Muy poco después de que se iniciara la competencia electoral, el día 31 de octubre de 1965, ocurriría la muerte violenta de Mario Méndez Montenegro. Apasionado líder de la revolución de 1944, alcalde de la ciudad de Guatemala en los años siguientes y partidario luego de Francisco Javier Arana –hasta el punto de encabezar el levantamiento armado que sería la respuesta al asesinato del coronel– Mario Méndez Montenegro había sido figura principal de todo el proceso revolucionario y había combatido por sus ideas con pasión y persistencia durante dos largas décadas.

Surgió la idea de que hacía falta, en Guatemala, una expresión de la derecha no extremista que garantizara la continuidad democrática y la oposición al comunismo, un partido capaz de ejercer un rol estabilizador en el complejo panorama de las fuerzas en pugna. Surgiría así el PID, Partido Institucional Democrático, una nueva formación política que intentaba convertirse en factor de equilibrio y que, de algún modo, aspiraba a cumplir con el rol hegemónico que en México asumía el PRI desde hacía varias décadas.

Los nuevos gobernantes militares de Guatemala, a pesar de sus declaraciones iniciales y de la presencia de la guerrilla en el nororiente del país, no se plantearon como tarea central la de erradicar los focos insurreccionales que pacientemente estaban creando el MR13 y las FAR. Su orientación era sin duda anticomunista pero, como dijimos, ellos pensaban que la amenaza marxista provenía esencialmente de las acciones políticas del PGT en el medio urbano y no de lo que ocurría en el interior del país.

Para quienes combatían al comunismo en Guatemala, en la década de los sesenta, las diferencias entre las diversas organizaciones y corrientes marxistas no eran más que matices a los que –en el fondo– no debía prestarse mayor atención. Pero así como encontrábamos una fragmentación política significativa entre los opositores a Arévalo durante los años finales del gobierno de Ydígoras, del mismo modo puede decirse que en el campo contrario, entre las fuerzas dispuestas a llevar a Guatemala a un sistema socialista, existían también fuertes pugnas y divisiones que crearían un panorama complejo, muchas veces difícil de entender, y generarían debilidades capaces de afectar el desempeño de quienes se inclinaban hacia alguna forma de acción revolucionaria.

Buena parte de los dirigentes políticos y jefes militares percibían la amenaza del comunismo como proveniente, antes que nada, del PGT y sus aliados. Las experiencias del gobierno de Árbenz y de los sucesos de marzo y abril de 1962 habían creado un precedente que se percibía como el modelo del posible retorno de los comunistas: para quienes se oponían al marxismo el riesgo era que la fuerzas políticas de izquierda –en los sindicatos, los partidos y las organizaciones estudiantiles– pudiesen ser copadas por los comunistas, que así podrían regresar al poder sobre la base de un amplio frente que controlarían más o menos sutilmente, como había ocurrido durante el segundo gobierno de la revolución, el de Jacobo Árbenz.

El golpe militar del 31 de marzo de 1963 rompió otra vez el hilo constitucional de Guatemala, pero el hecho no suscitó, realmente, mayor sorpresa. Más aún, puede afirmarse que el golpe era esperado por muchos y que amplios sectores de la población lo recibieron con sincera e inocultable aprobación. El presidente Ydígoras, a pesar de todas sus diestras maniobras, había caído en la trampa que él mismo se había fabricado.

A pesar del escenario complicado y a veces confuso, el país avanzaba en otros planos: crecía económicamente a pesar del lastre que significaría la política de sustitución de importaciones –acogida por casi todos con tanto entusiasmo en aquel tiempo- y se diversificaba en sus actividades productivas; la vida rural y los amplios grupos indígenas, tan apartados de la vida urbana, comenzaban a transformarse y a integrarse –aunque muy lentamente- al fluir general de los sucesos638; la ciudad de Guatemala también se expandía, física y culturalmente, y se iba convirtiendo en un centro urbano cada vez menos provinciano, cada vez más abierto al mundo.

Las dos décadas que se extienden entre el fin del gobierno de Ubico y el golpe de estado de Peralta Azurdia pueden dar la impresión, a primera vista, de una incesante e incomprensible sucesión de hechos que escapan a toda lógica interior. Manifestaciones populares de todo signo, levantamientos militares victoriosos o frustrados, asesinatos políticos, represión y decenas de elecciones se entrelazan de un modo que dejan en el observador una sensación de confusión, de caos, de innumerables actores que se enfrentan en un ambiente de profunda inestabilidad. Pero esta es, simplemente, la primera impresión. Detrás del sonido y la furia636, de la continua agitación, se puede apreciar que los acontecimientos se desarrollan sobre algunas líneas maestras que sirven para darles sentido e intención.

Los intentos de golpe militar, la presencia de incipientes guerrillas en el oriente del país, los choques entre policías y manifestantes y los actos de amedrentamiento, especialmente las bombas que estallaban con frecuencia en la ciudad capital, dibujaban un cuadro alarmante que manifestaba la total ingobernabilidad en que iba cayendo el país.

Era evidente que en el ejército existía un fuerte malestar, en especial entre los oficiales de escuela, y que de ningún modo estaba alineado como un bloque detrás del presidente para defenderlo y apoyarlo. No era mejor el panorama que se le presentaba en el ámbito puramente político porque, si bien contaba con una mayoría en el congreso, los tres partidos más importantes del país se encontraban en franca oposición a su política y pronto establecerían lo que se llamó el Pacto Tripartito, un compromiso de colaboración que se mantuvo secreto durante ese tiempo pero que no por eso resultó menos efectivo.