EN LA MIRA

El presidente López Obrador presionó durante meses desde la mañanera para que liberaran a Israel Vallarta. Después llegó la reforma judicial, que hace aún más sospechosa su exoneración. En ese contexto, Israel Vallarta confrontó a Ciro Gómez Leyva exigiéndole que dejara de llamarlo secuestrador y amenazándolo con demandarlo. Sin embargo, fue el Estado mexicano quien realmente le causó un daño grave a Vallarta, al tenerlo casi 20 años preso sin sentencia. A quien Vallarta debería demandar es al Estado, no al periodista.

Estaba en el descanso del trabajo cuando vi la entrevista. Esperaba una conversación tensa, incómoda, pero útil. Lo que no esperaba era ver a Israel Vallarta sacar unos billetes y arrojárselos a Ciro Gómez Leyva frente a las cámaras.

Ese gesto me sacó de la entrevista y me metió en otra discusión. No fue solo un momento de mal gusto. Fue, sobre todo, una oportunidad desperdiciada de forma casi deliberada. Si alguien ha pasado casi veinte años privado de su libertad sin una condena firme y por fin tiene una audiencia nacional para hablar, ¿por qué elegir ese camino? ¿Por qué convertir un espacio de explicación en un acto de confrontación teatral?

Entiendo perfectamente el impulso. Como abogada que ha trabajado tanto en México como en Canadá, sé lo que significa cargar durante años con una imputación grave, incluso cuando no existe una sentencia condenatoria definitiva. Comprendo el deseo —legítimo— de quien ha sido absuelto de querer recuperar su nombre y su dignidad. Por eso defiendo el derecho de réplica sin titubeos. Una absolución no borra automáticamente dos décadas de sospechas públicas, y quien ha sido declarado inocente por la justicia tiene derecho a que se le escuche.

Pero una cosa es querer recuperar la reputación y otra muy distinta es creer que una sentencia judicial obliga al resto de la sociedad a pensar exactamente lo mismo que el tribunal.

La verdad jurídica no es la única verdad

Existe una verdad jurídica, que es la que construyen los tribunales siguiendo reglas estrictas de debido proceso, admisión de pruebas y valoración de evidencia. Esa verdad tiene efectos concretos: el Estado ya no puede tratar a esa persona como penalmente responsable. Y ese límite es fundamental. Lo respeto.

Pero esa no es la única forma en que los seres humanos entendemos lo que ocurrió. Dos personas pueden presenciar el mismo accidente de tránsito, declarar de buena fe y recordar cosas distintas. Una cámara puede mostrar solo una parte de lo sucedido. Un juez puede resolver la responsabilidad civil con las pruebas que tiene. Esa resolución cierra el caso jurídico, pero nadie sensato diría que agotó toda la realidad de lo que pasó.

En los grandes casos penales esa diferencia se multiplica. Hay una verdad jurídica, hay una reconstrucción histórica que sigue abierta a nuevas pruebas y documentos, y hay también el juicio que cada persona forma con la información disponible. Confundir estos planos genera una exigencia imposible: que toda la sociedad piense igual que el juez.

Lo que el Estado puede exigir y lo que no

Una sentencia absolutoria obliga al Estado. Punto. El Estado ya no puede perseguir ni estigmatizar penalmente a esa persona. Pero una democracia liberal no puede —ni debe— pretender que esa misma sentencia obligue a periodistas, víctimas, académicos o ciudadanos a abandonar sus propias conclusiones.

Yo no puedo afirmar que Israel Vallarta sea culpable. No tengo elementos para hacerlo. Pero tampoco acepto que una resolución judicial me obligue a concluir lo contrario. Entre esas dos posiciones existe un espacio que se llama libertad de conciencia, y ese espacio no está sujeto a votación ni a sentencia.

Si aceptamos que una absolución judicial convierte automáticamente en ilegítima cualquier duda o interpretación distinta, el periodismo pierde su razón de ser. Dejaría de investigar y contrastar para limitarse a reproducir lo que dicen los tribunales. Ese nunca ha sido su papel en una democracia.

Este equilibrio entre la protección de la reputación y la libertad de expresión ha sido debatido en otras democracias. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Lingens contra Austria, estableció una distinción clave: no es lo mismo afirmar un hecho que puede probarse que expresar un juicio de valor sobre un asunto de interés público. En Argentina, el periodista Eduardo Feinmann fue condenado por presentar como hecho objetivo una imputación que resultó falsa. En Canadá, los casos Hill v. Church of Scientology y Grant v. Torstar han intentado equilibrar la protección de la reputación individual con la defensa del periodismo responsable cuando se trata de temas de interés público. En todos estos sistemas, la absolución judicial no ha significado que la sociedad deba renunciar a su propia capacidad de juicio.

El ejemplo más claro

El caso de O.J. Simpson sigue siendo el más ilustrativo. Fue absuelto en el juicio penal por los asesinatos de Nicole Brown y Ronald Goldman. Jurídicamente, el Estado estadounidense ya no podía tratarlo como culpable. Sin embargo, millones de personas en Estados Unidos —incluyendo muchos que siguieron el juicio de cerca— nunca aceptaron esa conclusión.

Décadas después, siguen convencidos de que lo hizo.

Nadie considera que esas personas estén violando el Estado de derecho. Simplemente entienden, como entendemos la mayoría, que una sentencia produce efectos jurídicos, no uniforma la conciencia colectiva.

Una oportunidad que se diluyó

Precisamente porque una absolución no obliga a nadie a cambiar de opinión, el derecho de réplica tiene tanto valor. Israel Vallarta tuvo frente a sí una audiencia nacional y la posibilidad real de explicar su versión, responder preguntas difíciles y tratar de convencer a quienes aún tienen dudas. Esa era su mejor herramienta para reconstruir su reputación.

En cambio, buena parte de la conversación pública terminó girando en torno al gesto de lanzar billetes y al tono confrontacional del intercambio. Ese momento no fortaleció su relato. Lo debilitó. No demostró inocencia ni victimización creíble; confirmó, para muchos, la imagen de alguien más interesado en la confrontación que en la explicación. Fue un error estratégico que le costó credibilidad.

Los periodistas no administran la conciencia de nadie (ni al revés)

He leído críticas que exigen a Ciro Gómez Leyva que “respete” la sentencia y deje de cuestionarla. No comparto esa exigencia.

Los periodistas no son jueces. Pero los jueces tampoco administran la conciencia de los periodistas ni de los ciudadanos. Ciro puede estar equivocado en su lectura del caso —eso es parte del debate público—, pero no está obligado a renunciar a su criterio solo porque un tribunal llegó a otra conclusión.

Además, no podemos ignorar el contexto en el que se dictó esta sentencia. México atraviesa una profunda reforma judicial que incluye la elección popular de jueces. Ese cambio ha generado un nivel de desconfianza importante hacia algunas resoluciones.

El propio Ciro lo mencionó durante la entrevista. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esa crítica, pero pretender que no existe es negarse a ver una parte central del debate actual.

Al final

Los tribunales administran justicia. No administran la verdad.

Una absolución es una decisión jurídica importante que debe respetarse en sus efectos legales. Pero no es —ni puede ser— una orden para que el resto de la sociedad deje de pensar, de dudar o de formarse su propia opinión. Esa diferencia no es un defecto de la democracia. Es una de sus condiciones.

Yuri Pérez escribe sobre política internacional, cultura, derecho y poder.

Cuando el Mundial termine, se apaguen los reflectores y vuelvan las rutinas, también llegará una pregunta incómoda: ¿qué país nos queda después de la fiesta?

En esta audiocolumna, Arturo Herrera reflexiona sobre la “cruda” que puede venir cuando desaparezca la euforia futbolística y México vuelva a enfrentarse con sus problemas de siempre: la inseguridad, los desaparecidos, el deterioro económico y una realidad que ningún espectáculo puede ocultar para siempre.

Quizá esa cruda también represente una oportunidad. La oportunidad de dejar atrás la propaganda, mirar de frente lo que no funciona y comenzar a exigir los cambios profundos que México necesita.

Los invito a escucharla.

Arturo Herrera escribe sobre economía, política y cultura. Director de La Derecha Diario México y colaborador en ADN Noticias.

Abelardo de la Espriella se convirtió en presidente de Colombia con alrededor del 49.7 % de los votos frente al 48.7 % de Iván Cepeda. La diferencia final fue de aproximadamente 250 mil votos. Apenas unos días antes, en Perú, Keiko Fujimori obtuvo el 50.1 % de la votación frente al 49.8 % de Roberto Sánchez. La diferencia fue todavía menor: 43,386 votos.

En ambos casos hubo un elemento que llamó particularmente mi atención. Los análisis postelectorales muestran que De la Espriella ganó con claridad entre los colombianos que votaron desde el extranjero, particularmente en Estados Unidos y México. En Perú ocurrió algo parecido. Conforme comenzaron a incorporarse los más de 300 mil votos emitidos desde el extranjero, la ventaja de Keiko Fujimori terminó consolidándose en una elección que prácticamente se decidió voto por voto.

Las explicaciones más comunes sobre este giro político son fáciles de encontrar. Se habla del desgaste de los gobiernos de izquierda, de la inseguridad, del crimen organizado, del deterioro económico y de los escándalos de corrupción que terminaron erosionando la confianza de millones de electores. Todo eso ayuda a explicar lo que está ocurriendo.

Sin embargo, yo tengo otra explicación de la que casi nadie está hablando.

Creo que estamos subestimando el efecto político de millones de latinoamericanos que viven fuera de sus países y que, sin haber dejado de sentirse mexicanos, colombianos o peruanos, han comenzado a mirar la política de sus países desde una perspectiva completamente distinta.

El país que se mira desde lejos

Yo no me fui de México porque estuviera huyendo. No era refugiada. No escapaba de una guerra ni de una persecución política. Me fui por una decisión personal, emocional, y porque quería construir una vida distinta. Nunca pensé que sería fácil. Al contrario: sabía que tendría que hacer el esfuerzo de entender otro país, aprender otro idioma —en mi caso, dos—, conocer otra cultura y aceptar que muchas de las certezas con las que uno crece dejan de servir cuando se cambia de mundo.

Emigrar no significa simplemente cambiar de dirección postal. Significa entrar a un sistema donde uno no conoce del todo las reglas, donde la competencia es distinta y donde los puntos de referencia que antes parecían naturales dejan de funcionar. En el país de origen uno también compite, desde luego, pero compite dentro de una cultura que conoce. Sabe cómo se mueven las cosas, cómo habla la gente, qué se espera de uno, de dónde vienen los demás y qué tipo de esfuerzo puede llevar a cierta estabilidad. En otro país, en cambio, uno tiene que aprenderlo todo al mismo tiempo: el idioma, los códigos sociales, la forma de trabajar, la manera de relacionarse con la autoridad y hasta las pequeñas costumbres que nadie explica porque para los demás son obvias.

Cuando uno decide irse a otro país no llega únicamente con dos maletas. Llega con un proyecto de vida. Pero ese proyecto, construido en el país de origen, muchas veces tiene que desmontarse y reconstruirse pieza por pieza. Hay personas que logran continuar exactamente el camino que habían imaginado. Otras tienen que replantearlo varias veces antes de encontrar su lugar. Esa experiencia no necesariamente vuelve a alguien de derecha o de izquierda, pero sí cambia la manera en que uno entiende el valor del orden, la estabilidad, la seguridad, la propiedad, la competencia y las instituciones.

El aspiracionismo que no pide permiso

Los inmigrantes solemos salir de nuestros países porque aspiramos a construir una vida mejor. Esa palabra, aspiracionismo, ha sido utilizada muchas veces como un insulto político, especialmente en México. Se ha querido presentar al aspiracionista como alguien frívolo, clasista, avergonzado de su identidad o deseoso de dejar de ser mexicano para convertirse en otra cosa. Pero esa caricatura dice más de quien la usa como insulto que de quienes realmente hemos emigrado.

Ser aspiracionista no significa querer ser millonario. Tampoco significa avergonzarse de ser mexicano, cambiar de identidad o dejar de amar al país de origen. Significa querer vivir en un país donde el esfuerzo tenga sentido, donde las instituciones funcionen razonablemente, donde exista confianza suficiente para hacer planes a largo plazo y donde el trabajo permita progresar. Significa aspirar a algo más que sobrevivir.

Esa diferencia es fundamental. Hay sistemas políticos que parecen conformarse con administrar la sobrevivencia: dar lo suficiente para que la gente no se muera de hambre, pero no necesariamente para que pueda construir una vida plena, libre y con posibilidades reales de crecimiento. Muchos inmigrantes, en cambio, nos fuimos precisamente porque queríamos vivir, no sólo sobrevivir. Y cuando uno ha tenido que competir, adaptarse, equivocarse, aprender otro idioma, hablar con acento y reconstruirse en un país ajeno, empieza a mirar las promesas políticas de otra manera.

Por eso creo que los inmigrantes ya no sólo exportan remesas. También exportan experiencias. Enviamos dinero, sí, pero también enviamos otra forma de comparar. Comparamos instituciones, resultados, incentivos, seguridad, oportunidades y límites del poder. No porque hayamos dejado de querer a nuestros países, sino precisamente porque seguimos sintiéndolos nuestros.

Diana cambió su voto, no necesariamente su identidad

Pienso mucho en Diana, una amiga colombiana que vive en Canadá desde hace muchos años. Cuando Gustavo Petro buscaba la presidencia por tercera vez en 2022, le pregunté por quién pensaba votar. Me dijo que votaría por Petro. No le perturbaba demasiado que hubiera sido guerrillero, quizá porque muchos colombianos estaban tan agotados por décadas de conflicto, narcotráfico y violencia que estaban dispuestos a probar cualquier propuesta que prometiera paz. También le parecía atractiva la idea de quitar poder a las grandes élites económicas y redistribuir riqueza entre quienes menos tenían.

Lo interesante es que Diana vivía ya en Canadá, un país donde la propiedad privada, la estabilidad institucional y la confianza en las reglas son parte central del funcionamiento cotidiano. De hecho, gracias a la venta de una propiedad en Bogotá, ella pudo comprar bienes inmuebles en Canadá y construir cierto patrimonio. Cuando la lógica de la redistribución se plantea en abstracto, puede sonar justa. Cuando se aterriza sobre la propiedad concreta de uno, la conversación cambia.

Con el paso de los años, Diana empezó a decepcionarse del gobierno de Petro. No porque se hubiera convertido en una persona conservadora. Yo no diría eso. Sigue teniendo muchas ideas progresistas. Lo que cambió fue la manera en que evaluaba los resultados de un gobierno. Mientras ella seguía construyendo su vida en Canadá, veía cómo la situación de su familia en Colombia no mejoraba, cómo persistían los problemas de seguridad y cómo los escándalos políticos terminaban debilitando la promesa de cambio.

En la elección de este año, Diana consideró votar —y terminó inclinándose— por una opción completamente distinta. Eso me parece revelador. No necesariamente cambió su identidad ideológica. Cambió su voto. Y a veces eso es mucho más importante. Porque una cosa es lo que uno cree en abstracto y otra lo que decide apoyar cuando siente que un proyecto político ya mostró sus límites.

Perú: cuando el voto desde el extranjero inclina la balanza

El caso de Perú muestra con más claridad el peso que puede tener el voto emitido desde el extranjero en una elección cerrada. Un análisis superficial podría decir que Perú se divide entre fujimoristas y antifujimoristas. Hay un fujimorismo fuerte y también un antifujimorismo muy poderoso, alimentado por una memoria política comprensible. Keiko Fujimori no es una candidata cualquiera. Su apellido carga con la historia de Alberto Fujimori, un presidente autoritario, corrupto y profundamente divisivo.

Pero el antifujimorismo también ha llevado a muchos peruanos a votar por opciones que, vistas en retrospectiva, resultaron igualmente inquietantes. La elección de Pedro Castillo fue un ejemplo de ello. Para muchos, votar contra Fujimori parecía suficiente, aunque del otro lado hubiera un proyecto improvisado, radical o incapaz de gobernar. Esta vez, sin embargo, en una elección resuelta por apenas 43,386 votos, el voto de los peruanos desde el extranjero terminó siendo decisivo para consolidar la ventaja de Keiko Fujimori.

Eso no significa que todos los peruanos que viven fuera sean fujimoristas ni que todos se hayan vuelto conservadores. Significa algo más interesante: que quienes viven fuera pueden evaluar de manera distinta las prioridades políticas del país que dejaron atrás. Pueden haber emigrado con ciertas ideas, incluso con ciertas lealtades ideológicas, pero la experiencia de vivir en otro sistema puede modificar su manera de valorar la estabilidad, la seguridad, el crecimiento económico y las instituciones.

Por eso es tan importante no hablar de “voto extranjero”. No es voto extranjero. Es el voto de peruanos, colombianos o mexicanos emitido desde el extranjero. La diferencia no es menor. Llamarlo “voto extranjero” abre la puerta a presentarlo como una forma de injerencia, cuando en realidad se trata de ciudadanos que siguen vinculados a sus países, que muchas veces sostienen económicamente a sus familias y que tienen derecho a participar en las decisiones nacionales.

El voto desde fuera ya no es marginal

Colombia y Perú no prueban por sí solos que los inmigrantes estén determinando el resultado de las elecciones latinoamericanas. Sería absurdo decir eso. La inseguridad, el crimen organizado, la economía, la corrupción y el desgaste de los gobiernos siguen siendo factores centrales. Pero estas elecciones sí muestran algo que conviene tomar en serio: el voto de los ciudadanos residentes en el extranjero ya no puede tratarse como una curiosidad.

En elecciones tan cerradas, ese voto puede formar parte de la coalición ganadora. Puede consolidar una ventaja. Puede confirmar una tendencia. Y, sobre todo, puede expresar una transformación política que no siempre se entiende desde dentro de los países. Quienes emigran no pierden automáticamente el interés por la política nacional. Muchas veces ocurre lo contrario: la distancia agudiza la mirada de ciertos votantes además de haberlos ubicado en una perspectiva distinta .

El inmigrante ve su país desde lejos, pero no necesariamente con indiferencia. Lo ve con preocupación, con nostalgia, con enojo, con comparación y con una pregunta inevitable: ¿por qué allá no puede funcionar lo que aquí, con todos sus defectos, funciona mejor? Esa pregunta puede llevar a respuestas distintas. Pero en los últimos años, en muchos casos, parece estar llevando a un voto más favorable a opciones de derecha o liberales en el sentido clásico de la palabra: orden, seguridad, propiedad, crecimiento, límites al poder y responsabilidad individual.

México y la próxima batalla

Por eso creo que México debería observar con cuidado lo que está ocurriendo. Durante años, el voto de los mexicanos desde el extranjero ha sido visto casi como un gesto simbólico. Pero si en otros países de América Latina ese voto empieza a inclinar elecciones, no sería extraño que en México se convierta en el próximo frente de disputa política.

De hecho, ese argumento ya existe. Yo misma lo he escuchado dentro de mi familia, de personas cercanas a Morena, que sostienen que quienes vivimos fuera de México desde hace muchos años no deberíamos votar. Saben que vivo en Canadá, que sigo siendo mexicana y que, además, también soy ciudadana canadiense. Aun así, les parece que el hecho de haber salido del país disminuye mi derecho a opinar sobre su rumbo.

No me sorprendería que ese discurso creciera. Morena ya ha utilizado con frecuencia la idea de la injerencia extranjera para descalificar críticas externas. El siguiente paso podría ser cuestionar el voto de los mexicanos en el extranjero si ese voto empieza a resultar incómodo. La paradoja sería enorme: los mexicanos fuera del país envían remesas, sostienen familias, alivian presiones económicas internas y mantienen un vínculo profundo con México, pero podrían ser tratados como si su participación política fuera sospechosa.

Los inmigrantes no dejamos de pertenecer al país de origen cuando cruzamos una frontera. Tampoco dejamos de quererlo porque hayamos decidido construir una vida en otro lugar. Muchas veces ocurre exactamente lo contrario: la distancia nos hace ver con más claridad lo que duele, lo que falta y lo que ya no queremos normalizar.

Tal vez por eso América Latina está girando políticamente. No sólo porque los ciudadanos dentro de sus fronteras se cansaron de la inseguridad, la corrupción o la incompetencia. También porque millones de personas que se fueron, que reconstruyeron su vida desde cero y que aprendieron a comparar sistemas, están votando desde esa experiencia.

Los inmigrantes ya no sólo exportan remesas. También exportan experiencias. Y esas experiencias, tarde o temprano, también terminan entrando a las urnas.

Yuri Pérez escribe sobre política internacional, cultura, derecho y poder.

La izquierda perdió porque merecía perderNo fue mala suerte. Fue el resultado de gobernar mal: dejaron inflación, inseguridad y corrupción. La gente lo notó.El domingo, Colombia eligió un presidente de derecha. Ganó Abelardo de la Espriella por muy poco, y el conteo todavía se discute, pero el mensaje es claro. Con esa elección, la izquierda perdió casi toda América Latina en tres años: Argentina, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Chile, Honduras y ahora Colombia.Muchos medios lo explican fácil: "fue la inflación mundial, le pasó a todos los gobiernos". Eso es verdad solo a medias. La verdad completa es más simple y más incómoda: la izquierda perdió porque gobernó mal, y la gente le pasó la cuenta.Vamos por partes.Primero, la economía. En los años 2000, los gobiernos de izquierda tuvieron suerte: el petróleo y otras materias primas estaban carísimas. Con ese dinero repartieron ayudas. El problema es que gastaron como si la bonanza fuera para siempre, sin arreglar las cuentas del país. Cuando los precios bajaron, no hubo con qué pagar. ¿Y quién termina pagando? El más pobre. En Argentina, la inflación llegó a 211% anual; eso es como un impuesto que se come el sueldo de la gente más pobre. En Venezuela, la economía se hundió casi por completo y la pobreza pasó del 33% al 96%.Segundo, la inseguridad. Mientras a la gente la asaltaban y la mataban, la izquierda respondía con discursos: que el delincuente también es una víctima, que tiene familia. La derecha respondió con resultados. En El Salvador, Bukele bajó los homicidios de 18 a menos de 2 por cada cien mil habitantes en tres años, y hoy tiene el apoyo más alto del continente. En Colombia, con Petro, pasó lo contrario: más homicidios y más extorsión. Los colombianos eligiero lo lógico: lo primero que uno quiere es salir a la calle sin que lo maten.Tercero, la corrupción. La izquierda llegó al poder prometiendo honestidad, y terminó salpicada (y salpicada es lo menos). El hijo del presidente Petro fue detenido por lavado de dinero. En Perú, el presidente Castillo intentó dar un golpe y cayó. Y el caso Odebrecht alcanzó a media región.¿Y México? Es la excepción: Morena sigue fuerte y Sheinbaum va bien en las encuestas (o eso dicen las encuestas). Pero ojo: es la excepción que va con retraso, no la que rompe la regla. México usa la misma fórmula que falló en los demás: repartir ayudas con dinero público para ganar lealtad, controlar el mensaje desde la mañanera, una economía que aguanta gracias a las remesas y la deuda, y una oposición que, seamos sinceros, ahora no nos sirve. Esa fórmula funcionó en Argentina, en Bolivia y en Colombia… hasta que dejó de funcionar. La cuenta llega tarde o temprano.El resto de explicaciones es puro ruido. La izquierda no perdió por mala suerte ni por una conspiración. Perdió porque gastó dinero que no tenía, ignoró el miedo de su gente y traicionó su promesa de honestidad. La región que la está dejando atrás no va hacia el abismo: se está librando de lo que la empobreció. Y hay que decirlo claro y sin miedo: la izquierda perdió porque merecía perder.

Arturo Herrera escribe sobre economía, política y cultura. Director de La Derecha Diario México y colaborador en ADN Noticias.

Un chisme extraordinario

Hace unos días vi una entrevista en YouTube con Scott Pelley, uno de los rostros más conocidos de 60 Minutes, el legendario programa de periodismo de investigación de CBS. La entrevista giraba en torno a su reciente despido y a la crisis que atraviesa la cadena.

Debo admitir que me atrapó por una razón muy simple: es un excelente chisme.

Y no lo digo de manera despectiva. Los chismes suelen ser interesantes porque revelan conflictos de poder. Detrás de las declaraciones indignadas, las entrevistas victimistas, las acusaciones mutuas y los despidos espectaculares suelen esconderse luchas mucho más profundas.

Mientras escuchaba a Pelley hablar de su salida, de sus desacuerdos con la nueva dirección y de la supuesta destrucción de una institución periodística, me di cuenta de que la historia interesante no era Scott Pelley.

La historia interesante era la guerra que se está librando detrás de él.

Porque lo que hoy ocurre en CBS no es simplemente un conflicto laboral. Es parte de una batalla mucho más amplia sobre quién tiene autoridad para definir qué es periodismo responsable y quién tiene derecho a decidir qué constituye una información equilibrada.

¿Quién es Scott Pelley?

Pelley no es un periodista cualquiera. Durante décadas ha sido una de las figuras más reconocibles del periodismo estadounidense. Corresponsal de guerra, reportero de investigación y una de las caras más visibles de 60 Minutes, forma parte de una generación de periodistas que crecieron dentro de instituciones que durante mucho tiempo fueron consideradas árbitros legítimos de la realidad.

Su despido ocurrió a principios de junio de 2026, tras una serie de enfrentamientos con la nueva dirección editorial de CBS. Según reportes de NBC News, The New York Times y Axios, todo estalló en una reunión de personal donde se presentó al nuevo productor ejecutivo del programa, Nick Bilton.

Pelley no se guardó nada. Acusó públicamente a Bari Weiss, la nueva editora en jefe de CBS News, de “asesinar” 60 Minutes. Dijo que la habían traído precisamente para destruir el programa y que ya lo estaba haciendo. También cuestionó duramente las calificaciones de Weiss —quien venía de la opinión escrita y no tenía experiencia previa en televisión— y de Bilton, un periodista de investigación sin trayectoria en televisión lineal.

Además, Pelley afirmó que la nueva dirección le había pedido en al menos una ocasión “inyectar falsedades y sesgo” en una historia políticamente sensible, y que él se había negado. La respuesta fue su despido por “insubordinación”.

¿Quién es Bari Weiss?

Para entender el conflicto hay que entender a Bari Weiss. Durante años fue columnista de opinión en The New York Times. En 2020 abandonó el periódico en medio de una enorme polémica, denunciando que la publicación había perdido diversidad ideológica y que ciertas opiniones ya no podían expresarse libremente dentro de sus páginas.

Muchos periodistas consideraron aquellas acusaciones una exageración. Otros pensaron que estaba describiendo un problema real.

Después de salir del Times fundó The Free Press, una plataforma periodística independiente que rápidamente consiguió una audiencia considerable. Su crecimiento fue tan notable que Paramount Skydance anunció la adquisición de The Free Press e incorporó a Weiss como editora en jefe de CBS News en octubre de 2025.

Para sus partidarios, Weiss representa un intento por recuperar el equilibrio ideológico dentro de los medios.

Para sus críticos, representa exactamente lo contrario: una injerencia externa que busca reorientar la línea editorial de una de las instituciones periodísticas más emblemáticas de Estados Unidos.

Lo que cambió en Paramount y CBS

El conflicto no puede entenderse sin observar los cambios corporativos ocurridos detrás de cámaras.

En 2025 se completó la fusión entre Paramount Global y Skydance Media, encabezada por David Ellison. Posteriormente surgió una operación aún más ambiciosa: la integración con Warner Bros. Discovery, una transacción valuada en aproximadamente 111 mil millones de dólares y que aún está en proceso de aprobaciones regulatorias.

Al mismo tiempo, Paramount resolvió en 2025 la demanda presentada por Donald Trump contra CBS por la edición de una entrevista a Kamala Harris durante la campaña presidencial. El acuerdo alcanzó los 16 millones de dólares (destinados a la futura biblioteca presidencial de Trump).

No existe evidencia pública de que Trump haya ordenado despidos específicos. Pero tampoco sería ingenuo ignorar el contexto: corporaciones gigantescas, operaciones multimillonarias, procesos regulatorios complejos y medios de comunicación con enorme influencia política. Por eso cualquier cambio editorial termina siendo interpretado como algo más que una simple decisión administrativa.

Bajo la dirección de Weiss, 60 Minutes ha sufrido una reestructuración profunda. Se despidió a la productora ejecutiva histórica Tanya Simon (con más de 25 años en el programa), a dos corresponsales (Sharyn Alfonsi y Cecilia Vega) y a varios productores senior. Weiss y el nuevo productor ejecutivo Nick Bilton han dicho abiertamente que el programa necesita “reinventarse para la era digital”, expandirse a más plataformas y “disrumpir o ser disrumpido”. Bilton lo resumió así: “Estoy aquí para liderar este programa, no para preservarlo bajo vidrio”.

Dos teorías

Tengo dos formas principales de interpretar lo que está ocurriendo.

La primera sostiene que estamos viendo una captura ideológica. Según esta visión, los nuevos propietarios y directivos estarían intentando reorientar la línea editorial de CBS hacia posiciones más compatibles con el trumpismo o, por lo menos, menos hostiles hacia él. Los cambios de personal, las modificaciones editoriales y los despidos formarían parte de ese proceso. Los críticos señalan el contexto del acuerdo con Trump, la falta de experiencia televisiva de Weiss y las acusaciones de Pelley sobre intentos de inyectar sesgo en las historias.

No hay pruebas concluyentes de una orden directa desde la Casa Blanca. Pero tampoco es una hipótesis completamente descabellada cuando se trata de corporaciones que necesitan aprobaciones regulatorias y que operan en un entorno político altamente polarizado.

La segunda teoría sostiene exactamente lo contrario: que durante años ciertos medios desarrollaron un sesgo progresista evidente mientras continuaban presentándose como árbitros neutrales. Que una parte importante de la audiencia percibió ese sesgo y dejó de confiar en las instituciones tradicionales. Desde esta perspectiva, figuras como Bari Weiss no estarían destruyendo el periodismo, sino intentando reformarlo para recuperar credibilidad y atraer públicos que se habían alejado.

No sé cuál de las dos teorías es correcta.

Probablemente ambas contienen elementos de verdad. Pero sí creo que una de ellas plantea una pregunta incómoda que muchos periodistas parecen resistirse a responder: ¿y si los críticos tienen razón al señalar que algunos medios confundieron durante años sus preferencias ideológicas con objetividad?

La arrogancia periodística

Hay una frase del abogado y periodista Steven Brill que me parece particularmente pertinente:

“When it comes to arrogance, power and a lack of accountability, journalists are probably the only people on the planet who make lawyers look good.”

Cuando se trata de arrogancia, poder y falta de rendición de cuentas, los periodistas probablemente son las únicas personas del planeta que hacen que los abogados parezcan agradables.

Mientras escuchaba a Scott Pelley no podía dejar de pensar en esa frase. No porque dude de su inteligencia ni de su experiencia. Lo que me llamó la atención fue algo más simple: la aparente incapacidad de contemplar la posibilidad de que quienes discrepan de él puedan estar actuando de buena fe.

Durante décadas los periodistas investigaron los abusos de poder de políticos, empresarios, militares y celebridades. Y muchas veces hicieron un gran trabajo. Pero suelen mostrarse mucho menos dispuestos a examinar críticamente los sesgos, incentivos y estructuras de poder dentro de su propia profesión. Con frecuencia se presentan como observadores neutrales cuando en realidad también son actores dentro del juego político y cultural.

Por qué esto importa para México

La razón por la que esta discusión debería interesarnos no es porque los mexicanos vean masivamente 60 Minutes. La mayoría no lo hace.

La razón es otra. Durante décadas buena parte de las élites periodísticas latinoamericanas crecieron viendo a CNN, CBS, The New York Times o The Washington Post como referencias profesionales. No necesariamente copiaban sus noticias, pero sí absorbían muchas de sus categorías, sus prioridades y sus marcos interpretativos.

Por eso los cambios que ocurren en Estados Unidos terminan llegando, tarde o temprano, a otros países. Si cambia la definición de lo que significa ser un periodista responsable dentro de las instituciones más influyentes de Estados Unidos, esa discusión también llegará a América Latina. Y México no será la excepción.

Los marcos con los que se cubren temas como migración, seguridad, política o relaciones bilaterales en los grandes medios estadounidenses suelen influir —directa o indirectamente— en cómo se narran esas mismas historias desde aquí.

Quizá nadie está ganando

La pregunta más común es quién está ganando esta guerra. ¿Trump? ¿Bari Weiss? ¿Los nuevos propietarios? ¿Los periodistas tradicionales?

Quizá esa sea la pregunta equivocada.

Durante décadas existió un consenso más o menos claro. CBS, CNN, The New York Times, The Washington Post… eran instituciones capaces de decir: “esto es verdad”. Y una gran parte de la sociedad aceptaba su autoridad para hacerlo.

Hoy ya no.

Pero tampoco parecen haber heredado esa autoridad los nuevos actores. Ni The Free Press, ni los podcasters, ni Substack, ni X, ni YouTube. Nadie.

Quizá la verdadera historia de nuestro tiempo no sea que los viejos guardianes están siendo reemplazados por nuevos guardianes.

Quizá la verdadera historia es que ya no hay guardianes.

Y si eso es cierto, entonces el despido de Scott Pelley no es la noticia. Es simplemente otro síntoma de una transformación mucho más profunda: el colapso de la autoridad informativa que durante décadas ejercieron unas cuantas instituciones sobre la conversación pública occidental.

Yuri Pérez escribe sobre política internacional, cultura, derecho y poder.

«¿Qué tan católico eres?»

Esa fue la pregunta que me hizo una amiga judía. Respondí con humor:

«Soy tan buen católico como Wolowitz es buen judío». Enseguida le di una respuesta más en serio:

«He hecho críticas muy duras a la Inquisición y a reglas del catolicismo que me parecen absurdas o inventadas desde la jerarquía, lo que me hace más cercano a alguien como las católicas por el derecho de decidir que a un mono provida, que defiende la Inquisición, justifica el precepto de no comer carne los viernes o las obsesiones de la jerarquía. Más bien soy un sujeto informado sobre esos temas y que no los lee dogmáticamente».

Me asinceré. Me dio la confianza para decir cosas que en su conjunto no suelo compartir. Un poco por prudencia, otro poco por intimidad. Ella explicó el motivo de su pregunta.

«Hice un video contestándole a unos católicos que se escudan en su catolicismo para ser antisemitas. Necesito a alguien que me diga si no le falto el respeto al catolicismo».

Le ofrecí que me lo enseñara. Me envió el video, lo vi y le dije puntualmente: «Al catolicismo no le faltas al respeto». Agradeció mi respuesta y dejamos el tema.

Lo que no le dije a mi amiga es que el fondo de su respuesta pudo estar mejor instrumentado. Tampoco le comenté que me parecía innecesario contestarle al par de tipos, a los que nunca antes había escuchado o visto. No me detuve a señalarle que estaba en riesgo de activar el efecto Streisand a beneficio de unos sujetos que ella creía muy populares que, en mi opinión, lo que necesitaban era otro efecto, el de Córdova: no tenían la menor importancia.

Unos días después, me topé con un video de uno de los tipos del binomio que hizo enojar a mi amiga. Le estaba respondiendo a otra señora judía que se indignó porque el sujeto había hecho un video en el que criticaba a los tres juniors que maltrataron a una madre buscadora y de los que había señalado que eran judíos y que uno de ellos era hijo de un rabino. La señora hizo una argumentación al estilo de mi Atlas: empezó bien y terminó terrible. Y el joven católico aprovechó eso para trapear con ella. Sin embargo, este segundo suceso me obligó a analizar el asunto con otros lentes.

Primeramente, el crítico dijo que los agresores eran antimexicanos. También dijo que los tres matones eran de la comunidad judía, cuando uno de ellos era católico. Incluso le dijo a uno, de nombre Abraham Jiménez, que no tenía nada del pueblo de México en él. Otra: «se ve que no les interesa México y su gente». No voy a calificar de antisemita lo que el crítico dijo ni a considerarlo discurso de odio, pero sí veo una argumentación un poco tramposa, igualita a la que usó Sheinbaum para atacar a Zunzunegui, una que no acusa directamente, sino que sugiere y deja que la audiencia una los puntos.

Si juntamos «los agresores son de la comunidad judía» con «son antimexicanos», el resultado es uno de los viejos prejuicios contra los judíos: que no se sienten mexicanos, parafraseando a la presidenta, que se sienten otra cosa. Voy a hacer una pregunta cuya metodología le aprendí a Luis González de Alba: si los agresores hubieran sido tres supernumerarios del Opus Dei y uno de ellos hubiera sido sobrino del Vicario Regional de México, ¿el crítico habría mencionado su religión y parentesco? Creo que no. Y eso me hace creer que su discurso sí tiene un sesgo motivado por su particular visión de cómo debe defenderse su fe.

Mi amiga judía, askenazi, fresota, polémica, me dijo que los críticos eran súper influyentes. Me imaginé a la versión cristiana de Joe Rogan, pero lo que me encontré fue a un par de chavos tridentinos que en sus posts critican al catolicismo liberal y a los que no son católicos. Aclaro que no me molesta el conservadurismo católico. De hecho, tiene cosas muy buenas… y otras que no. Pero de que tienen sesgo, lo tienen. Y no son MrBeast: el crítico del video tiene menos de 3500 seguidores en X. Y creo que todos estaríamos de acuerdo en que los agresores de las madres buscadoras son un trío de patanes, imbéciles y malas personas, cosas que el crítico señaló… aunque su religión o raza no eran relevantes para el caso, además de que su mensaje comunicó información incorrecta.

¿Por qué es pertinente que los agresores sean judíos, católicos, evangélicos o ateos? Si la conducta que estamos observando se explica perfectamente por el clasismo y la arrogancia de unos juniors, ¿qué añade exactamente la religión al análisis?

Creo que la expansión de este tipo de expresiones es resultado del clima de permisión e impunidad que el obradorato ha tenido con el antisemitismo: los integrantes del régimen son filopalestinos, antijudíos, antisionistas, defensores del integrismo iraní, se ponen kufiyas en los hombros o como bufanda, se suman a la Global Sumud Flotilla y, cuando alguien de la RedAMLO, obradorista o de plano miembro del régimen, insulta a un judío por ser judío… la presidenta guarda silencio o finge demencia. En ese clima de impunidad, no extraña que las agresiones se vuelvan más visibles.

Celebro que se critique a los tres patanes que atacaron a las madres buscadoras, pero esa agresión tiene una motivación clasista, en la que nada importa la raza o religión de los agresores, sino su total falta de madre. Ojalá los críticos tengan suficiente progenitora para ya no reincidir en introducir cuestiones que no vienen al caso en un análisis que, sin ese componente discriminatorio, sería legítimo, pertinente y adecuado. Ese es mi deseo de católico no tridentino para mis muy conservadores hermanos en la fe.

El engaño de la CNTE es doble.Primero, engaña cuando dice defender la educación pública. Segundo, engaña cuando se presenta como una fuerza opositora al gobierno. En realidad, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no es ni una cosa ni la otra: no defiende la educación y tampoco combate al poder. Es una corporación política que vive de presionar al Estado, tomar como rehén a la ciudadanía y cobrar privilegios con cargo a los contribuyentes.La CNTE no representa al maestro que todos los días entra al salón de clases, trabaja en condiciones difíciles y busca que sus alumnos aprendan. La CNTE representa a una estructura de presión. Una maquinaria corporativa que durante décadas ha entendido que bloquear una calle, tomar una caseta, paralizar una carretera o amenazar un evento público puede ser más rentable que dar clases, cumplir reglas o competir por mérito.Ese es el primer engaño: presentarse como movimiento magisterial cuando en realidad opera como una estructura de chantaje político.Sus demandas no giran alrededor de mejorar el aprendizaje de los niños, elevar la calidad educativa o premiar a los buenos docentes. Sus demandas reales son otras: control de plazas, poder sindical, pensiones más generosas, eliminación de filtros, desaparición de evaluaciones incómodas y capacidad para seguir interviniendo en la vida pública mediante la presión callejera.Por eso la reforma educativa de Enrique Peña Nieto les resultó tan peligrosa.Con todos sus errores, aquella reforma introdujo una idea elemental: que el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio docente debían depender de reglas, concursos y evaluaciones; no de cuotas sindicales, herencias políticas o arreglos corporativos. La reforma intentó quitarle al sindicato y a sus grupos de presión una de sus herramientas más valiosas: el control de las plazas.No era una discusión meramente pedagógica. Era una disputa de poder.Si una plaza se gana por concurso, el líder sindical pierde margen. Si una promoción depende de reglas, el intermediario político pierde poder. Si el Estado recupera la rectoría sobre el sistema educativo, la corporación pierde territorio. Eso fue lo que entendió la CNTE desde el primer momento. Por eso no reaccionó como un sindicato preocupado por la calidad educativa, sino como una fuerza que sentía amenazado su negocio.Bloqueó, marchó, paralizó y convirtió cada carretera en mesa de negociación.El gobierno de Peña Nieto, con Aurelio Nuño al frente de la Secretaría de Educación Pública, intentó diezmar ese poder corporativo. No lo consiguió del todo, pero sí lo golpeó. La reforma educativa afectó directamente a una de las estructuras más resistentes del viejo México: el sindicalismo magisterial que había convertido la educación en botín.Y ahí apareció Andrés Manuel López Obrador.La CNTE encontró en López Obrador a su aliado natural. Él necesitaba fuerzas de movilización contra el viejo régimen; ellos necesitaban un político dispuesto a devolverles margen de maniobra. La alianza fue funcional. La CNTE combatió la reforma educativa de Peña Nieto y el obradorismo utilizó esa inconformidad para alimentar su narrativa: todo intento de ordenar el sistema era “neoliberal”, “represivo” o “contra los maestros”.Cuando López Obrador llegó al poder, pagó la factura.En 2019 se desmontó buena parte de la reforma educativa. Se abrogó la Ley General del Servicio Profesional Docente y se canceló el corazón político de aquel modelo: la evaluación como mecanismo de permanencia y control. El obradorismo presumió que había terminado con la “mal llamada reforma educativa”. Para la CNTE, fue una victoria. Para los ciudadanos, fue el regreso de una vieja lección mexicana: cuando un grupo organizado bloquea lo suficiente, el Estado cede.Pero el problema de alimentar a una corporación de este tipo es que nunca se sacia.

La CNTE no se conformó con recuperar poder. Quiso más. Y ahora volvió a tomar al país como rehén, esta vez durante el Mundial, justo cuando México está frente a los ojos del mundo. No fue casualidad. Fue cálculo. Para la Coordinadora, la inauguración mundialista no fue un evento deportivo: fue una oportunidad de presión. Si el gobierno quería vender estabilidad, fiesta y control, la CNTE entendió que ese era el momento exacto para encarecer su silencio.Ese es el segundo engaño: hacerle creer a la población que la CNTE está contra el gobierno.No lo está. No en el sentido real.La CNTE no es una oposición democrática al poder. Es una fuerza de presión que ha sido funcional al poder morenista. Fue útil para debilitar al gobierno de Peña Nieto, útil para construir la narrativa obradorista contra la reforma educativa y útil para demostrar que Morena podía pactar con los viejos grupos corporativos mientras hablaba de transformación.La CNTE no fue derrotada por la Cuarta Transformación. Fue rehabilitada por ella.Por eso la escena actual es tan hipócrita. La Coordinadora bloquea, amenaza y presiona como si estuviera enfrentando al gobierno, pero en realidad está cobrando una deuda política a sus propios aliados. No es una rebelión contra el régimen. Es una disputa interna dentro del mismo ecosistema de poder.La CNTE juega a ser oposición en la calle mientras conserva el lenguaje, las alianzas y los beneficios de haber sido parte del movimiento que llevó a Morena al poder. Se disfraza de resistencia, pero funciona como instrumento de presión. Se vende como víctima del Estado, pero actúa como una extensión del Estado fallido: impone condiciones, bloquea libertades, toma espacios públicos y obliga a los ciudadanos a pagar el costo de su chantaje.El gobierno, por su parte, simula firmeza. Dice que no cederá, que dialogará, que escuchará a los maestros, que pondrá orden. Pero la realidad es que la CNTE existe con esta fuerza porque el propio gobierno la alimentó. Morena creyó que podía usarla contra sus adversarios y después administrarla desde el poder. Como tantas veces ocurre, el monstruo que se cría para atacar a otros termina mordiendo la mano de quien lo alimentó.Y entonces llegó el Mundial.Ese fue el momento perfecto para exhibir el engaño. Durante días, la CNTE elevó el tono, amagó con movilizaciones, amenazó con afectar accesos, casetas, avenidas y puntos estratégicos. No escogió cualquier fecha. Escogió el momento en que el gobierno más necesitaba estabilidad. Escogió el escaparate internacional. Escogió la postal que la Cuarta Transformación quería venderle al mundo: un México ordenado, festivo, controlado y feliz.La CNTE entendió dónde dolía.No protestó por convicción. Presionó por cálculo.Ese es el método de la extorsión política: escoger el momento de mayor vulnerabilidad del gobierno, elevar el costo del conflicto y obligar al poder a pagar por una paz temporal. La CNTE no buscaba justicia; buscaba encarecer su silencio. No quería resolver un problema educativo; quería convertir el Mundial en moneda de cambio.Y eso fue lo que ocurrió.La amenaza se infló antes de la inauguración. La presión creció cuando el gobierno más necesitaba orden. Las calles, los accesos, las casetas y el Estadio Azteca se convirtieron en instrumentos de negociación. Pero una vez que la Coordinadora consiguió sentar al gobierno, arrancar ofrecimientos y recordarle a Palacio Nacional que aún conserva capacidad de daño, la épica se desinfló. El supuesto movimiento social se reveló como lo que siempre fue: una mesa de cobro.Ahí está la prueba.Si la CNTE estuviera defendiendo una causa histórica, no mediría su intensidad según la rentabilidad política del momento. Si estuviera luchando por la educación, no usaría a los niños sin clases como carne de negociación. Si estuviera enfrentando al gobierno, no actuaría como acreedor político de ese mismo gobierno. Lo que vimos no fue una rebelión magisterial: fue un cobro de factura.

Primero amagaron con mancharle el Mundial a la 4T. Después negociaron. Luego bajaron el costo del conflicto. Y al final, como siempre, la factura no la pagó el gobierno: la pagaron los ciudadanos.Porque cuando decimos que la CNTE le sacó dinero al gobierno, hay que decirlo completo: ese dinero no sale de Claudia Sheinbaum, ni de Morena, ni de los funcionarios que negocian en oficinas con aire acondicionado. Sale de los contribuyentes. Sale del trabajador formal. Sale del comerciante. Sale del ciudadano que no puede bloquear una carretera para exigir privilegios. Sale de quienes sí producen, sí pagan impuestos y sí cumplen reglas.Ese es el verdadero engaño.La CNTE simula pelear contra el gobierno, pero en realidad presiona al gobierno para que el gobierno extorsione a los contribuyentes en su nombre. Hace ruido contra el poder, pero cobra a través del poder. Se presenta como víctima del Estado, pero utiliza al Estado como ventanilla de pago.No es oposición. Es un brazo de choque de presión política que el propio régimen alimentó.Por eso el Mundial no mostró la fuerza moral de la CNTE. Mostró su naturaleza mercenaria. Protestaron cuando la protesta servía para subir el precio. Se replegaron cuando el precio empezó a pagarse. Y dejaron claro que su conflicto no era con el abuso del poder, sino con el tamaño de la tajada que el poder estaba dispuesto a entregarles.La exigencia actual de la CNTE revela hasta dónde llega su ambición. Ya no se trata solamente de salarios, plazas o control sindical. Ahora exige abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, es decir, revertir el sistema de pensiones para regresar a un modelo más costoso, financiado inevitablemente por los contribuyentes.Traducido al español claro: no solo quieren que se les pague mientras abandonan aulas, movilizan contingentes y bloquean ciudades; también quieren que se les pague más por no trabajar después de cumplir ciertos años de supuesta labor. Y quieren que esa cuenta la paguen millones de mexicanos que no tienen esas condiciones, que no pueden paralizar avenidas, que no tienen una corporación detrás y que sí deben cumplir la ley para sobrevivir.Ese es el punto moral de fondo.La CNTE dice hablar por el pueblo, pero siempre cobra contra el pueblo. Cuando bloquea una calle, no afecta al “neoliberalismo”: afecta al trabajador que va tarde, al comerciante que pierde ventas, al enfermo que no llega a consulta, al ciudadano que paga impuestos y además paga las consecuencias de la protesta. Cuando toma una caseta, no castiga al gobierno: castiga al usuario. Cuando paraliza una ciudad, no libera a nadie: secuestra la movilidad de todos.Y cuando exige privilegios pensionarios sin explicar quién los financia, la respuesta es evidente: los financian los contribuyentes.Ese es el mecanismo de la extorsión política. La CNTE aprieta al gobierno, el gobierno negocia para comprar paz temporal y la factura termina cayendo sobre la sociedad. No paga el presidente. No pagan los funcionarios. No pagan los líderes sindicales. Paga el ciudadano común: con impuestos, con tiempo perdido, con servicios públicos deteriorados, con clases suspendidas, con calles bloqueadas y con un Estado cada vez más débil frente a los grupos que saben presionarlo.Por eso sus protestas no deben confundirse con causas legítimas.Hay causas reales en México. Las madres buscadoras tienen una causa real: exigen encontrar a sus hijos ante un Estado que les ha fallado de manera brutal. Las víctimas de la violencia tienen una causa real: exigen justicia en un país tomado por el crimen. Los ciudadanos afectados económicamente por las malas decisiones del gobierno tienen una causa real: trabajan, pagan impuestos y aun así reciben inseguridad, inflación, servicios deficientes y desprecio institucional.La CNTE no pertenece a esa categoría.

La CNTE no protesta porque el Estado haya abandonado a los indefensos. Protesta porque quiere más poder dentro del Estado. No busca liberar al ciudadano del abuso; busca conservar su capacidad de abusar. No pelea contra los privilegios; pelea por los suyos. No quiere terminar con el corporativismo; quiere administrarlo en su beneficio.Ese es el verdadero fraude: hacer pasar una agenda de privilegios por una lucha social.Por supuesto, hay maestros honestos. Hay docentes que trabajan en comunidades difíciles, que enfrentan carencias, que hacen más de lo que pueden con menos de lo que deberían tener. Precisamente por ellos hay que separar al maestro del aparato. Una cosa es el profesor que enseña; otra muy distinta es la estructura que usa al profesor como escudo político. Una cosa es pedir mejores condiciones laborales; otra es bloquear el país para imponer privilegios fiscales, laborales y sindicales.La educación pública merece defensa. La CNTE merece escrutinio.Y ese escrutinio debe empezar por desmontar su narrativa. No son mártires. No son una resistencia democrática. No son el último dique contra el poder. Son parte del viejo México corporativo que Morena prometió sepultar y terminó resucitando. Son la demostración de que la Cuarta Transformación no acabó con las prácticas del pasado: las adoptó, las maquilló y las puso a trabajar a su favor.La CNTE no contradice a la 4T. La revela.Revela su desprecio por el mérito. Revela su incapacidad para aplicar la ley. Revela su dependencia de grupos clientelares. Revela su debilidad frente a las corporaciones que bloquean, gritan y amenazan. Revela que, detrás del discurso de transformación, sigue viva la misma lógica de siempre: pactar con grupos de presión, repartir privilegios y trasladar la factura al ciudadano.Por eso no hay que depositar ninguna esperanza en la CNTE.No es una fuerza democratizadora. No es una reserva moral. No es la voz de la educación pública. Es una corporación que aprendió a vivir del chantaje y que se alimenta de gobiernos débiles. Hoy presiona al gobierno de Morena no porque sea su enemiga, sino porque sabe que ese gobierno le debe demasiado. Sabe que fue aliado. Sabe que fue útil. Sabe que tiene capacidad de daño. Y sabe, sobre todo, que en México demasiadas veces se premia al que bloquea y se castiga al que cumple.Ese es el engaño de la CNTE.Engaña cuando dice defender a los niños, pero abandona las aulas. Engaña cuando dice defender al maestro, pero protege estructuras de poder. Engaña cuando dice combatir al gobierno, pero ha sido uno de sus brazos de presión más útiles. Engaña cuando habla de justicia, pero exige privilegios. Engaña cuando se dice pueblo, pero le cobra al pueblo cada una de sus victorias.México no necesita rendirse ante la CNTE. Necesita recuperar el Estado de derecho.Porque donde manda el bloqueo, no manda la ley. Y donde no manda la ley, siempre terminan pagando los mismos: los ciudadanos que trabajan, producen, pagan impuestos y sostienen, una vez más, el costo de los privilegios ajenos.

Arturo Herrera escribe sobre economía, política y cultura. Director de La Derecha Diario México y colaborador en ADN Noticias.

Claudia Sheinbaum volvió a meterse en un rifirrafe con Juan Miguel Zunzunegui. Y más allá del pleito puntual, el episodio revela algo mucho más interesante: la facilidad con la que la presidenta acusa a otros de “sentirse más” mientras ella misma se permite ocupar símbolos, identidades y narrativas sobre las que nunca rinde cuentas.

Desde la mañanera, Sheinbaum hizo referencia a Zunzunegui para desacreditarlo. No discutió, hasta donde hemos visto, un punto histórico concreto. No dijo: “Zunzunegui se equivoca en esto, esto y esto”. Lo que hizo fue recurrir al argumento de la credencial: que no es historiador profesional, que se siente más que los historiadores, que habla como si supiera más que quienes estudiaron historia en una facultad.

El problema es que ese argumento es muy pobre. Si sólo los historiadores profesionales pudieran hablar de historia, habría que borrar de la conversación pública a medio país. Y habría que empezar, por supuesto, por Andrés Manuel López Obrador, quien durante años se presentó como intérprete moral de la historia de México sin ser historiador profesional y sin emplear, en muchos casos, ningún método reconocible de investigación histórica.

López Obrador escribió y habló de historia como si tuviera una autoridad superior a la de los historiadores. Y no sólo opinó: inventó, acomodó, seleccionó y convirtió la historia en instrumento político. Ahí están sus afirmaciones sobre los pueblos originarios, el sacrificio humano, el canibalismo o el origen mítico de Aztlán, muchas de ellas rebatidas por historiadores profesionales de distintas corrientes. Si alguien se ha sentido más que los historiadores, no ha sido Zunzunegui: ha sido el expresidente que convirtió la historia en sermón de poder.

Por eso resulta tan llamativo que Sheinbaum use contra Zunzunegui un criterio que jamás aplicó contra su propio antecesor. A Zunzunegui se le exige título, método, humildad y permiso. A López Obrador se le permitió pontificar sobre el pasado nacional como si la historia fuera una extensión de su voluntad política.

Luego vino la respuesta de Zunzunegui. Fue un tuit imprudente, emocional, escrito desde la reacción. Pero no necesariamente xenófobo ni antisemita. Lo que hizo fue señalar algo incómodo: la presidenta, que se presenta como defensora de identidades indígenas y símbolos nacionales, tiene una historia familiar de origen europeo y judío de la que habla muy poco en términos públicos.

El problema no es que Sheinbaum tenga origen judío, lituano, búlgaro o europeo. Ese no es el punto. México está hecho también de migraciones, mezclas, desplazamientos, exilios y familias que llegaron de muchas partes. Nadie tiene la culpa de dónde nacieron sus padres o sus abuelos. Nadie debería avergonzarse de su origen.

El problema es otro: resulta llamativo que una presidenta que insiste tanto en la reivindicación de identidades colectivas hable tan poco de una parte importante de su propia historia familiar.

Y esto se vuelve políticamente relevante porque Sheinbaum sí utiliza identidades. Utiliza símbolos indígenas. Utiliza bordados, referencias a los pueblos originarios, gestos de reivindicación cultural. También utilizó, en campaña, la imagen de la Virgen de Guadalupe, quizá el símbolo religioso y nacional más delicado de México.

Utilizó un símbolo religioso profundamente arraigado en la cultura mexicana sin haber explicado nunca cuál es su relación personal con esa tradición.

Eso no es un detalle menor. La Virgen de Guadalupe no es un adorno de campaña. No es un estampado cualquiera. Para millones de mexicanos es un símbolo de fe, de pertenencia, de historia familiar, de dolor, de consuelo y de identidad. Usarla políticamente sin explicar desde dónde se usa es, cuando menos, una falta de pudor simbólico.

Y ahí está la contradicción. A Zunzunegui se le acusa de sentirse más que los historiadores. Pero ¿qué es sentirse más que los demás sino tomar símbolos indígenas sin pertenecer a esas comunidades, tomar símbolos católicos sin explicar la propia relación con esa fe, y al mismo tiempo mantener en penumbra la propia historia familiar?

Sheinbaum no tiene obligación de convertir su vida privada en expediente público. Pero cuando una figura política construye su legitimidad sobre identidades colectivas, esas identidades dejan de ser simples adornos. Se vuelven parte de su discurso de poder.

Por eso el tuit de Zunzunegui fue imprudente, sí. No era necesario llevar la discusión a ese terreno con ese tono. En un momento en que el antisemitismo vuelve a circular con demasiada facilidad en México y en Occidente, cualquier referencia al origen judío de una figura pública debe hacerse con cuidado. La prudencia importa.

Pero prudencia no significa silencio. Y tampoco significa aceptar que toda mención al origen familiar de Sheinbaum sea automáticamente xenofobia o antisemitismo. No lo es. La pregunta legítima es otra: ¿por qué una presidenta que habla tanto de identidades ajenas habla tan poco de la suya?

La respuesta no la sabemos. Puede ser una decisión política, personal o ideológica. Pero la asimetría existe. Hay una insistencia permanente en ciertas identidades y un silencio notable sobre otras.

Y esa asimetría es todavía más grave cuando viene acompañada de una actitud de superioridad moral. Sheinbaum no debate desde la presidencia: descalifica. No persuade: sermonea. No responde argumentos: reparte credenciales de legitimidad. Decide quién puede hablar de historia, quién puede hablar de México, quién puede tocar ciertos símbolos y quién debe quedarse callado.

Pero México no le pertenece a una presidenta. La historia de México no le pertenece a una facultad, ni a un partido, ni a una mañanera. La Virgen de Guadalupe no le pertenece a una campaña. Los pueblos indígenas no son utilería de legitimación política. Y el origen familiar de una persona no debería ser motivo de vergüenza ni de ocultamiento.

Por eso este episodio importa. No porque Zunzunegui haya escrito el tuit perfecto. No lo hizo. Importa porque la reacción contra él ha servido para evitar la pregunta de fondo: ¿con qué autoridad moral acusa Sheinbaum a otros de sentirse más, cuando ella misma actúa como si pudiera colocarse por encima de símbolos, comunidades e historias que no le pertenecen del todo?

Tal vez Zunzunegui exageró. Tal vez reaccionó mal. Pero la presidenta volvió a hacer algo que ya se volvió costumbre: bajar desde la investidura presidencial al pleito personal, llevar el ruido de las redes al podio de la mañanera y usar el poder del Estado para denostar a quien incomoda.

Eso sí es sentirse más.

Yuri Pérez escribe sobre política internacional, cultura, derecho y poder.

México despertó de buenas este viernes 12 de junio, después de que la selección le ganó a Sudáfrica dos goles a cero. Eso bastó para que la gente comenzara su día con total olvido del desastre urbano cometido por Clara Brugada, los 40 desaparecidos diarios, el narcogobierno de Sinaloa, el crecimiento nulo, el cobro de piso, el agua contaminada y los servicios públicos de pésima calidad.

Somos un país de gente feliz porque nos contentamos con muy poco.

Con esto no dejo de celebrar un triunfo histórico de la usualmente derrotada escuadra nacional. Quiñones y Jiménez conmovieron al país. También es cierto que el rival habría podido recibir cinco goles y no dos, si los verdes hubieran apretado lo suficiente. Con dos expulsados, el equipo del Vasco Aguirre debió masacrar y sólo tuvo una buena victoria, que es motivo de alegría.

El problema no es la felicidad deportiva, sino la anestesia total que causa en el habitante promedio de este páramo de desgracia.

México es el caso de libro de la manipulación por pan y circo. Usualmente, el pan es poco y malo (ingresos bajos y ayuditas electoreras) y el circo es peor (las mañaneras y la propaganda basura del régimen), pero un Mundial de fútbol es otra cosa: es diversión de primer nivel. Hay una diferencia sustancial entre posar con BTS, pareciendo una tía ridícula intentando estar en onda y que Shakira, Andrea Bocelli, EJAE y David Guetta sean responsables de la música en tus oídos. O que Alejandro Fernández cante el himno nacional a capela, con todos los asistentes del Estadio Azteca (me niego a llamarlo con otro nombre) acompañándolo, para terror de los sudafricanos que se enteraron de sopetón que el coloso de Santa Úrsula también es el monstruo de las ochenta mil gargantas. Con ese tipo de circo, a la gente se le olvida el gobierno de mierda que padece.

¿Le reprocho a los mexicanos su inclinación a olvidar o ignorar la tragedia nacional? Claro que no. Este país es lo que es por su resiliencia combinada con derrotismo. Como dicen las IA que no saben escribir: no es indolencia, es idiosincrasia (me bota de la risa que redacten así). Sólo destaco que, gracias a esa proclividad, Brugada seguirá gobernando cachetonamente y Claudia seguirá administrando la presidencia del macuspano.

Como señalé más arriba, qué bueno que la selección le dio una felicidad a su muy sufrida afición, agregaría que se vale soñar con el quinto partido, pero que no hay que colgarse con que México puede ser campeón del mundo (y menos con burradas como las de Montes, que se hizo expulsar a lo Noroña).

Sólo les pido que no anestesien su sentido de la realidad: se puede celebrar a la selección mexicana, sin olvidar la tragedia nacional y sus causantes, a los que debemos sacar del poder, a punta de votos, a la brevedad posible.

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El Mundial de 2026 debía ser la gran vitrina internacional de México. Estadios llenos, turistas, celebración y un gobierno presumiendo estabilidad ante las cámaras del mundo.

Pero Arturo Herrera plantea una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando la realidad no coopera con la propaganda?

Mientras el gobierno intenta vender una imagen de normalidad, las madres buscadoras, los transportistas, los maestros y miles de ciudadanos tienen una oportunidad única para mostrar otro país. Uno que no aparece en los spots oficiales ni en las conferencias matutinas.

En esta audiocolumna, Arturo analiza por qué el Mundial podría convertirse menos en una fiesta futbolística y más en el momento en que el relato oficial choque con la realidad frente a una audiencia global.

Arturo Herrera escribe sobre economía, política y cultura. Director de La Derecha Diario México y colaborador en ADN Noticias.