A pesar de sus éxitos el ejército, durante los cinco años del gobierno de Cerezo, mostró una constante inquietud, que llegó a materializarse en dos conatos de golpe de estado que no estuvieron lejos de triunfar. En los documentos que circularon profusamente durante la época aparecen delineadas algunas de las causas de este malestar en los cuarteles que llegó a convertirse, por momentos, en tema central de la política del país. En un comunicado de un “Comando Nacional y Estado Mayor de los Oficiales de la Montaña”508 estos oficiales (nunca plenamente identificados), que estaban en contacto con algunos elementos civiles, manifiestan que la institución armada está gravemente afectada por la corrupción y la concertación con las fuerzas de la guerrilla.

La guerrilla, lo hemos explicado ya, había recibido en estos años golpes devastadores y decisivos. Con la ofensiva iniciada en noviembre de 1981, con la creación y rápida difusión de las PAC y con programas como el de Fusiles y Frijoles, se había detenido por completo su expansión y había sido obligada a retirarse a zonas cada vez más remotas y apartadas. La aparición en 1983 de un nuevo programa, Techo, Tortillas y Trabajo –que se centraba en tareas de reconstrucción– y la creación de las llamadas aldeas modelo poco tiempo después, hicieron que el estado guatemalteco le quitase efectivamente el “agua al pez”: ya la guerrilla no podía aspirar a moverse “como pez en el agua” porque la población campesina, dispersa u opuesta a sus propósitos, no podía o no quería colocarse detrás de ella como una fuerza capaz de darle la victoria.

Después de intentarlo durante mucho tiempo la DCG llegaba por fin al poder, favorecida por los cambios que se habían dado a comienzos de los ochenta, por los sucesivos golpes militares que habían permitido el retorno a un sistema democrático más amplio y plural. Con sus promesas de cambio, con su trayectoria de lucha, Vinicio Cerezo Arévalo contaba, al asumir el mando en enero de 1986, con un amplio caudal de prestigio en la opinión pública y con el respaldo mayoritario del organismo legislativo. Todo permitía augurar que, así favorecido, pudiese emprender una sólida obra de gobierno.

No habiendo un candidato oficial, pues el gobierno de Mejía Víctores actuó con bastante prescindencia en este sentido, eran varias las opciones políticas que tenían real posibilidad de llegar al poder. Todas competían en un ambiente abierto mientras, en algunas zonas del interior, proseguían unas operaciones contrainsurgentes cada vez más lejanas y que ya resultaban de menor trascendencia para el ciudadano común.

La constitución que surgió de la asamblea reflejó el estado de ánimo prevaleciente en el momento. Los acuerdos –a veces forzados– entre opiniones contrastantes, le dieron al texto una cierta falta de sistematización y de unidad, en tanto que la preocupación por los abusos del pasado reciente hizo que el tema de los derechos humanos se tratase de un modo excesivamente detallado, impropio de un texto constitucional. Lo mismo ocurrió con otros temas, y por eso se ha observado que en la nueva constitución se produjo “la inclusión de muchos asuntos de carácter no constitucional sino reglamentario”, del mismo modo que sucedió, apuntamos nosotros, con la constitución promulgada en 1945.

El estilo del nuevo gobierno resultó muy diferente al del anterior. Esto se debió, en buena medida, a que las personalidades de los dos generales que los encabezaron en poco se parecían: Ríos Montt era histriónico y directo, despreocupado a veces por las formas, personalista y sin duda convencido de que podía cumplir la misión de salvar a Guatemala de los muchos males que la aquejaban; Mejía Víctores, por el contrario, era un hombre sin ambiciones personales, que no deseaba aparecer en público, sereno, callado y poco carismático.

Los intentos conspirativos no habían cesado desde ese 23 de marzo de 1982. Desde el MLN Leonel Sisniega Otero prosiguió con su labor casi desde el mismo momento en que se sintió injustamente apartado del poder, pues había sido uno de los artífices del derrocamiento del general Lucas. En el ejército abundaban los oficiales que solo habían querido que se repitieran las elecciones de 1982, no que se estableciese un nuevo gobierno militar, pues su objetivo era –precisamente– apartar al ejército de la vida política, concentrarlo en su lucha contra la guerrilla y acabar con la corrupción.

Mientras la lucha en el campo iba decidiéndose, cada vez más claramente, en contra de la guerrilla, en el escenario político también se producían cambios de importancia. La junta surgida el 23 de marzo tendría que desarrollar, en un primer momento, una decidida labor para poder consolidarse en el gobierno, pues había varios problemas que debía resolver en lo inmediato de modo imperioso.

En esa época también se lanzó el plan Victoria 82, la primera tentativa de enmarcar la lucha contrainsurgente dentro de una visión coherente y de largo plazo. Por eso Victoria 82 comenzaba con una exposición de los “objetivos nacionales actuales”, donde se afirmaban ciertos valores generales –como la integración nacional y la paz– y se destacaba como meta principal “hacer sentir a la ciudadanía que la autoridad está al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la autoridad”. Más concretamente, en cuanto a la estrategia militar, se fijaban como objetivos principales “negar el acceso a los subversivos a la población”, recuperar aquellos miembros de la guerrilla “que sea posible” y “eliminar a los subversivos que no quieran deponer las armas”.

Quienes se levantaron en armas en marzo de 1982 pensaban que la guerra interna se estaba perdiendo. Tal vez esta era una percepción demasiado pesimista que no tomaba en cuenta los logros de la contraofensiva lanzada a finales del año pasado, pero en todo caso era un sentimiento ampliamente extendido que preocupaba a los oficiales que luchaban en el terreno día a día contra los insurgentes. La guerra se estaba perdiendo, muchos pensaban, no tanto porque el enemigo fuese poderoso en sí mismo sino porque estaba conquistando a la población campesina. Las represalias del ejército, casi siempre indiscriminadas y a veces de una brutalidad extrema, estaban enajenando a los habitantes del campo, que se sentían indefensos ante los ataques de ambos bandos.