Hacia la una de la tarde las tropas especiales de la policía comenzaron a prepararse para penetrar en la sede española y se comenzaron a vivir momentos muy tensos, mientras centenares de personas, desde el exterior, comentaban lo que estaba sucediendo, impotentes para hacer algo concreto frente al conflicto planteado.

Uno de los elementos que hacen más difícil relatar lo que luego sucedió es que nadie, en el gobierno, se hizo responsable expresamente por el curso que desde allí en adelante seguirían los sucesos. Desde la embajada no se logró hablar con ningún alto funcionario, hasta que por fin quedó cortada la comunicación con el exterior, ni hubo ninguna información oficial de cómo se habría de proceder.

La embajada había sido tomada sin mayor dificultad, pues el edificio no tenía custodia ni vigilancia policial y el grupo – conformado por 27 personas, según se pudo establecer después– dispuso rápidamente de las instalaciones cerrando las puertas del local, anunciando su intención de permanecer allí hasta que el gobierno los atendiera y declarando que tomaban como rehenes a todas las personas que se encontraban en el recinto. Aparte del embajador y de los tres notables abogados mencionados estaban en la embajada el secretario de esa dependencia, seis empleadas que trabajaban allí y un ciudadano español que, por pura coincidencia, había acudido al lugar para realizar gestiones personales.

La decisión de dirigirse a la embajada de España no parece haber sido casual. Ese país había enviado un nuevo embajador a Guatemala en agosto del año anterior, una persona que, ya antes de llegar al país, suscitó una viva controversia en diversos círculos de opinión. Máximo Cajal, vinculado al partido socialista, formaba parte de una nueva camada de diplomáticos españoles que nada tenía que ver con la filiación franquista de sus antecesores y que, por todo lo que se puede deducir de sus actuaciones y de la lectura de sus escritos, se inclinaba visiblemente hacia la izquierda.

Un grupo de campesinos, provenientes de El Quiché, llegó a la ciudad de Guatemala a comienzos o mediados de enero: exactamente cuántos eran y qué propósitos tenían no ha sido determinado con completa exactitud, pero su propósito manifiesto era protestar por la represión que se estaba produciendo en la zona. Los campesinos exigían al gobierno “la exhumación de cadáveres de campesinos secuestrados en una de las aldeas del municipio de Uspantán, muertos, según se dijo, por el Ejército y arrojados a una cuneta, haciéndolos pasar por guerrilleros. Perseguían demostrar que los cadáveres a exhumarse no eran de guerrilleros sino de sus compañeros indígenas”.

El 18 de septiembre de 1979, con el asalto a la finca Mujuilá, en San Marcos, saldría a la luz pública una nueva organización guerrillera, la ORPA, que actuaría pronto con mucha fuerza en el occidente del país, desde la frontera mexicana hasta Sololá, aproximadamente. Si bien la ORPA no trabajaría en principio en conexión directa con el EGP, o con las preexistentes FAR, había una colaboración estratégica entre todos estos grupos armados,

Las estadísticas que hemos recopilado sobre la base de informaciones de prensa, y todas las fuentes consultadas, indican que se produce un claro y visible aumento de la violencia en Guatemala a partir de 1980. Se puede verificar que, entre el comienzo y el final de este período de gobierno, se multiplican casi por 10 el número total de hechos de violencia política, especialmente los ataques de la guerrilla, los enfrentamientos entre esta y el ejército y los actos de sabotaje que se suceden en muy diversas partes del país. Lo mismo ocurre con el número de muertos y de heridos, como es natural, marcando un visible contraste con lo acontecido durante el período de gobierno anterior.

Fernando Romeo Lucas García provenía de la Alta Verapaz y era un militar de carácter reservado, tozudo y un tanto tosco, que se había criado en el medio rural y todavía selvático de la parte norte de ese departamento y del sur del Petén. Muchos lo han considerado persona de escasas luces debido a la impresión que causaba su carácter adusto. Pero en realidad no le faltaba inteligencia, aunque la rudeza de su trato y su timidez habían hecho a muchos calificarlo de otro modo.

El punto siguiente en esta escalada de violencia ocurrió el 29 de mayo, cerca de un mes antes de que el nuevo presidente, Romeo Lucas García, asumiese su cargo. La llamada masacre de Panzós avivó el interés internacional por la represión que ocurría en Guatemala y dio en cierto modo un giro a la lucha, pues de allí en adelante muchos gobiernos y organizaciones no gubernamentales comenzaron a denunciar en firme al gobierno del país y a levantar su clamor por el irrespeto a los derechos humanos de la población indígena y campesina.

Mientras la ORPA desarrollaba con éxito su fase de preparación y las FAR continuaban con sus acciones puntuales, el EGP continuaba su expansión en el área del Quiché y regiones aledañas, cada vez más audaz en sus acciones, cada vez más confiado en que la victoria podría sonreírle en un futuro bastante cercano. La situación general de Centroamérica se iba tornando con el tiempo más favorable a sus propósitos, pues los sandinistas ganaban terreno en Nicaragua y se asistía a un aumento de la violencia en El Salvador, donde la guerrilla se iba afirmando y extendiendo con velocidad.