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Antes de talar árboles, demoler una casa o levantar un edificio, casi todo pasa por un mismo filtro: el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Pero, ¿qué tan bien están funcionando los estudios de impacto ambiental en Guatemala?
En este episodio, Marjorie conversa con Marisol, ingeniera ambiental y cofundadora de un colectivo vecinal, sobre cómo se tramitan los estudios, cómo se “categorizan” los proyectos (A, B1, B2, C, CR) y por qué muchos vecinos sienten que el sistema está diseñado para informar tarde, escuchar poco y corregir a favor del proyecto.
Además, escuchamos testimonios de vecinos de zona 16, zona 10 (Colonia Concepción) y El Zapote (zona 2), quienes señalan prácticas recurrentes: fragmentación de proyectos, falta de evaluación de impactos acumulativos, copy-paste en expedientes, participación pública débil y un plazo de 20 días para oponerse a documentos de cientos de páginas.
Cerramos con recomendaciones prácticas: cómo buscar edictos, pedir información pública y organizarse como vecinos; y abrimos preguntas incómodas:
¿qué cambiaría si el plazo fuera mayor? ¿y si hubiera rótulos físicos obligatorios en el lugar del proyecto?
By Tangente Podcast5
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Antes de talar árboles, demoler una casa o levantar un edificio, casi todo pasa por un mismo filtro: el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Pero, ¿qué tan bien están funcionando los estudios de impacto ambiental en Guatemala?
En este episodio, Marjorie conversa con Marisol, ingeniera ambiental y cofundadora de un colectivo vecinal, sobre cómo se tramitan los estudios, cómo se “categorizan” los proyectos (A, B1, B2, C, CR) y por qué muchos vecinos sienten que el sistema está diseñado para informar tarde, escuchar poco y corregir a favor del proyecto.
Además, escuchamos testimonios de vecinos de zona 16, zona 10 (Colonia Concepción) y El Zapote (zona 2), quienes señalan prácticas recurrentes: fragmentación de proyectos, falta de evaluación de impactos acumulativos, copy-paste en expedientes, participación pública débil y un plazo de 20 días para oponerse a documentos de cientos de páginas.
Cerramos con recomendaciones prácticas: cómo buscar edictos, pedir información pública y organizarse como vecinos; y abrimos preguntas incómodas:
¿qué cambiaría si el plazo fuera mayor? ¿y si hubiera rótulos físicos obligatorios en el lugar del proyecto?

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