Después de la destitución de los magistrados de la Corte, la oposición en su gran mayoría asumió que el gobierno de Arbenz había perdido su legitimidad y comenzó a organizar acciones que buscaban el derrocamiento del régimen por la fuerza. Las fuerzas de oposición siguieron dispersas y enfrentadas muchas veces entre sí por lo menos durante más de un año. Pero, al profundizarse la reforma agraria y adquirir el gobierno de Arbenz un sesgo cada vez más proclive al comunismo, la oposición aumentó sus fuerzas, trató de hacer un trabajo político más coordinado y, a partir de mediados de 1953, el gobierno norteamericano se decidió a intervenir también de modo más directo, apoyando a los opositores y tratando de que formaran un frente de lucha realmente unificado.

Desde el primer momento pudo apreciarse que la reforma agraria tenía un carácter político. Si bien el jefe del DAN no era un hombre de convicciones radicales, que quisiera llevar a Guatemala por la senda del socialismo marxista, la política agraria se definía, en lo fundamental, tanto desde el despacho presidencial como a través de la agitación campesina que promovían algunas figuras del PGT. Había algunos apellidos más ‘expropiables’ que otros, se ha dicho -lo que convertía al decreto en un arma contra ciertos enemigos del proceso y varias familias que aparecían como las representantes de la oligarquía tradicional- y, además, comenzaron las invasiones de tierras por parte de campesinos y trabajadores rurales.

Ya desde los primeros meses del gobierno de Arbenz pudo notarse que -a pesar de lo moderado que había sido su mensaje electoral- continuaba y se profundizaba la grave polarización política que había caracterizado los años de la presidencia de Arévalo. 

Si se quería transformar a fondo la realidad del país había que extender la revolución hacia el interior, hacia el variado mundo rural en el que coexistían desde comunidades indígenas apegadas a prácticas centenarias hasta la poderosa United Fruit, uno de los ejemplos exitosos de la moderna empresa capitalista y transnacional. El propósito era sacudir al país desde su centro político hasta los últimos confines, una tentativa de transformación que pretendía crear una nueva Guatemala, más moderna y más justa. Si este objetivo se formulaba como un rechazo al pasado podía decirse que, en general, había un cierto acuerdo general a su favor: eran muy pocos los que pensaban que se pudiese volver a la Guatemala rural de principios de siglo y muchos los que deseaban la rápida modernización del país.

La ley, cuyo objetivo declarado ya hemos resumido para el lector (v. supra), comenzaba aboliendo toda forma de trabajo no voluntario y todo tipo de prestación personal gratuita en el campo, algo que resultaba perfectamente capitalista, pues se eliminaba así todo vestigio de relación feudal preexistente. Pero agregaba casi de inmediato (art. 4º.) que todas las tierras expropiadas quedarían “incorporadas al patrimonio de la Nación”, dando a los campesinos beneficiarios “el usufructo vitalicio de tales tierras” o su arrendamiento “durante el término que en cada caso se establezca”.

Sólo un desarrollo capitalista300 acelerado podía revertir esta poco halagüeña perspectiva. Y, aunque pueda parecer extraño y hasta curioso, esa es la propuesta que hizo el presidente Arbenz al país y que sirvió para legitimar la promulgación de una ley de reforma agraria. No se trataba, por eso, de repartir la tierra para conseguir una idílica igualdad entre miles de agricultores independientes sino de “realizar un cambio substancial en las relaciones de propiedad y en el de las formas de explotación de la tierra”, con el “objeto de liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala.”

¿Era la tierra, como muchos han pensado desde tiempo inmemorial, el problema central de Guatemala, la clave de su sociedad y de su economía? Varios elementos de juicio apuntan en esa dirección, pero la respuesta, como enseguida veremos, requiere de algunas matizaciones y calificaciones de no poca entidad. Desde tiempos coloniales, y a lo largo de todo el siglo XIX y buena parte del XX, sin duda fue la tierra la principal fuente de riqueza y de poder privados: no podía ser de otra manera en un país rural, agroexportador, donde amplios contingentes indígenas habían sido incorporados a la sociedad a través del sistema colonial de las encomiendas y, luego, bajo formas de trabajo servil o de algún modo compulsivo. Pero, al llegar a la mitad del siglo pasado, ya esta situación se había modificado en buena medida debido a las nuevas circunstancias que prevalecían en Guatemala y en el mundo.

La posibilidad de crear un núcleo marxista en Guatemala ya estaba presente desde 1944, pero se dieron condiciones aún más propicias gracias el espíritu de apertura política que reinó luego del 20 de octubre. Los comunistas eran “admirados” por muchas personas que ansiaban un cambio social profundo y criticaban como injusto el orden existente. Con el auxilio de algunos exiliados salvadoreños y de otros países, varios militantes de izquierda fueron dando, en fecha tan temprana como 1945, los primeros pasos en la constitución de lo que sería luego el partido comunista de Guatemala.

Arbenz llegó al poder con buenos auspicios. Durante la campaña electoral había moderado en parte su discurso, que dedicó mucho espacio a los temas económicos y no desplegó la oratoria incendiaria propia de su antecesor. En su mensaje inaugural, por otra parte, se concentró en exponer su programa de gobierno, destacando tres objetivos: lograr la independencia económica, convertir a Guatemala, de un país atrasado y “de economía feudal, en un país capitalista moderno", y hacer todo lo posible para que esas transformaciones produjesen “la mayor elevación posible del nivel de vida de las grandes masas del pueblo”.

Guatemala no había sido nunca una democracia, en el sentido moderno del término, y el período que analizamos hasta aquí, 1944-50, presenta semejanzas y diferencias notables con respecto al telón de fondo del pasado. Por primera vez fuerzas de izquierda dominaban el país y se realizaban, en consonancia, reformas económicas y sociales sin precedentes. Se avanzaba por derroteros nuevos y la nación estaba ya, al llegar a este punto del relato, profundamente dividida en bandos cada vez más difíciles de reconciliar. Pero la democracia, como estilo de gobierno, no había podido arraigarse todavía en un país donde se mantenían prácticas consuetudinarias que en poco contribuían a afirmarla, como las elecciones manipuladas, la tentación de pasar a la violencia para resolver las discrepancias, la escasa o muy condicionada participación política de los habitantes rurales.