Es una práctica extendida entre las mujeres migrantes en su camino hacia Estados Unidos: usar un anticonceptivo de largo efecto para evitar quedar embarazadas en caso de violación. Según Médicos sin Fronteras, entre enero y septiembre de 2022, 17 mil mujeres buscaron atención profesional en México, Honduras y Guatemala, pero solo 51 de ellas fueron atendidas como casos de violencia sexual. La mayoría no denuncia por temor a represalias tanto de grupos ilegales como de agentes estatales.