Mirada Semanal

Como hemos venido evaluando en episodios anteriores, con el paso de los días la continuidad de Maduro en el poder sigue poniéndose a prueba dentro y fuera de Venezuela. Y es que el recrudecimiento de la crisis política desencadenada por la poca credibilidad y transparencia de los resultados oficiales, ha tenido el agravante de una ofensiva represiva que no ha dejado a nadie indiferente en el concierto de las naciones. Por lo que durante toda la semana se han venido registrando contundentes pronunciamientos de gobiernos, organismos multilaterales y hasta figuras destacadas de otros ámbitos fuera de la política.

La ferocidad de la respuesta de Maduro ante las protestas, las restricciones a los medios de comunicación y en especial la propia hostilidad diplomática del gobierno venezolano, sugiere el agravamiento de una crisis que desde hace años ha asumido efectos políticos en la política hemisférica. Ante lo cual, destacan los esfuerzos diplomáticos de Colombia, Brasil, México y EEUU en primera línea, así como de la OEA, las Naciones Unidas, la Unión Europea y otros gobiernos dentro y fuera de la región latinoamericana. Por los momentos al régimen le ha bastado el empleo de la fuerza para no aceptar ninguna oferta negociadora, sin embargo la continuidad de Maduro en Miraflores ha quedado fuertemente conmocionada. Además de la documentada pérdida de respaldo electoral a nivel nacional, algunos de sus aliados internacionales no han reconocido su victoria y mucho menos avalan la agresividad represiva contra su propia ciudadanía.

En este contexto, surgen varias preguntas ¿cuánto más puede sostenerse el esquema represivo como único pilar gubernamental del régimen venezolano? ¿cuánto margen de maniobra podría tener Maduro para poder sortear más aislamiento y una eventual oleada de nuevas sanciones internacionales? Y en especial ¿la cohesión de la élite gobernante podrá resistir indefinidamente el esquema de terrorismo de Estado impuesto en el país?

Analista:

María Puerta Riera

Musicalización:

Carolina Marins

Edición y Conducción:

Xavier Rodríguez Franco

A casi dos semanas de haberse realizado la elección presidencial en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha desplegado una ofensiva represiva sin precedentes en la historia reciente, la cual sigue en curso a día de hoy. Un despliegue de fuerza, que solo consigue paralelismos históricos con los regímenes no democráticos de la segunda mitad del siglo XX en la región latinoamericana. Detenciones arbitrarias, censura de redes sociales y hostigamiento contra ciudadanos que, de alguna u otra manera, han expresado su posición de rechazo ante unos resultados que aún siguen sin publicarse ningún soporte documental, por parte de la autoridad electoral. Lo que a la fecha constituye uno de los mayores fraudes electorales que registre la historia contemporánea.

Un entorno político cada vez más reactivo, que con el paso de los días sigue implementando un mayor violencia de Estado, con un aumento exponencial de víctimas, censura y estado de zozobra generalizado para la ciudadanía, dentro y fuera del país. A la par que incrementa un mayor aislamiento internacional, en el cual se incluyen antiguos aliados ideológicos regionales que siguen exigiendo una transparencia electoral que sigue brillando por su ausencia.

Una contrastante respuesta autoritaria, que lejos de sugerir satisfacción por su reelección, podría estar revelando la existencia de tensiones a lo interno del propio régimen. Apelando a un mensaje de fortaleza política, que contrarreste el notorio desplome del respaldo popular sufrido por el gobierno de Maduro. Tal como ha sido evidenciado por las actas emitidas por el propio sistema electoral y divulgadas por la Plataforma Unitaria Democrática. En este sentido, cabría preguntarnos ¿qué otros aspectos podrían estar detrás de esta ofensiva represiva del régimen de Maduro? ¿Qué alcances regionales podrían llegar a desencadenarse en el futuro inmediato de no lograrse un cese de hostilidades y un eventual espacio de negociación?

Analistas:

Manuel Alcántara Sáez

María Puerta Riera

Musicalización:

Carolina Marins

Edición y Conducción:

Xavier Rodríguez Franco

Poco después de que el Consejo Nacional Electoral diera a conocer los resultados de las elecciones venezolanas, el entorno político ha adoptado una grave deriva de protestas y represión: un caos poselectoral sin precedentes. Unos resultados sin el más mínimo soporte documental, inmerso además en un proceso comicial con innumerables restricciones, que contrasta abiertamente con los más mínimos estándares democráticos. Todo lo cual además en franca violación de la propia legislación electoral venezolana vigente.

De hecho, hasta la fecha en la que se ha grabado este programa siguen sin publicarse las actas electorales que justifican los resultados del CNE. Siendo este el principal elemento de discordia, que ha provocado una rápida proliferación de protestas espontáneas en simultáneo en todo el país. Las cuales continúan dentro y fuera del país durante este fin de semana. Expresiones de rechazo que desde el propio lunes 29 de julio, el régimen de Maduro ha ordenado sofocar, desplegando un gran dispositivo represivo que hasta los momentos ha conseguido más de 900 detenidos y 19 fallecidos a nivel nacional. Un escenario de violencia política en el que además de los presos políticos ya existentes, se suman más detenciones, mayor censura de medios de comunicación y en suma, mayores restricciones a los derechos humanos y políticos de la ciudadanía venezolana.

Ante este estado de situación, examinaremos los aspectos que ya se conocen a casi una semana de la elección. Así como también evaluar las implicaciones nacionales e internacionales que pudieran desencadenarse, de continuar el esquema represivo y el caos poselectoral que el propio gobierno ha provocado. ¿Qué cabría esperar de mantenerse su indisposición de divulgar, contrastar y eventualmente aceptar, una documentalmente probada derrota electoral? Eso y más lo evaluaremos en esta entrega de Mirada Semanal.

Analistas:

Manuel Alcántara Sáez

María Puerta Riera

Musicalización:

Carolina Marins

Edición y Conducción:

Xavier Rodríguez Franco

Dentro del calendario electoral latinoamericano del 2024, destaca la elección presidencial venezolana. Un proceso que como hemos examinado en episodios anteriores, se desarrolla en un contexto autoritario sujeto a innumerables restricciones que condicionan deliberadamente su competitividad. A pesar de todas estas adversidades impuestas por el gobierno, tanto la expectativa de participación electoral y más aún, de cambio político han venido incrementándose con el paso de los meses. Todo ello ocurre a pesar de las inhabilitaciones de candidatos, la parcialidad de la institucionalidad electoral, la disparidad comunicacional, el hostigamiento a la oposición, las restricciones del voto en el exterior, entre otras tantas condiciones adversas.

Para muchos analistas Venezuela, tanto por factores internos y externos, se encuentra en una coyuntura que pudiera producir una conmoción al régimen chavista, aferrado al poder por casi un cuarto de siglo. Con una oposición que ha superado su fragmentación y consolidando un liderazgo político en Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, ha podido promover una movilización electoral de carácter nacional. Ante lo cual la reelección de Nicolás Maduro ha sido fuertemente desafiada, de acuerdo a lo evidenciado consistentemente en diversos estudios de opinión pública.

Para examinar en detalle este complejo entorno electoral, nos acompaña en este programa monográfico Juan Manuel Trak. Politólogo venezolano, Doctor por la Universidad de Salamanca y experto en análisis cuantitativos de datos aplicados a la política. Además de articulista de nuestro portal fue coautor del libro "Crisis y Democracia en Venezuela" (UCAB Ed., 2017). Con su respaldo analítico evaluaremos los aspectos centrales del contexto político autoritario en el que esta elección se inscribe, y con ello vislumbrar además las implicaciones que pudieran presentarse, con estos comicios de cara al último semestre de 2024.

Analistas:

Manuel Alcántara Sáez

María Puerta Riera

Entrevistado:

Juan Manuel Trak

Musicalización:

Carolina Marins

Edición y Conducción:

Xavier Rodríguez Franco

Con las elecciones panameñas del pasado mayo José Raúl Mulino podría estar iniciando una nueva etapa en la vida política este país centroamericano. Tras conocerse sus primeras decisiones y su discurso ya como Presidente de la República, se pudieron vislumbrar lo que pudieran ser las líneas estratégicas de su gestión.

Este abogado y exministro, quién cuenta con Ricardo Martinelli como su principal colaborador y promotor electoral, ha hecho un especial énfasis en la recuperación económica, la seguridad ciudadana y en especial reforzar el control migratorio especialmente en la frontera con Colombia.

En este sentido, también se vislumbra en su política exterior, una mayor cooperación con los EEUU con quienes estableció el primer memorándum de entendimiento, específicamente en materia migratoria. Una dinámica demográfica de proporciones hemisféricas y que se ha venido agudizando con el paso de los años, registrándose una crisis humanitaria sin precedentes en la historia de esta nación centroamericana. Y es que más de medio millón de personas cruzaron el peligroso "tapón del Darién" con la finalidad de seguir su travesía hacia el norte del continente.

Sin embargo, tal como ha sido examinado en anteriores episodios de Mirada Semanal, el entorno político panameño atraviesa profundos desafíos políticos, sociales, económicos y hasta medioambientales, que además de la migración, representan una importante complejidad que esta administración deberá afrontar. Ante es contexto de tanta expectativa ¿José Raúl Murillo tendrá la capacidad de gestionar estas circunstancias para este mandato que recién comienza?

Analistas:

Manuel Alcántara Sáez

María Puerta Riera

Musicalización:

Carolina Marins

Edición y Conducción:

Xavier Rodríguez Franco:

Recientemente el presidente colombiano Gustavo Petro juramentó a cuatro nuevos ministros de su gabinete. Modificaciones con las que busca impulsar su gobierno, de cara a la segunda mitad de su gestión y de un último semestre legislativo del 2024 que promete mayor crispación política.

Dentro de los nuevos integrantes del Ejecutivo, destaca Juan Fernando Cristo, nuevo ministro del interior quien tendrá que gestionar lo que quizá sea la columna vertebral de la gestión de Petro: los consensos para avanzar en reformas sociales sensibles, así como la coordinación para implementar los Acuerdos de Paz. Su papel será determinante en esa convulsa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Por otra parte, tendremos a Martha Carvajalino al frente del Ministerio de Agricultura, quien tendrá que gestionar un esquema de “redistribución justa de tierras” para agricultores y campesinos, por medio de una reforma agraria. La cual ya ha conseguido, en importantes resistencias tanto en las ciudades como en las zonas agrícolas.

También está el caso de Ángel María Buitriago como flamante ministra de Justicia y quién será la encargada de promover, ante el Congreso la polémica reforma judicial. Así como también buscar soluciones a la problemática en la gestión de los centros carcelarios del país.

Finalmente, tenemos el nombramiento de María Costanza García al frente de la cartera de Transporte y quien tendrá por delante las promesas de mejora en la conectividad terrestre y fluvial del país, así como también en la conectividad digital. Un ámbito central en un desarrollo socio-económico aún estancado para el primer semestre del año.

En este contexto de nuevos nombramientos y ante las dificultades para mantener sociedades estables dentro del ejecutivo ¿serán capaces estos nuevos ministros de mantenerse y promover la agenda gubernamental, en un contexto tan polarizado? 

Analistas:

Manuel Alcántara Sáez

María Puerta Riera

Musicalización:

Carolina Marins

Edición y Conducción:

Xavier Rodríguez Franco

El pasado 26 de junio, a plena luz del día en las calles de La Paz, Bolivia se registró un ⁠intento de golpe⁠ de Estado, liderado por el general del ejército Juan José Zúñiga. Una nueva crisis político-militar que dejó de manifiesto tanto la fragilidad institucional boliviana, así como la persistencia de la sombra del intervencionismo militar en la política de este país andino. Una operación militar, que si bien no dejó víctimas mortales, refleja el retorno de la inestabilidad política, la cual se ha agudizado con las sostenidas fricciones internas en el partido de gobierno MAS (Movimiento Al Socialismo).

Con el paso de las horas el presidente Luis Arce, aún en funciones, parecía haber salido fortalecido después de enfrentarse a este segmento rebelde de las fuerzas armadas. Un intento de golpe fallido que duró casi tres horas y que finalizó con la aprehensión del propio general Zúñiga, quién aseguraba en sus primeras declaraciones, estar molesto por su destitución el día anterior a su breve aventura armada.

Es importante destacar que lo vivido en los últimos días en Bolivia, guarda estrecha relación con su turbulenta historia polítco-militar, en la que se contabilizan ⁠190 intentos de golpes de Estado⁠ desde su independencia. Siendo el componente armado un factor de poder dispuesto a una mayor beligerancia en situaciones de inestabilidad política como la registrada durante los últimos años. Especialmente desde 2020 cuando Arce asumió la máxima magistratura del Estado, con la promesa de superar la profunda crisis política en la que los militares tuvieron también un rol arbitral ante las irregularidades electorales de aquel año.

En el marco de esta disputa de poder, la conmoción militar, protestas ciudadanas, cuestionamientos con el encarcelamiento de opositores y una economía en serias dificultades ¿podría decirse que Arce habría salido fortalecido de este intento de golpe de Estado? ¿Qué desafíos enfrenta hoy la institucionalidad democrática del Estado boliviano? Y en especial cabría preguntarse ¿qué impacto pudiera llegar tener estos incidentes de cara a las elecciones del próximo año 2025? De momento lo que parece claro es que aquella estabilidad política, que tantas veces incluía en sus discursos Evo Morales, parecieran ser cosa del pasado en la Bolivia actual.

Analistas:

⁠Manuel Alcántara Sáez⁠

⁠María Puerta Riera⁠

Musicalización:

⁠Carolina Marins⁠

Edición y Conducción:

⁠Xavier Rodríguez Franco⁠

El pasado jueves 27 de junio, en la ciudad de Atlanta, sede principal del canal de noticias CNN (Cable News Network) se realizó el primer debate presidencial previo a la elección de noviembre de 2024, entre Joe Biden y Donald Trump. Un evento que forma parte central de la cultura política norteamericana y que permite a ambos candidato presentar sus programas y contrastar posiciones ante la opinión pública.

Sin embargo, en el particular contexto de este debate presidencial, la impresión general vendría a confirmar, entre otras cosas, la creciente tendencia de decepción del electorado a ambos candidatos. Lo cual, no es un detalle menor ya que según registra el Pew Research Center en un estudio publicado en mayo, la elección del 2024 podría ser la que mayor descontento electoral hacia ambos partidos pudiera estar registrando con un 25% del electorado.

En este encuentro tal como se presagiaba, los ataques personales y las acusaciones cruzadas fueron la tendencia general, lo cual redujo una importante cantidad de tiempo para explicar propuestas de conseguir la preferencia del electorado nuevamente. Lo cual no ocultó la profunda preocupación que existe sobre la continuidad de la polarización, la radicalización del discurso político y en especial la longevidad de la oferta electoral.

Ante esta re-edición de una pugnacidad política sostenida desde la competida elección del 2020 y en atención a la consistente paridad de ambas candidaturas en las encuestas ¿qué elementos políticos son importantes destacar de este debate presidencial? ¿Quién pudiera haber salido favorecido? y en especial ¿cómo se vislumbra la participación de los indecisos en una elección tan reñida?

Analista:

María Puerta Riera

Edición y Conducción:

Xavier Rodríguez Franco

El pasado viernes 14 de junio la Cámara de Representantes del Congreso colombiano aprobó la reforma pensional promovida por el presidente Gustavo Petro. Una de las pocas victorias legislativas que ha podido conseguir al mando de la Presidencia de la República a pocas semanas de cumplirse la mitad de su gestión.

Un instrumento legal que entraría en vigencia a mediados del 2025, y que buscaría una mayor participación del sector público, con lo cual ampliar la cobertura a un importante segmento de la población, ahora mismo en estado de vulnerabilidad. Una de las varias iniciativas que, conjuntamente con la reforma laboral, de salud y educativa, forman parte central de su campaña electoral y de su plan de gobierno ya instalado en la Casa de Nariño.

Tras esta aprobación legislativo el propio Gustavo Petro aseguró que sería el primer paso para construir "un gran acuerdo nacional" que más allá del relato oficial, contrasta con la pugnacidad política que reinante en el Poder Legislativo. Es importante destacar, que antes de la implementación de esta reforma pensional, la Corte Constitucional de Colombia podría ejercer su facultad de rechazar total o parcialmente este instrumento normativo antes de su aplicación.

Lo cual revela el ambiente de contestación que existe, que con toda certeza se extenderá para el segundo semestre del 2024 cuando se discuta la reforma educativa. Ante este estado de cosas, ¿Qué aspectos pudieron facilitar este anuencia parlamentaria? ¿cuál sería la estrategia política a seguir por el gobierno dado el ambicioso paquete legislativo que busca impulsar? ¿Ha demostrado el gobierno de Petro capacidad de concesión a los sectores políticos críticos a su gestión?

Analistas:

Manuel Alcántara Sáez

María Puerta Riera

Musicalización:

Carolina Marins

Edición y Conducción:

Xavier Rodríguez Franco

Recientemente la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) publicó un informe general sobre el perfil comercial centroamericano, en el que además de figurar como la quinta economía más grande de América Latina, nos muestra importantes avances en materia de integración sub-regional. Un documento relevante viniendo del propio organismo administrativo del Proceso de Integración Económica Centroamericana encargado de la implementación del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, también conocido como "Protocolo de Guatemala" y demás instrumentos jurídicos de la integración económica regional.

Resulta de gran interés que esta subregión que durante años ha afrontado importantes problemáticas sociales, económicas y medioambientales, ha podido desarrollar de forma sostenida una creciente presencia comercial aprovechando su posición inter-oceánica. Así como también un importante esfuerzo de diversificación de su oferta exportadora, incluyendo rubros de valor agregado. Trascendiendo -al menos parcialmente- el tradicional carácter primario-exportador de las economías de la región.

Y es que por segundo año consecutivo, después de los efectos de la pandemia, las crisis inflacionarias en la economía mundial y las distintas tensiones geopolíticas de los últimos años, centroamérica muestra un desempeño comercial positivo y alentador de cara al futuro próximo.

En este sentido, son varias las preguntas que nos genera este informe ¿qué países han sido los protagonistas de esta dinámica comercial? ¿Cuáles son los socios extra-regionales más importantes? y sobre todo ¿qué buenas prácticas en materia de integración comercial podrían ser implementadas en América Latina?