La propuesta de la Generalitat de introducir Mossos d'Esquadra de paisanos en los institutos ha desatado una tormenta en la comunidad educativa catalana. La medida, que busca atajar el aumento de la inseguridad en las aulas, donde solo este curso se han registrado más de 5.000 agresiones, ha encontrado el rechazo frontal de profesores, directores, padres e incluso de los propios sindicatos policiales, que la consideran un parche ineficaz ante un problema mucho más profundo: la pérdida de autoridad y el incremento de la conflictividad.
Albert Palacio, portavoz de la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña (USPAC), ha sido tajante al respecto: "Estamos en contra de que hayan mozos en las escuelas, la policía tiene que estar en la calle". Palacio denuncia que los sindicatos se enteraron de la medida "por la prensa" y que el Departamento de Interior no les ha explicado qué funciones realizarían los agentes. Considera que la presencia de un policía de paisano y sin arma en un centro es, actualmente, "inútil".
El portavoz policial va más allá y asegura que "la autoridad de la policía es inexistente" debido a que los políticos "han permitido desacreditar a la policía" y a la falta de apoyo judicial. "Si nosotros no la tenemos, pues imagínate, los maestros en las escuelas, deben de estar pasándolo muy, muy mal", reflexiona Palacio, quien cree que la base del problema es la falta de educación en casa, algo que considera "inexistente" en la actualidad.
Desde la dirección de los centros, la visión es similar. Jordi Satorra, presidente de la asociación de directores AXIA, admite que, aunque la relación con los Mossos es fluida y preventiva, la presencia permanente sería "absurda". Satorra describe un cambio social donde la autoridad del profesor se cuestiona sistemáticamente. "Hoy en día, incluso por una expulsión de un día, te pueden venir los padres con los abogados", lamenta, señalando que antes el uniforme de un policía o el despacho del director imponían un respeto que ya no existe.
Antonio, profesor de instituto, confirma esta realidad desde el aula. Sostiene que el problema no está en los pasillos, sino "dentro del aula", donde la falta de educación y el encaramiento de los alumnos es constante. Para algunos, ser expulsado "se lo toman como si fuese algo, una medalla". Critica que las leyes educativas obliguen a aprobar a los alumnos "aunque sea calentando una silla" y concluye que la solución no es un policía en el centro, sino devolver la autoridad al profesorado.
El drama de la conflictividad lo encarna Jordi López, padre de tres hijos y vicepresidente de la Asamblea por la Escuela Bilingüe. López luchó judicialmente para que sus hijos recibieran el 25% de las clases en castellano, un derecho que le reconoció el Tribunal Supremo. La victoria en los tribunales se convirtió en un calvario para su hijo pequeño en el colegio.
Según relata, su hijo tuvo que escuchar en clase frases como: "tu padre es tonto, ahora por culpa de tu padre tenemos matemáticas en en castellano". López tiene claro que esa frase "no sale de un niño de 10 años", sino que es el reflejo de lo que escucha en "una familia detrás". Este acoso llevó a que su hijo mediano, con necesidades especiales, tuviera que ser cambiado a un colegio de pago para poder estudiar en castellano, donde el cambio fue "radical".
López se pregunta por qué en los colegios de pago se producen menos agresiones que en los públicos y sugiere que la Generalitat debería tomar nota. Coincide en que el plan de los Mossos es un "parche" y aboga por medidas de raíz como la incorporación de educadores sociales. La solución, para la mayoría de los implicados, pasa por un "reset" del sistema, como pide Satorra, que devuelva el valor al esfuerzo y la autoridad a quienes educan.