros comunicadores presentaron la guerra como un enfrentamiento entre dos civilizaciones: por un lado, una Rusia cristiana y tradicional; por el otro, una Ucrania controlada por élites occidentales, seculares y globalistas. Las disputas alrededor de la Iglesia ortodoxa vinculada al Patriarcado de Moscú fueron utilizadas para afirmar que Zelensky perseguía a los cristianos. La acusación se mezcló con narrativas sobre nazismo, corrupción y despilfarro de recursos estadounidenses.

Para una audiencia marcada por las guerras de Irak y Afganistán, profundamente desconfiada de las agencias de inteligencia, los medios tradicionales y el establishment diplomático, los llamados a “defender la democracia” podían sonar como otro pretexto para iniciar una guerra interminable.

Ucrania necesitaba apoyo político que no dependiera de la credibilidad de las instituciones rechazadas por MAGA.

Parte de ese esfuerzo surgió del Ukraine Freedom Project, una organización fundada por Steven Moore, antiguo jefe de gabinete en la Cámara de Representantes. Moore llegó a Ucrania pocos días después de iniciada la invasión y convirtió una operación de ayuda humanitaria en una red de información y persuasión dirigida, entre otros públicos, a legisladores republicanos, asesores del Congreso y medios conservadores.

La intuición era sencilla: pedir a los nacionalistas cristianos que adoptaran el lenguaje del internacionalismo liberal tenía pocas posibilidades de funcionar. Era más eficaz demostrarles que la imagen de Putin como amigo y protector de los cristianos era una construcción propagandística.

La organización recopiló testimonios de pastores protestantes perseguidos en territorios ocupados, documentó iglesias destruidas y produjo materiales sobre la represión religiosa rusa. El argumento ya no era que los conservadores estadounidenses debían abandonar sus valores para apoyar a Ucrania. Era exactamente el contrario: esos mismos valores podían conducirlos a desconfiar de Putin.

La estrategia comenzó a producir resultados visibles en 2026.

El Ukraine Freedom Project llevó a Andrew Moore, productor del programa de Laura Loomer, a Ucrania. Durante la visita le mostró una iglesia evangélica bombardeada y le permitió acompañar a una unidad ucraniana de drones para observar su trabajo. Andrew regresó con una visión distinta del conflicto.

Loomer comenzó después a reconocer públicamente que había sido engañada por propaganda rusa. Cuando ella misma viajó a Ucrania, su itinerario reprodujo los elementos centrales de aquella estrategia: sitios religiosos atacados, tecnología militar ucraniana, testimonios sobre la vida bajo los bombardeos y una entrevista con Zelensky. Desde el interior de una iglesia dañada, acusó a Putin de hipocresía por presentarse como protector del cristianismo.

La decisión de Zelensky de recibirla difícilmente puede considerarse rutinaria. El presidente ucraniano abrió las puertas a una activista que anteriormente lo había acusado de nazi. En lugar de castigarla por sus declaraciones anteriores, aprovechó la oportunidad de convertir su cambio de postura en un mensaje dirigido precisamente al público que Ucrania tenía mayores dificultades para alcanzar.

Zelensky había entendido el mecanismo: no se trataba de conseguir que Loomer hablara como él. Se trataba de conseguir que pudiera defender a Ucrania hablando como Loomer.

La guerra dentro de MAGA

El giro de Loomer y de otros influencers plantea la posibilidad de alguna coordinación, pero no hace falta suponer una operación centralizada para explicar el fenómeno. También puede observarse un circuito de retroalimentación entre Trump, los activistas y los medios MAGA.

Trump cambia de tono y crea permiso político para reconsiderar a Ucrania. Los activistas proucranianos identifican esa apertura y ofrecen a los influencers una narrativa compatible con su audiencia. Los influencers amplifican el mensaje y demuestran que apoyar a Kyiv ya no implica abandonar America First. Trump observa esa reacción y obtiene mayor libertad para endurecer su posición frente a Putin.

La influencia circula en ambas direcciones. Trump orienta a los influencers, pero éstos también ayudan a determinar qué opciones puede presentar a su base sin parecer que traiciona sus promesas.

Eso importa porque MAGA nunca fue un bloque ideológico uniforme. Incluye nacionalistas no intervencionistas que consideran cualquier guerra exterior una traición a America First; sectores pro-Israel dispuestos a utilizar el poder estadounidense contra Irán; republicanos tradicionales partidarios de la OTAN; nacionalistas cristianos atraídos por la retórica de Putin, y seguidores cuya posición cambia con la del presidente.

La guerra con Irán profundizó esas divisiones. Tucker Carlson, Candace Owens y otras figuras se alejaron del sector pro-Israel, mientras Loomer se convirtió en una de sus defensoras más agresivas. La relación de Rusia con Irán permitió conectar ambos conflictos: apoyar a Ucrania podía presentarse ahora como parte de la confrontación contra un mismo eje adversario.

Las iglesias bombardeadas cumplen dentro de ese marco una función política adicional. Permiten disputar a Tucker y a los nacionalistas cristianos el monopolio del argumento religioso. Putin deja de ser el hombre que protege a los creyentes frente al secularismo occidental y puede ser presentado como el aliado de Teherán que persigue a protestantes y destruye templos.

Kyiv comprendió así una segunda cosa: MAGA no sólo podía ser persuadido en sus propios términos. También estaba dividido, y algunas de esas divisiones podían favorecer a Ucrania.

La disputa comienza incluso a proyectarse sobre la sucesión de Trump. JD Vance mantiene afinidades con el sector no intervencionista y con Tucker Carlson; Marco Rubio representa una tradición más favorable a las alianzas, a Israel y al uso del poder estadounidense. El debate sobre Ucrania empieza así a confundirse con otra lucha: quién heredará MAGA y qué significará America First después de Trump.

Un salto mortal calculado

Nada garantiza que el acercamiento de Trump a Zelensky sea permanente. Trump podría modificar nuevamente su posición si Putin le ofrece un acuerdo que pueda presentar como victoria. Tampoco sabemos si la conversión de algunos influencers sobrevivirá al siguiente cambio de coyuntura.

La estrategia ucraniana se parece a uno de esos clavados de Acapulco: un salto mortal ejecutado desde una altura enorme, entre rocas y con muy poco margen de error. Kyiv apuesta a que puede entrar en el mundo de MAGA, aprovechar sus divisiones y utilizar sus canales de influencia sin quedar atrapado en sus conflictos internos.

Pero ya consiguió algo que parecía improbable después de la humillación del Despacho Oval. Preservó la relación con Washington, consiguió que Europa asumiera una mayor carga, recuperó capacidad militar y encontró una entrada al ecosistema político estadounidense que más hostil le había resultado.

Y lo hizo mediante una operación política más sofisticada que intentar convertir a MAGA al atlantismo, al multilateralismo o al liberalismo internacional. Seleccionó aquellos aspectos de la realidad ucraniana que podían ser comprendidos dentro de las categorías de su interlocutor: cristianos perseguidos, empleos estadounidenses, drones, petróleo, Irán, propaganda rusa y la posibilidad de que Trump consiga la paz que Putin le ha negado.

Ésa puede ser la lección más interesante de la historia. Persuadir no siempre consiste en conseguir que el adversario acepte nuestro marco mental. A veces consiste en descubrir qué parte de nuestra causa puede ser comprendida dentro del suyo.

Ucrania no pidió a MAGA que cambiara de mundo. Aprendió a encontrar un lugar dentro de él.

Yuri Pérez escribe sobre política internacional, cultura, derecho y poder.

Hay quienes creen que no hay motivo para preocuparse por la censura de este gobierno porque se ha mostrado torpe en múltiples ocasiones. Suponen que un Estado que parece incompetente difícilmente podrá controlar lo que millones de personas dicen, leen o publican. Es una conclusión equivocada.La aparente estupidez del censurador no es un motivo de tranquilidad; es precisamente lo que debería preocuparnos.Y no porque los funcionarios sean incapaces. El problema es mucho más profundo. Mientras más responsabilidades asume el Estado, más incapaz se vuelve de cumplirlas correctamente. La censura es apenas la más reciente de una larga lista de tareas que el gobierno ha decidido adjudicarse.Ahora pretende decidir qué es un hecho, qué es una opinión, qué constituye desinformación y cuándo un medio de comunicación ha incumplido con el llamado “derecho a las audiencias”. Es decir, el propio gobierno aspira a convertirse en árbitro de la verdad.Esa idea parte de una premisa profundamente equivocada: que basta con crear una oficina, nombrar funcionarios y expedir lineamientos para resolver un problema tan complejo como el debate público.La historia demuestra exactamente lo contrario.Los gobiernos no se vuelven más eficientes porque acumulen más atribuciones. Se vuelven más lentos, más burocráticos y más propensos al error. Cada nueva facultad consume recursos, tiempo, presupuesto y personal. Ninguna institución posee capacidad infinita. Mientras más tareas concentra una burocracia, peor termina desempeñando todas.El mejor ejemplo no está en un país pobre ni atrasado. Está en una de las mayores potencias del siglo XX.La Unión Soviética reunió a algunos de los mejores matemáticos, físicos e ingenieros del mundo. Nadie podría afirmar seriamente que el desastre de Chernóbil ocurrió porque los soviéticos fueran intelectualmente inferiores. Ocurrió porque el sistema burocrático había concentrado tal cantidad de funciones y poder que terminó privilegiando la obediencia sobre la verdad, la propaganda sobre la transparencia y los objetivos políticos sobre la realidad.Cuando una burocracia administra demasiado, termina administrando mal.Y cuando además administra la verdad, el riesgo es todavía mayor.Eso es exactamente lo que hoy pretende hacer el gobierno mexicano.Bajo el pretexto de proteger a las audiencias, el Estado quiere facultades para evaluar contenidos, distinguir hechos de opiniones, atender quejas sobre información difundida y determinar si un medio cumplió o no con los criterios establecidos por la autoridad.La pregunta es inevitable.¿Quién decide qué es un hecho y qué es una opinión?¿Quién determina cuándo un contexto fue suficiente?¿Quién establece que una interpretación política es válida y otra constituye desinformación?No existe una respuesta objetiva para esas preguntas.Sin embargo, el gobierno pretende que una burocracia las responda todos los días para miles de contenidos distintos.Es una tarea imposible.No porque los funcionarios sean necesariamente incompetentes, sino porque ninguna institución puede revisar, comprender y juzgar de manera objetiva el enorme volumen de información que circula diariamente. Mucho menos cuando esa misma institución depende del poder político y está sujeta a presiones, prioridades y cambios de gobierno.Toda burocracia comete errores.La diferencia es que un error administrativo puede retrasar un trámite. Un error del censurador puede silenciar una investigación periodística, inhibir una crítica legítima o provocar que un medio prefiera callar antes que enfrentar procedimientos administrativos.Así comienzan muchas formas de censura.No con policías cerrando periódicos. No con periodistas encarcelados.Empiezan con organismos reguladores, lineamientos, procedimientos, verificaciones y funcionarios convencidos de que pueden decidir qué información merece la confianza del público.

La libertad de expresión nunca ha dependido de que exista una autoridad encargada de administrar la verdad. Depende precisamente de lo contrario: de que existan múltiples voces, múltiples interpretaciones y ciudadanos libres para comparar, cuestionar y formarse su propio juicio.La democracia no necesita un ministerio de la verdad.Necesita un gobierno que entienda los límites de su propio poder.Porque la estupidez del censurador no consiste en que quienes integran el gobierno carezcan de inteligencia.Consiste en creer que una burocracia, por el simple hecho de recibir nuevas facultades, adquiere también el conocimiento, el tiempo y la imparcialidad necesarios para decidir qué millones de ciudadanos pueden decir, escuchar o creer.La historia demuestra que nunca ha sido así.Y México no será la excepción.

Arturo Herrera escribe sobre economía, política y cultura. Director de La Derecha Diario México y colaborador en ADN Noticias.

La libertad de expresión es un derecho humano, pero el gobierno no es un ser humano. Los ciudadanos tienen derechos; el gobierno tiene facultades, límites y obligaciones. Por eso, cuando Claudia Sheinbaum habla como Presidenta, desde Palacio Nacional, mediante canales oficiales y utilizando recursos públicos, no habla como una ciudadana cualquiera. Habla el Poder Ejecutivo.La libertad de expresión existe para proteger a las personas frente al poder, no para proteger al poder cuando decide utilizar toda la fuerza del Estado contra una persona. Una Presidenta no puede señalar, exhibir, descalificar o atacar a un ciudadano y después pretender que sólo estaba expresando una opinión. Sus palabras no son privadas. Son una manifestación del poder público.Una persona puede decir algo equivocado, incómodo, absurdo, provocador o impopular. Puede ser criticada y sus argumentos pueden ser refutados. Eso forma parte de una sociedad libre. Pero una cosa es que el gobierno exprese desacuerdo con una idea y otra muy distinta es que pronuncie el nombre de quien la expresó, muestre su rostro, la adjetive, la desacredite y la coloque frente a millones de personas como enemiga, adversaria o amenaza.Eso no es un debate entre iguales. Es un señalamiento desde el poder.El ciudadano señalado sólo tiene su propia voz. La Presidenta tiene Palacio Nacional, funcionarios, presupuesto público, medios oficiales y toda la autoridad política y simbólica del Estado mexicano. Cuando ella habla, sus palabras pueden provocar campañas de hostigamiento, amenazas, persecución pública y consecuencias reales para la persona atacada. Por eso, lo que para un ciudadano puede ser una opinión, para un gobernante puede convertirse en un acto de poder.El artículo 1 de la Constitución obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. No autoriza a la Presidencia a convertir el aparato gubernamental en una maquinaria de intimidación contra quienes ejercen esos derechos.El artículo 134 establece que la comunicación gubernamental debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. La conferencia presidencial no es propiedad de Claudia Sheinbaum. No es su cuenta personal, su programa de opinión ni una tribuna financiada por todos los mexicanos para ajustar cuentas con ciudadanos.El gobierno puede informar. Puede explicar sus decisiones, defender sus políticas y responder a los argumentos de sus críticos. Lo que no puede hacer es utilizar los recursos del Estado para estigmatizar, exhibir o atacar a una persona.El problema no es únicamente lo que se dice. Importa quién lo dice, desde dónde lo dice y qué poder tiene detrás. Una descalificación pronunciada por cualquier ciudadano no tiene el mismo significado ni las mismas consecuencias que una descalificación pronunciada por la titular del Poder Ejecutivo desde Palacio Nacional.Filosóficamente, los derechos pertenecen a las personas porque son límites frente al poder. El gobierno no puede apropiarse de las libertades creadas para contenerlo y utilizarlas como justificación para atacar a los gobernados. El Estado no es una persona vulnerable que necesite protección frente a los ciudadanos. Es la institución que concentra el poder y que, precisamente por eso, debe estar permanentemente limitada.La libertad de expresión pertenece a las personas. Al gobierno le corresponde respetarla y garantizarla.Claudia Sheinbaum no tiene derecho a la libertad de expresión cuando habla como Presidenta. Tiene poder. Y precisamente porque tiene poder, sus palabras deben estar sometidas a la Constitución y a los derechos de los ciudadanos.

Arturo Herrera escribe sobre economía, política y cultura. Director de La Derecha Diario México y colaborador en ADN Noticias.

Es domingo, flojo y cálido. Sentada a la sombra, en el patio, escucho a lo lejos el televisor de la sala. Luisito Comunica aparece en pantalla.

“Los saludo esta mañana un tanto aterrado, que esa es la palabra.”

Explica que publicó un video sobre el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial. Mostró a una parte del público que, según él, no lucía muy entusiasmada con BTS. Le llovieron miles de mensajes, varios de ellos amenazantes. Volvió a grabar:

“Tengo miedo, no es broma, de verdad tengo miedo.”

Pidió disculpas. Rogó que dejaran de atacarlo.

Sus palabras me detuvieron. Luisito Comunica es de las figuras más influyentes de internet en español: ronda 46 millones de suscriptores en YouTube, 33 millones en Instagram y 18 millones en TikTok. Sus videos acumulan más de 11,800 millones de reproducciones. Ni con esa fuerza digital se sintió a salvo de una avalancha en redes.

El episodio expone lo que llamaré un ciclo de escalamiento autoalimentado: una frase provoca una reacción, la reacción forma bandos, los bandos convierten la discusión en batalla, la causa original se disuelve y el sistema premia a quien concentre más atención, seguidores u hostilidad.

El coliseo sin árbitro

Imaginen un coliseo sin árbitro. Alguien entra a la arena y pronuncia una frase. Al principio la multitud discute lo que dijo. Después se divide en tribus y salta al ruedo. Pronto nadie recuerda la frase original: unos combaten para destruir a los otros.

En las gradas hay un marcador, pero no mide quién tiene razón, sino quién provoca más gritos. Cada insulto atrae público y cada ataque suma seguidores nuevos; el sistema no distingue entre pelea y contenido. No gana el argumento más sólido, sino el gladiador con el megáfono más grande. Y en cuanto termina una pelea, el marcador ya busca la siguiente.

Este mecanismo no sólo intimida a una personalidad con audiencia gigantesca. También sirve para introducir una idea, multiplicarla y colocarla al centro de la conversación pública. Así entiendo la viralización repentina de Natalia Torres —abogada y comentarista que saltó a la fama tras una frase en un podcast— y de una pregunta que hasta hace poco vivía fuera del debate político mexicano: si todos los ciudadanos adultos deben conservar el derecho a votar.

El coliseo no elige por sí solo el motivo de la pelea. Necesita que alguien arroje una idea a la arena. Aquí llegó en forma de pregunta: “¿Todos deberían votar?”La eficacia de esa formulación no está en responderla, sino en volver imaginable su premisa. Desde que se pregunta si todos deben votar, se abre la posibilidad de que algunos no deban hacerlo. La discusión posterior puede rechazar esa posibilidad, pero ya no puede impedir que circule: cada respuesta, incluso la indignada, la amplifica.

El debate deja de ser sobre lo que dijo Natalia Torres. Pasa a ser sobre si el sufragio universal sigue siendo un principio democrático o vuelve a ser una cuestión negociable.La idea es vieja. Vuelve a estar de moda.

Una idea marginal que busca audiencia

Lo nuevo no es la idea, sino su reaparición en ciertos sectores de la extrema derecha occidental y su capacidad para viajar, con ropa renovada, por pódcast, videos y redes.

En Estados Unidos, figuras como el pastor nacionalista Joel Webbon, Nick Fuentes o el inversor Peter Thiel han cuestionado abiertamente el sufragio universal. La impugnación de la democracia igualitaria no es política oficial de toda la derecha, pero existe, circula y encuentra audiencias jóvenes en el ecosistema digital.

En México, la polémica nació en el pódcast Leo y Nacho. Un conductor dijo que Natalia decidiría que no todos deberían votar, y que él estaba de acuerdo con ella. Torres contestó: “Yo creo que no”. Después defendió exigir conocimientos mínimos sobre el funcionamiento del Estado y, tras la reacción, aclaró que su propuesta era una sesión informativa del INE antes de expedir la credencial.

Defender la educación cívica es una cosa. Condicionar un derecho político a una acreditación estatal es otra, completamente distinta, aunque se presente con la forma modesta de una charla de una hora.

Lo que el civismo no enseña

Mi hipótesis es que Natalia Torres convirtió —por cálculo o por habilidad para aprovechar la reacción posterior— una provocación eficaz en una oportunidad para ganar visibilidad.

Independientemente de la intención inicial, el procedimiento y sus resultados están a la vista.

Si la preocupación fuera mejorar el voto informado, una abogada constitucionalista habría empezado por un dato elemental: la educación cívica ya existe en México, aunque sus resultados sean insuficientes. El currículo oficial aborda desde primaria la organización del Estado, los límites de la autoridad y la separación de poderes. En secundaria se profundiza en el Estado de derecho y los contrapesos. El Plan de Estudio 2022 y las plataformas del INE complementan esos contenidos desde hace años.

No cito estos programas para aplaudir la educación mexicana, que admite críticas severas. Los cito porque la formación cívica no es un descubrimiento reciente.

El primer problema del argumento de Torres es que confunde el déficit. La clase de civismo enseña que hay tres poderes y elecciones periódicas. No enseña economía ni política pública, ni las preguntas que de verdad exigirían un voto sofisticado: ¿más mercado o más Estado?, ¿desregular o vigilar más de cerca?, ¿qué costo tiene cada promesa de campaña? Ese es el conocimiento que faltaría para votar “bien informado”, y ninguna sesión de una hora del INE lo va a resolver.

El segundo problema es más incómodo. Aunque México resolviera ese déficit, seguiría sin resolverse la variable decisiva: la calidad de la oferta electoral. No importa cuánto sepa el votante si la boleta está llena de candidatos mediocres. Un electorado perfectamente informado sigue votando, en el mejor de los casos, por el menos malo. Votamos con lo que tenemos: conocimientos parciales, experiencia personal, percepción de la realidad, lealtades, agravios y emociones. Para muchos cuenta el beneficio inmediato, aunque el horizonte no pase de seis años.

El electorado mexicano, además, sabe castigar a sus gobernantes. En 2018, Andrés Manuel López Obrador obtuvo 53.19 por ciento de los votos —más de 30 millones— en una elección que sus adversarios reconocieron. No fue el resultado que yo hubiera preferido, pero fue una victoria democrática indiscutible. Descalificar al votante porque eligió algo que a uno le parece un error dice más de quien pierde que de quien votó.

El círculo rojo dentro del círculo rojo

La polémica cambió de eje cuando la presidenta Claudia Sheinbaum la retomó en su conferencia matutina y calificó la propuesta de absurda, antidemocrática, regresiva y porfirista. A partir de ahí, buena parte de la conversación dejó de discutir la restricción del voto y empezó a presentar a Natalia como víctima del poder presidencial.

Ahí entró el círculo rojo dentro del círculo rojo: académicos, comentaristas y figuras públicas con la formación necesaria para reconocer una pregunta cargada y entender la mecánica de las redes.

No son ingenuos arrastrados por accidente. Tienen el conocimiento, el prestigio y la influencia para devolver el debate a su punto de partida. Varios prefirieron, en cambio, sumarse al encuadre que ya dominaba la arena: Natalia como víctima, su planteamiento como curiosidad intelectual.

No puedo conocer la motivación de cada uno. Sería irresponsable atribuirles una estrategia concertada sin pruebas. Pero el efecto público sí se observa: al subirse a la corriente más visible, ganan atención y aprobación, y prestan su autoridad a una sustitución narrativa. La discusión sobre condicionar el voto queda enterrada bajo la discusión sobre el trato que recibió quien puso esa posibilidad sobre la mesa.

Una heroína de utilería

Vale la pena ser precisos sobre quién es Natalia Torres, porque el círculo rojo construyó, sobre la marcha, a alguien distinta.

Ante una pregunta concreta en un pódcast, Torres dio una primera respuesta tajante. Cuando llegó el costo, la reformuló como una propuesta de sesión informativa. Ahí está el material completo: no una mártir de la libre expresión ni una heroína incomprendida, sino alguien que hizo una afirmación grave y después intentó reducir su alcance.

Torres, en esta historia, es apenas el pretexto. La maquinaria que la convirtió en estandarte es lo que merece atención, porque fabricar mártires con material dudoso es, exactamente, el oficio que la oposición dice combatir en el oficialismo.

El oficialismo fabrica sus propios símbolos de persecución cuando le conviene: convierte cualquier crítica en agravio y cualquier adversario en víctima del poder. Que ahora ciertos sectores opositores hayan reproducido el mecanismo en sentido inverso —convirtiendo a Natalia en víctima ejemplar— demuestra que la lógica es idéntica; sólo cambia el logotipo.

La evidencia más clara de este juego no es lo que dijo Torres, sino la velocidad con la que sectores opositores —incluido el círculo rojo dentro del círculo rojo— decidieron que la pregunta importante ya no era si el voto debe restringirse, sino quién la estaba atacando injustamente.

El costo con los switchers

Ese giro tiene un precio, y lo pagan quienes menos culpa tienen.

Pensemos en los votantes móviles: simpatizan con la oposición sin ser militantes; hoy podrían votar por el PAN y mañana por Morena, o viceversa. En la jerga electoral, son switchers.

¿Qué pasa cuando uno de ellos ve el coliseo en marcha y termina asqueado?

Las críticas de podcasters y voceros oficialistas encuentran entonces un terreno que antes no tenían. Gente que jamás les habría prestado atención empieza a escucharlos distinto. De pronto, alguna acusación contra la oposición les hace clic.

Si esos votantes perciben que la oposición explota los linchamientos para fabricar mártires con la misma soltura que le reprocha al régimen, pueden concluir que “todos son iguales” y negarle una oportunidad a ambos. Al copiar la práctica que denuncia, la oposición no gana terreno: expulsa justo al electorado que necesita conquistar y le regala al oficialismo el argumento perfecto —que sus adversarios hacen lo mismo que dicen combatir.

Una audiencia para los márgenes

Hay un segundo costo, más lento y más difícil de revertir.

La viralización de “¿todos deberían votar?” no sólo amplía una discusión momentánea. También envía una señal a los sectores más radicales: existe audiencia dispuesta a escuchar posiciones que hasta hace poco vivían en los márgenes.

Cada respaldo y cada justificación les permite medir el terreno y confirmar que ciertas ideas pueden salir de los círculos extremistas sin presentarse todavía como programa político. Lo que hoy parece una pregunta inocente puede volverse, mañana, una postura organizada con voceros y aspiraciones de poder.

La relevancia pertenece a los oportunistas

Se dice que la vida es de los audaces. Cada día pienso más que, en internet, la relevancia pertenece a los oportunistas. Esta vez le tocó demostrarlo a la oposición: por reflejo, no por diseño, terminó jugando el mismo juego que dice querer derrotar.

El debate que sí valía la pena —qué tanto sabe realmente un elector informado, y qué se hace con una oferta de candidatos mediocre— quedó enterrado bajo la conversión de Natalia Torres en heroína o víctima.

Antes del estruendo, alguien preguntó si todos debían votar. Natalia Torres pudo defender el sufragio universal o desarrollar una propuesta seria de educación cívica que no condicionara ese derecho.

En cambio, dijo: “Yo creo que no”.

La oposición, mientras tanto, levantó un altar.

Yuri Pérez escribe sobre política internacional, cultura, derecho y poder.

La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de viajar a Nueva York en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana fue correcta. Así de simple.Su vuelo comercial fue cancelado y la agenda diplomática de la jefa del Estado mexicano no podía quedar a merced de los horarios de una aerolínea. Un presidente no es un turista. Representa a una nación de más de 130 millones de personas y debe contar con todas las herramientas necesarias para cumplir sus responsabilidades.Durante años se nos quiso convencer de que viajar en vuelos comerciales era una muestra de humildad y cercanía con el pueblo. Nunca lo fue. Fue una narrativa populista que sacrificó la lógica institucional para construir un símbolo político.Los jefes de Estado no utilizan aeronaves oficiales por lujo. Las utilizan porque su tiempo vale, porque deben mantenerse comunicados permanentemente y porque pueden enfrentar una emergencia nacional en cualquier momento.Basta recordar el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Enrique Peña Nieto se dirigía a Oaxaca cuando ocurrió el sismo y tuvo que regresar de inmediato a la Ciudad de México para encabezar la respuesta del Estado. ¿Alguien imagina al presidente haciendo fila en un aeropuerto esperando un vuelo disponible mientras el país enfrenta una crisis? Esa sola imagen demuestra lo absurdo del discurso que durante años impulsó el obradorismo.Por eso la decisión de utilizar un avión militar fue correcta. Lo verdaderamente interesante es que terminó exhibiendo la contradicción de un movimiento político que convirtió al avión presidencial en uno de sus principales símbolos de campaña.Pero la mayor contradicción ocurrió en otro frente.Los defensores del gobierno argumentaron que la presidenta no acudió únicamente a la final del Mundial, sino a una reunión de jefes de Estado convocada alrededor del evento. Y tienen razón. Ahí estuvieron Donald Trump, Mark Carney, Pedro Sánchez y los reyes de España.Precisamente por eso resulta imposible no hacerse una pregunta.Si un evento futbolístico podía justificar la presencia de la presidenta por la importancia diplomática que lo rodeaba, ¿por qué decidió ausentarse de la inauguración del Mundial celebrada en México?Era el partido inaugural de la Copa del Mundo organizada en nuestro propio país. Era el momento en que México aparecía frente a miles de millones de espectadores. Era el escaparate internacional más importante que nuestro país tendrá en décadas.Sin embargo, la presidenta decidió no asistir.En cambio, sí encontró el tiempo y los medios para estar presente en la final disputada entre España y Argentina en Nueva York.Se confirma que Claudia Sheinbaum no fue a la inauguración por temor al abucheo.No existe otra explicación políticamente más consistente. Si la importancia del evento justificaba acudir a la final, también justificaba asistir a la inauguración. Si pudo reorganizar su agenda para viajar a Estados Unidos, también pudo hacerlo para acudir al Estadio Azteca.La diferencia entre ambos eventos no fue su importancia. Fue el público.En Nueva York no enfrentaba el riesgo de convertirse en protagonista de una rechifla internacional. En México sí.Y eso revela algo más profundo que una simple decisión de agenda. Revela inseguridad política.Un gobierno verdaderamente convencido de su respaldo popular no evita a la gente. La enfrenta. Escucha los aplausos y también soporta los abucheos.El obradorismo ha construido buena parte de su legitimidad sobre la idea de una aprobación social permanente. Sobre la narrativa de que el pueblo está siempre de su lado. Si eso fuera cierto, la presidenta habría acudido con absoluta tranquilidad a inaugurar el Mundial en su propio país.No lo hizo.Y al presentarse en la final terminó confirmando exactamente aquello que intentó desmentir con su ausencia.

En días recientes, Natalia Torres, abogada y profesora de teoría constitucional, generó una fuerte polémica al afirmar que “no todos deberían votar”. Durante su participación en el pódcast Leo y Nacho, propuso que al tramitar la credencial del INE se impartiera una sesión informativa de aproximadamente una hora sobre las funciones del presidente, legisladores y otras autoridades.

Tras la reacción, Torres aclaró que no buscaba excluir a nadie por nivel educativo o condición económica, y que su idea consistía en una clase informativa impartida por el propio INE, sin que el voto dependiera de aprobar ningún examen.

Aun así, la controversia dejó una pregunta de fondo: ¿es legítimo condicionar de alguna manera el ejercicio del voto al conocimiento de las personas?La respuesta importa, porque detrás de esta discusión hay una tensión más profunda entre dos formas de entender la democracia.

El voto no es una licencia

La idea de exigir conocimientos para votar suele surgir cuando una elección produce resultados que consideramos desastrosos. Es comprensible la frustración. Lo que no es comprensible es la conclusión de que el problema está en la “falta de preparación” de quienes votaron.

La democracia no promete que los electores siempre tomarán buenas decisiones. Tampoco garantiza que las mayorías serán prudentes o estarán bien informadas.

Lo que sí establece es algo más elemental: quienes están sometidos al poder público deben tener el mismo derecho a participar en su conformación.

Una persona no vota porque haya demostrado conocimientos especializados de economía o derecho constitucional. Vota porque las decisiones del Estado afectan su trabajo, sus impuestos, su seguridad, su familia y su libertad.

Por eso, el voto no es comparable con una licencia para conducir ni constituye una especie de acreditación profesional para “operar” el gobierno. Es el instrumento mediante el cual la ciudadanía autoriza el ejercicio del poder público, le impone límites y, llegado el momento, decide reemplazar a quienes lo ejercen.

¿Qué requisitos son legítimos?

Todas las democracias establecen requisitos para votar: edad mínima, ciudadanía o residencia, inscripción en el padrón e identificación. Estas reglas buscan definir quién pertenece al cuerpo político y evitar fraudes.

Ninguna democracia contemporánea exige aprobar un examen de conocimientos políticos para ejercer el voto. Los requisitos de alfabetización, propiedad o educación pertenecen a una etapa anterior de la historia democrática, cuando el sufragio se entendía como un privilegio de ciertos grupos.

Una democracia puede presumir la capacidad política de todos los ciudadanos a partir de cierta edad. Lo que no puede hacer es someter el derecho al voto a una evaluación individual de conocimientos u opiniones.

Además de ser antidemocrática, una medida así sería irracional y extremadamente costosa: los ciudadanos tendrían que financiar una enorme estructura burocrática para decidir si ellos mismos merecen participar en la democracia que les pertenece.

¿Quién elaboraría el examen?

Aunque aceptáramos por un momento la legitimidad de la idea, surgen problemas prácticos muy graves.

¿Quién redactaría las preguntas: el INE, el Congreso, el gobierno en turno o las universidades? ¿Qué conocimientos se considerarían indispensables y quién tendría autoridad para decidirlo? La posibilidad de encomendar cursos instructivos a la señora Torres tampoco resulta particularmente atractiva, dicho sea de paso. ¿Cómo se garantizarían, además, los derechos de quienes no saben leer, viven con alguna discapacidad o no tuvieron acceso a una educación de calidad?

Más importante aún: ¿quién vigilaría a la autoridad encargada de decidir quién está “suficientemente preparado” para vigilar al poder?

Incluso un examen aparentemente neutral tendría sesgos. Una persona con educación universitaria tendría más probabilidades de aprobarlo que alguien a quien el Estado le negó una educación adecuada.

Los habitantes de las ciudades estarían en ventaja frente a comunidades rurales. Quienes hablan español como primera lengua obtendrían mejores resultados que muchos ciudadanos indígenas.

El examen no mediría solo conocimientos. Convertiría las desigualdades educativas, económicas y territoriales en desigualdades políticas.

Saber más no garantiza votar mejor

La propuesta parte, además, de una suposición tan cuestionable como arrogante: que una mayor formación académica se traduce necesariamente en mejores decisiones políticas.

Una persona con varios títulos puede estar desinformada, defender intereses particulares o respaldar opciones autoritarias. Una persona sin educación formal puede comprender perfectamente cómo afectan a su comunidad la violencia, el desempleo o la ausencia de servicios públicos.

Conocer las atribuciones de un senador no determina qué políticas fiscales preferirá alguien, ni qué riesgos estará dispuesto a tolerar. En una sociedad plural (y en la vida real) no existe una sola respuesta correcta a esas preguntas.

La política comienza precisamente cuando personas con experiencias e intereses distintos deben decidir cómo convivir.

Un examen podría medir información. No podría medir buen juicio político.

La experiencia histórica

Los exámenes electorales no son una idea nueva.

En Estados Unidos se utilizaron durante décadas para impedir que la población negra ejerciera el voto tras la abolición de la esclavitud. Aunque en teoría se aplicaban a todos, en la práctica los funcionarios decidían a quién examinar y qué respuestas considerar aceptables.

La legislación federal terminó prohibiendo estas pruebas. En América Latina también se abandonaron las restricciones basadas en alfabetización. Chile las eliminó en 1970, Perú reconoció el voto de las personas analfabetas en 1979 y Brasil lo hizo en 1985.

El movimiento histórico de la democratización ha sido claro: pasar de un electorado restringido por propiedad, raza o educación hacia la igualdad política de todos los ciudadanos adultos.

Proponer un examen hoy no moderniza la democracia. Recupera una herramienta que se abandonó por buenas razones.

Las mujeres ya escucharon este argumento

Durante décadas se negó el voto a las mujeres con argumentos muy similares a los que ahora se usan para cuestionar a otros grupos: que no comprendían las leyes, que decidían por emociones o influencias religiosas, que carecían de independencia de juicio.

La respuesta nunca fue examinar individualmente a cada mujer para ver quién “merecía” votar. Fue reconocer que el estándar mismo era discriminatorio.

En México también existió el temor de que las mujeres votaran influenciadas por la Iglesia. Esa posible influencia se trataba como incapacidad política, mientras que las influencias que ejercían caciques, patrones o partidos sobre los hombres nunca generaron propuestas de retirarles el voto.

La señora Torres es beneficiaria directa de la lucha que permitió a las mujeres ejercer plenamente el sufragio. Resulta profundamente irónico que ahora pretenda condicionar ese mismo derecho para otras mujeres a la aprobación de un curso de civismo. Ella puede votar porque generaciones anteriores rechazaron que alguien tuviera la facultad de decidir si las mujeres estaban suficientemente preparadas para hacerlo. ¿Se advierte la contradicción?

El problema no es la ignorancia, sino su uso político

Nada de esto significa que la desinformación sea irrelevante. Es un problema real, al igual que la propaganda, las noticias falsas y el clientelismo.

Pero la respuesta democrática es ampliar la educación cívica, no reducir el electorado.

El INE puede producir materiales claros y accesibles. Las escuelas pueden enseñar cómo funciona el Estado. Los medios pueden verificar promesas. Los debates pueden mejorar. Las autoridades pueden perseguir la compra de votos.

Informar al ciudadano aumenta su libertad. Examinarlo para decidir si conserva sus derechos la coloca bajo autorización.

Cuando la provocación se convierte en influencia

La controversia no se explica solo por el contenido de la propuesta. También importa el contexto en el que se formuló.

Natalia Torres es profesora, abogada y figura mediática. Sabe cómo funcionan las redes. Una afirmación fuerte genera clips, indignación y alcance. Luego llega la aclaración y se genera una segunda ronda de contenido. Todo el sistema recompensa tanto el incendio como la explicación posterior.

No pretendo afirmar que la controversia haya sido deliberadamente planeada, aunque tampoco puede descartarse esa posibilidad. Lo indudable es que el entorno digital recompensa la estridencia, la simplificación y el conflicto.

Academia, análisis e influencia

Cuando una misma persona combina el rol de académica con el de influencer, recibe la autoridad de la primera y la libertad provocadora de la segunda. Esa combinación genera responsabilidad.

Una profesora de teoría constitucional no está obligada a defender posiciones convencionales. Sí tiene, en cambio, el deber profesional que corresponde a todo abogado y, especialmente, la responsabilidad intelectual y ética de quien forma a jóvenes estudiantes de derecho: examinar con rigor la historia del sufragio y las consecuencias jurídicas, políticas y sociales de cualquier propuesta destinada a restringirlo.

La coincidencia con Salinas Pliego

Meses antes, Ricardo Salinas Pliego propuso que quienes recibieran apoyos económicos financiados con recursos públicos no pudieran votar. Aunque los mecanismos son distintos, ambas ideas comparten una misma operación: convertir la preocupación por ciertos resultados electorales en una razón para reducir el número de personas autorizadas a decidir.

En el caso de los programas sociales, el problema que se identifica es real: no deben usarse como instrumentos de coacción electoral. Pero el remedio propuesto castiga al beneficiario en lugar de al funcionario que intenta manipularlo.

Una advertencia para una posible alternativa presidencial

Salinas Pliego posee cualidades que otros dirigentes opositores no han conseguido reunir: enorme visibilidad nacional, independencia respecto de las estructuras partidistas tradicionales y capacidad para confrontar directamente al oficialismo. Ha construido, además, una relación cotidiana con millones de mexicanos mediante sus empresas, medios y servicios.

Precisamente por ello, le convendría abandonar cualquier propuesta que permita presentarlo como enemigo de quienes reciben programas sociales y ofrecerse, en cambio, como una alternativa capaz de sustituir el clientelismo por apoyos más eficaces, transparentes y respetuosos de la libertad de sus beneficiarios.

Una agenda semejante combatiría el clientelismo sin combatir al elector. Javier Milei entendió esa diferencia en Argentina: para disputar el poder al oficialismo no necesitaba privar de derechos a quienes recibían ayudas públicas, sino convencerlos de que podían conservar la protección social sin permanecer sometidos a sus intermediarios políticos.

Por qué esta idea le regala munición a Morena

La propuesta del examen (o de cualquier restricción similar) es un regalo político para Morena.

El oficialismo puede dejar de responder por inseguridad, corrupción o debilitamiento institucional y limitarse a decir: “Ellos creen que ustedes no deberían votar”.

Una oposición responsable no puede combatir a Morena culpando al electorado que votó por Morena. Puede denunciar el clientelismo y la manipulación, pero no puede convertir el desacuerdo con sus decisiones en una razón para reducir derechos.

El proyecto opositor que México necesita debe decirles a los electores: “pueden elegir algo mejor”. No: “si siguen eligiendo mal, quizá no deberían elegir”.

Los likes no forman una mayoría

Las posiciones extremas generan audiencias intensas en internet. Las elecciones exigen amplitud.

Lo que produce visibilidad en redes puede convertirse en una carga para cualquier proyecto político serio. Ideas que deberían reconocerse como ataques contra el sufragio universal empiezan a presentarse como “preguntas audaces que alguien tenía que hacer”.

La pregunta ya no es si debemos educar mejor a los ciudadanos. Por supuesto que debemos hacerlo. La pregunta es si la falta de educación puede convertirse en una razón para privar a las personas de influencia política.

La respuesta democrática debe ser inequívoca.

Los ciudadanos pueden equivocarse. Pueden actuar por miedo, interés, lealtad o resentimiento. Todo eso forma parte del problema permanente de gobernarnos colectivamente.

Pero el derecho al voto no existe porque cada ciudadano sea infalible. Existe porque ninguna persona, institución ni grupo social puede reclamar para sí la autoridad de decidir cuáles ciudadanos merecen ser políticamente iguales.

Cuando una democracia empieza a discutir quién es suficientemente capaz para conservar sus derechos, la pregunta verdaderamente urgente ya no es quién aprobaría el examen.

Es quién tendría el poder de elaborarlo.

Yuri Pérez escribe sobre política internacional, cultura, derecho y poder.

Después de que México fue eliminado del Mundial, muchos aficionados terminaron apoyando a la selección de Noruega, impulsados por la popularidad de Erling Haaland. La coyuntura fue suficiente para que buena parte de la izquierda mexicana volviera a presentar a Noruega como el ejemplo del supuesto “socialismo nórdico” al que México debería aspirar. El problema es que casi nunca explican cómo funciona realmente ese modelo. Porque, si México copiara las políticas económicas y laborales de Noruega, serían los mismos que hoy las aplauden quienes saldrían primero a poner el grito en el cielo.

Empecemos por el mercado laboral. En México despedir a un trabajador suele ser un proceso caro, lento y jurídicamente riesgoso. Cuando un despido no se considera justificado, la empresa puede enfrentar el pago de tres meses de salario, veinte días por año trabajado, prima de antigüedad, prestaciones y, además, largos litigios que incrementan todavía más el costo. Todo esto hace que contratar personal implique asumir un riesgo importante para cualquier empresa.

En Noruega la lógica es distinta. El mercado laboral es considerablemente más flexible y las empresas tienen mayor facilidad para ajustar su plantilla cuando las condiciones económicas lo requieren. A diferencia de México, el sistema no busca proteger el puesto de trabajo a cualquier costo, sino proteger al trabajador. Cuando una persona pierde su empleo, cuenta con un seguro de desempleo y con políticas activas de reinserción laboral que facilitan encontrar un nuevo trabajo. En otras palabras, el Estado protege al individuo durante la transición, no obliga a las empresas a conservar empleos que ya no pueden sostener. México hace exactamente lo contrario: dificulta el despido para proteger el puesto, pero ofrece una protección mucho menor al trabajador desempleado. El resultado es un mercado laboral mucho más rígido.

Hay otro aspecto del que casi nunca hablan quienes utilizan a Noruega como ejemplo: las empresas pagan menos impuestos que en México. La carga fiscal empresarial, el impuesto corporativo en Noruega es del 22%, mientras que en México asciende al 30%, una diferencia considerable. Lo mismo ocurre con las contribuciones patronales sobre la nómina. En Noruega rondan el 14.1%, mientras que en México el costo laboral para el empleador puede acercarse o incluso superar el 30%, dependiendo de las circunstancias.

Entonces surge una pregunta inevitable: si Noruega mantiene un Estado de bienestar tan amplio, ¿de dónde obtiene los recursos para financiarlo? Muchos responderán que del petróleo, y es cierto que el fondo soberano noruego representa una fuente extraordinaria de riqueza. Sin embargo, esa no es toda la explicación. Una parte fundamental del financiamiento proviene de los propios ciudadanos.

En Noruega las personas físicas pagan impuestos mucho más altos que en México. Las tasas marginales del impuesto sobre la renta pueden superar el 39%. Además, existe un impuesto sobre el patrimonio neto y el IVA alcanza el 25%, muy por encima del 16% mexicano. Es decir, el Estado de bienestar noruego no se sostiene únicamente gravando a las empresas o a los grandes empresarios. Se financia, en buena medida, cobrando más impuestos a los trabajadores, a las personas físicas y al consumo.

Y aquí aparece una contradicción que rara vez se reconoce. En México, cuando la izquierda propone nuevos impuestos, casi siempre dirige el discurso hacia las empresas, las grandes fortunas o “los ricos”. Muy pocas veces plantea aumentar de manera importante los impuestos que pagan los trabajadores o elevar el IVA a niveles semejantes a los de Noruega. Sin embargo, eso es precisamente lo que ocurre en el país que tanto ponen como ejemplo.

La realidad es que, si de verdad quisieran adoptar el modelo noruego, tendrían que defender un mercado laboral más flexible, una menor carga fiscal para las empresas y una carga tributaria considerablemente mayor para los trabajadores y los consumidores. Esas son algunas de las características que permiten financiar el Estado de bienestar que tanto admiran.

Por eso resulta llamativo que Noruega aparezca constantemente como argumento en el debate público mexicano, pero solo se mencionen aquellos aspectos que encajan con una narrativa ideológica. Se presume el tamaño del Estado, pero se omite la flexibilidad del mercado laboral; se habla de los servicios públicos, pero se guarda silencio sobre la menor carga fiscal para las empresas; se celebra el gasto social, pero casi nunca se reconoce que quienes realmente financian una parte importante de ese sistema son los propios ciudadanos mediante impuestos mucho más elevados.

La izquierda mexicana no quiere que México sea como Noruega. Solo quieren utilizar a Noruega como argumento cuando confirma sus prejuicios ideológicos e ignorar todo aquello que contradice su narrativa.

Arturo Herrera escribe sobre economía, política y cultura. Director de La Derecha Diario México y colaborador en ADN Noticias.

En cada mañanera, la presidenta parece ahondar un poco más el foso que ella misma decidió cavar al defender con tanta vehemencia el proyecto político que la llevó al poder.

Resulta difícil no advertir la arrogancia con la que desprecia el derecho y la legalidad, ni la ligereza con la que exige a Estados Unidos “pruebas contundentes” contra el gobernador Rocha Moya.

Sus conferencias matutinas, lejos de proyectar solvencia, han terminado por evidenciar una notable falta de preparación y criterio.

Es imposible separar esas declaraciones de la imagen cuidadosamente construida que presenta: la voz serena que pretende transmitir autoridad, la vestimenta elegida para sugerir virtud y rectitud, y el tono de quien parece saber exactamente de lo que habla.

Esa distancia entre la forma y el fondo resulta cada vez más evidente. Si Claudia Sheinbaum poseyera realmente la cabeza fría que le atribuían sus admiradores, o la supuesta formación científica que algunos opinadores y respetados analistas destacaron como razón para votarla, México estaría hoy avanzando en la revisión y eventual renovación del T-MEC en términos razonables para el país.

Habría mantenido la estabilidad de un acuerdo que, hasta ahora, ha beneficiado claramente a la economía mexicana, como lo demuestra el hecho de que somos el principal socio comercial de Estados Unidos.

Ningún presidente anterior comprometió esa relación. Ni siquiera Andrés Manuel López Obrador, quien ya tuvo que lidiar con Donald Trump, puso en riesgo el pilar fundamental de la economía mexicana moderna.

Ha sido la president[a] Sheinbaum quien ha colocado en entredicho tanto la relación económica como la de seguridad con Estados Unidos.

Si esto no marca el final de su sexenio, sí representa, al menos, un serio retroceso para el proyecto de modernización que México había logrado consolidar en las últimas décadas.

No se trata de quién mintió, sino de quién dice la verdad

La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en hacer la pregunta equivocada.

Desde que surgieron nuevas revelaciones sobre la forma en que Ismael “El Mayo” Zambada terminó bajo custodia de las autoridades estadounidenses, ha preguntado reiteradamente: ¿quién mintió? ¿Mintió Ken Salazar? ¿Mintió el FBI? ¿Mintió el gobierno de Estados Unidos?

La pregunta correcta no es quién mintió. La verdadera pregunta es quién dice la verdad. Esa diferencia revela el problema de fondo: la presidenta parece analizar el funcionamiento del gobierno estadounidense como si operara bajo la misma lógica de concentración del poder que caracteriza al gobierno mexicano actual. Es un error.

Creer que el embajador necesariamente sabía todos los detalles de una operación del FBI parte de una premisa equivocada: que, por haber sido embajador de Estados Unidos en México, tenía que conocer todos los pormenores de una eventual operación de esa agencia. El FBI forma parte del Poder Ejecutivo estadounidense, pero opera con una independencia institucional que difícilmente encuentra equivalente en el sistema político mexicano.

No se trata de una independencia constitucional absoluta. Se trata de una autonomía construida mediante leyes, reglamentos, directrices del Departamento de Justicia, una larga tradición de Estado de derecho y una cultura institucional que limita la intervención política directa en investigaciones criminales.

Por eso el Presidente de Estados Unidos no dirige personalmente investigaciones específicas. No llama al FBI para decirle a quién investigar, no decide qué evidencia reunir y no determina cómo debe conducirse una investigación penal.

Esas decisiones corresponden al Departamento de Justicia y a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.

La historia reciente lo demuestra: durante el primer gobierno de Donald Trump hubo enfrentamientos públicos con James Comey, Christopher Wray, fiscales federales e incluso con su propio Attorney General. Si el presidente pudiera controlar discrecionalmente las investigaciones federales, esos conflictos simplemente no habrían existido.

Por eso resulta perfectamente posible que Ken Salazar no conociera todos los detalles de una operación del FBI o que, sencillamente, hubiera declarado conforme a la información de la que disponía en ese momento.

La presidenta confunde una investigación con un juicio

La presidenta lleva meses insistiendo en que Estados Unidos debe presentar “pruebas” contra Rubén Rocha Moya. Esa insistencia revela una confusión más profunda.

Los procesos penales en un Estado de derecho no funcionan exigiendo pruebas concluyentes desde el inicio. Funcionan mediante estándares probatorios progresivos:

i. Primero aparecen indicios.

ii. Después se reúne evidencia.

iii. Posteriormente esa evidencia permite justificar determinadas actuaciones procesales.

iv. Un juez controla la legalidad del procedimiento.

v. Y solo al final, cuando toda esa evidencia ha sido sometida al contra interrogatorio, al escrutinio judicial y a las reglas del debido proceso, un tribunal determina si se acredita la culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Ese estándar pertenece al juicio, no a la investigación, no a una solicitud de extradición y mucho menos al Poder Ejecutivo. La suficiencia de la evidencia para acreditar culpabilidad corresponde exclusivamente al tribunal que conocerá del caso. No a la Presidencia de la República.

Cuando la presidenta exige “pruebas contundentes” antes incluso de que una persona pueda ser sometida al juicio correspondiente, está trasladando al terreno político una función que pertenece exclusivamente al Poder Judicial.

Es como si el Ejecutivo quisiera sustituir al juez.

Y aquí aparece una contradicción difícil de ignorar. Mientras la presidenta exige pruebas definitivas para un gobernador de su propio movimiento político, el mismo proyecto político que la llevó al poder defendió la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, figura que ha sido objeto de reiteradas críticas por organismos internacionales de derechos humanos debido a que permite mantener privadas de la libertad a miles de personas que todavía no cuentan con una sentencia condenatoria.

Es decir, para miles de mexicanos bastan determinados estándares procesales para permanecer años encarcelados mientras se desarrolla su proceso. Pero para Rubén Rocha Moya, la presidenta parece exigir un estándar propio de una sentencia definitiva.

¿Por qué?

La presidenta convirtió un caso penal en un conflicto de alto riesgo para el T-MEC

Todo lo anterior tendría consecuencias limitadas si ocurriera en otro momento. No ocurre en cualquier momento. Ocurre cuando la relación bilateral más importante para México atraviesa su periodo de mayor desconfianza en décadas.

Desde hace tiempo sostengo que el T-MEC dejó de ser exclusivamente un tratado comercial. La evidencia más reciente fue la creación del Shield of the Americas, la coalición impulsada por la administración Trump que agrupa a países latinoamericanos afines a sus políticas para combatir a los cárteles.

Hoy el T-MEC es también un instrumento mediante el cual Estados Unidos administra su confianza —o su desconfianza— hacia el gobierno mexicano. Las declaraciones públicas de Donald Trump sobre el papel de los cárteles, su afirmación de que las autoridades mexicanas actúan bajo la presión del crimen organizado, la designación de diversos cárteles como organizaciones terroristas y la creciente vinculación entre comercio, migración, fentanilo y seguridad muestran que Washington ya no separa estos temas.

Quien crea que la revisión del T-MEC se limitará a reglas de origen, aranceles o contenido regional simplemente no está leyendo las señales políticas.

Aquí aparece otra contradicción. Si el gobierno mexicano estuviera convencido de que agentes estadounidenses realizaron una operación ilegal en territorio nacional para trasladar a Ismael Zambada, tendría a su disposición una herramienta jurídica creada por el propio gobierno de López Obrador.

El artículo 74 de la Ley de Seguridad Nacional dispone que cuando se acredite que agentes extranjeros participaron ilegalmente en la privación de la libertad de una persona en territorio nacional para trasladarla a otro país, México deberá suspender los mecanismos de cooperación bilateral correspondientes y restringir la actuación de dichos agentes. Esa disposición fue incorporada precisamente para responder a escenarios de esa naturaleza.

Hasta ahora no ha sido invocada.

Mientras tanto, el caso Rocha Moya deja de ser únicamente un expediente penal. Se convierte en un símbolo.

Si Washington interpreta que México no coopera cuando un gobernador señalado por fiscales estadounidenses forma parte del partido gobernante, el problema deja de ser únicamente jurídico. Pasa a ser un problema de confianza institucional. Y cuando la confianza institucional desaparece, también cambia la naturaleza de las negociaciones comerciales.

Por eso creo que el verdadero riesgo no es Rubén Rocha Moya. El verdadero riesgo consiste en que el gobierno mexicano termine convirtiendo un caso penal en un conflicto diplomático, y un conflicto diplomático en un problema económico de enormes proporciones para un país cuya principal relación comercial sigue siendo, por mucho, con Estados Unidos.

La presidenta parece convencida de que defender a Rocha Moya equivale a defender la soberanía nacional. Es posible que, al final, descubra que el costo de esa estrategia no recaiga sobre un gobernador.

Puede terminar recayendo sobre la economía mexicana.

Yuri Pérez escribe sobre política internacional, cultura, derecho y poder.

Hoy amanecimos de luto nacional.El domingo pasado, Inglaterra venció a México 3-2 y terminó con una ilusión que durante varias semanas nos hizo olvidar, aunque fuera por un rato, el país en el que vivimos.Hay que decirlo: México jugó bien. Los jugadores dejaron todo en la cancha. Hubo entrega, intensidad y momentos en los que parecía que la Selección podía hacer historia. Pero también hubo errores. Y no errores menores.Las decisiones del Vasco Aguirre terminaron por sellar la derrota. México se quedó sin delanteros, lleno de centrocampistas, intentando resolver con disparos lejanos, centros sin destinatario y remates que acababan fácilmente repelidos por el portero o por la defensa inglesa.Ni hablar.Durante semanas vivimos una especie de tregua nacional. El “¿y si sí?” sonaba en todos lados. Las calles, los restaurantes, las oficinas y las casas parecían hablar el mismo idioma. Por unos días dejamos de preguntarle al vecino por quién votó, qué partido apoya o de qué lado está.México volvió a sentirse como México.Pero ya vimos que ese “¿y si sí?” terminó siendo un “pues no”.Y ahora toca darle vuelta a la página.Lo escribí en mi columna anterior: este Mundial nos iba a dejar una cruda. Y esa cruda ya empezó.Porque sin la alegría de los triunfos de la Selección, sin ese sentimiento de unión nacional, sin la distracción colectiva que nos permitió respirar durante algunas semanas, volvemos al país de siempre.Volvemos a preguntarnos dónde están los desaparecidos.Dónde está Rocha Moya, el narcogobernador que lleva ya 60 días prófugo de la rendición de cuentas.Por qué no se pudo renovar el T-MEC.Por qué cada día el dinero alcanza para menos.Por qué la violencia sigue marcando la vida de millones de mexicanos mientras el gobierno insiste en vender tranquilidad desde eventos cuidadosamente controlados.La Selección se fue del Mundial y nosotros regresamos a esa fosa común con himno nacional que llamamos México.Sí, quizá esta columna suena más deprimente de lo habitual. Pero después de lo que pasó el fin de semana, dudo mucho ser el único que se siente así.Durante unas semanas imaginamos otro país: uno unido, alegre, esperanzado, capaz de reconocerse en una misma camiseta. Pero terminó el partido.Se apagó la pantalla.Y volvimos a ese México al que nadie quiere volver.

Arturo Herrera escribe sobre economía, política y cultura. Director de La Derecha Diario México y colaborador en ADN Noticias.