La controversia sobre las etiquetas medioambientales de la DGT sigue generando dudas entre los conductores una década después de su creación en 2016. En el programa 'Poniendo las Calles', Carlos Moreno 'El Pulpo' ha abordado esta polémica con el experto en motor Alfonso García 'Motorman', quien ha arrojado luz sobre una de las preguntas más recurrentes: ¿es obligatorio llevar la pegatina en el parabrisas?

La respuesta a esta pregunta encierra una notable contradicción. Según ha explicado 'Motorman', "no es obligatorio llevar la etiqueta, lo dice muy claro la DGT en su web, pero está, por otro lado, recomendado llevarla en el parabrisas si la zona de bajas emisiones de las localidades donde estén establecidas, así lo indique". Esta recomendación se convierte en una obligación de facto en ciudades como Madrid o Barcelona, cuyas ordenanzas municipales exigen exhibir el distintivo para cumplir con la normativa y evitar sanciones.

La falta de una normativa homogénea provoca que cada ayuntamiento con Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) aplique sus propias reglas, generando un desconcierto que puede salir caro. En Madrid, por ejemplo, la multa por no llevar la etiqueta puede ascender a 90 euros, mientras que el acceso indebido a una ZBE se sanciona con 200 euros, una situación que ha sido objeto de debate legal como muestra la reciente anulación de una multa de 200 euros por parte de un juez en Oviedo. Muchos conductores no entienden por qué deben gastarse cinco euros en la pegatina cuando existen cámaras de control de acceso que leen las matrículas.

Esta situación ha llevado a muchos a pensar que se trata de una medida con afán recaudatorio. "Es una una forma más de de recaudar, aunque sea un poquito", comentaba el experto en el espacio radiofónico, aludiendo a los millones de vehículos que componen el parque móvil español.

Lo que comenzó como un sistema para clasificar los vehículos según su impacto ambiental se ha convertido en un factor que determina por dónde se puede circular, aparcar y a qué coste. La expansión de las ZBE, ya obligatorias en todos los municipios de más de 50.000 habitantes, ha cambiado las reglas del juego. Ciudades como Barcelona se preparan para prohibir la circulación de coches con etiqueta B, mientras otras endurecen progresivamente sus accesos, aumentando la presión sobre los conductores.

La clasificación de un vehículo, que se puede consultar en la sede electrónica de la DGT con la matrícula, depende del tipo de combustible, la normativa Euro que cumple el motor y su año de matriculación. Los modelos de gasolina anteriores a 2001 y los diésel previos a 2006 no tienen derecho a distintivo, mientras que los más modernos se clasifican como B, C, ECO o Cero.

Aunque la DGT recomienda su uso, la obligatoriedad de llevar visible la pegatina depende de cada municipio. Ciudades como Madrid, Sevilla o Pamplona contemplan en sus ordenanzas la obligación de exhibirla. La diferencia entre 'no tener derecho a etiqueta' y 'no llevarla puesta' es clave, ya que un coche puede ser sancionado por no mostrarla aunque cumpla los requisitos para circular. Mientras tanto, la DGT sigue reforzando sus medios de vigilancia con nuevas motocicletas camufladas.

Lejos de ser un trámite gratuito, la obtención de la etiqueta tiene un coste de unos cinco euros. Puede adquirirse en oficinas de Correos, gestorías autorizadas o talleres asociados, presentando el permiso de circulación y la documentación del titular. Un pequeño desembolso que, para muchos, alimenta la percepción de que el sistema esconde un fin recaudatorio detrás de su propósito medioambiental.

El Euríbor ha cerrado el mes de mayo disparado en el 2,8%, marcando niveles que no se veían en años y confirmando las malas noticias para quienes tienen hipotecas variables. En el programa 'Mediodía COPE', la periodista económica Victoria Ballesteros ha analizado el impacto directo de esta subida en los bolsillos de los ciudadanos: "La subida del Euribor va a suponer unos 65 euros más al mes, o lo que es lo mismo, cerca de 800 euros más al año para un préstamo medio, que son 170.000 euros".

Este incremento se traduce en la tercera subida consecutiva del indicador, en un contexto marcado por la inflación y la incertidumbre internacional. Para quienes revisen su hipoteca de forma semestral, el encarecimiento será algo menor, de unos 55 euros extra en cada cuota. El repunte del Euríbor también está afectando a quienes buscan ahora financiación, ya que los bancos han empezado a encarecer especialmente las hipotecas fijas, que vuelven a acercarse al 3%.

A pesar de la tendencia alcista, el ritmo de subida del indicador se ha moderado en las últimas semanas. Santiago Carbó, catedrático de economía de CUNEF Universidad, ha señalado que esto "supone un cierto alivio con respecto a los aumentos que se produjeron en marzo y abril". Según Carbó, la evolución futura dependerá de si se mantiene la tregua en la guerra de Irán y se suavizan las tensiones en los mercados del petróleo, ya que, aunque "existe la posibilidad de que suban los tipos, pero tampoco están confirmados". Aunque el Euríbor parece resistirse a llegar al 3%, el alivio es mínimo para los hipotecados.

La atención se centra ahora en la próxima reunión del Banco Central Europeo (BCE) el 11 de junio, donde se decidirá si hay nuevas subidas de tipos de interés. Mientras los expertos creen que el mercado mantendrá niveles elevados de compraventa, la subida de tipos podría convertirse en un problema de solvencia para muchas familias.

Esta subida de las hipotecas se suma a un contexto de inflación persistente. El dato del IPC adelantado de mayo sitúa la subida de precios en un 3,2% desde el año pasado, con una inflación subyacente que se eleva al 2,9%. Además, a partir del lunes, el IVA de la luz y del gas volverá al 21%, lo que previsiblemente aumentará aún más la presión sobre los hogares.

La situación contrasta con las afirmaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aseguró que los salarios crecieron un 23% por encima de la inflación entre 2018 y 2024. Sin embargo, los datos analizados en COPE por la jefa de economía, Marta Ruiz, muestran una realidad diferente: la cesta de la compra acumula un incremento del 40% desde la pandemia y el coste de la vida en ese mismo periodo aumentó un 25%, dos puntos por encima de la subida salarial media.

De hecho, el salario más frecuente en España, más representativo que la media, se sitúa en 16.500 euros, lo que supone un 10% menos que hace ocho años por el efecto de la intensa subida del salario mínimo. El economista Javier Santa Cruz ha añadido que España ha "perdido el tren de la convergencia con Europa" y que el PIB per cápita real es más bajo hoy que hace 20 años. A este panorama se suma la advertencia de la AIReF, que alerta de que la deuda pública subirá al 123% del PIB y su sostenibilidad no está garantizada.

La sorprendente eliminación de Jannik Sinner en la segunda ronda de Roland Garros ha sacudido los cimientos del torneo. Aunque el número uno del mundo ha atribuido su derrumbe ante Juan Manuel Cerúndolo a un malestar general que sentía desde por la mañana, asegurando que se encontró como si se "golpeara contra un muro", el debate se ha centrado en si el calor de París fue el verdadero detonante.

El extenista Feliciano López ha ofrecido su análisis sobre la polémica, y ha puesto en perspectiva las condiciones del torneo parisino. Aunque ha reconocido que son "duras" para el mes de mayo, con una sensación térmica que puede alcanzar los 33 o 34 grados, ha afirmado con rotundidad que no son las más extremas del circuito profesional.

López ha destacado un factor clave que diferencia a París de otros lugares: la humedad. "No hay mucha humedad en París, y eso ayuda", ha explicado. Según el extenista, la combinación de calor y humedad es lo que obliga a detener los partidos, algo que no sucede en Roland Garros. Ha puesto como ejemplo torneos como el Open de Australia, Río de Janeiro o Acapulco, donde las condiciones son "mucho peores".

A pesar de la opinión de López, la idea de un golpe de calor ha planeado sobre Sinner, que ya ha sufrido episodios similares en Australia y Shanghái. Sin embargo, el propio jugador ha negado que esta fuera la causa: "En realidad, no fue culpa del calor ni del clima. Simplemente fui yo hoy, son cosas que pasan".

El horario del partido también ha generado extrañeza. Sinner jugó a las 12 de la mañana, una de las horas de más calor. No obstante, su entrenador, Darren Cahill, ha revelado que no pidieron un cambio de hora para evitarlo. "Si hubiéramos querido evitar el calor, hubiéramos pedido jugar más tarde", ha comentado, lo que añade más incertidumbre sobre el estado físico real del italiano.

Sinner ha confesado que "es difícil de aceptar" la derrota, pero ya mira hacia el futuro. "Ahora tengo mucho tiempo para recuperarme antes de Wimbledon", ha señalado. Su eliminación, junto a la ausencia de Alcaraz, deja un cuadro muy abierto en Roland Garros, con Djokovic, Zverev y Ruud como principales aspirantes en un lado del cuadro.

Nuevos documentos del sumario del caso que investiga las actividades de Begoña Gómez, a los que ha tenido acceso este viernes 'Mediodía COPE', revelan detalles sobre los gastos y contratos gestionados desde la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según ha analizado la jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rosety, la documentación, que ya obra en poder del juez Juan Carlos Peinado, detalla contrataciones a empresas de comunicación, pagos por trabajos vinculados a un software y la compra de material como mascarillas con el logo de la cátedra.

El informe, enviado por la UCM a la Cámara de Cuentas de Madrid, confirma que se impulsaron al menos cuatro contrataciones de casi 5.000 euros a la empresa de comunicación Alabra para "facilitar servicios de soportes". Esta compañía se convirtió así en el principal proveedor de la cátedra, con varias facturas que superan los 4.000 euros. Además, la universidad explica que en varios de estos contratos "se prescindió del procedimiento administrativo establecido".

La documentación también registra pagos de 24.000 euros a otra empresa por trabajos relacionados con el software de la cátedra. En este sentido, la Universidad Complutense recuerda al juez que se ha personado en la causa como parte perjudicada y le reclama a Begoña Gómez los 113.000 euros que costó el desarrollo de dicho software, del que presuntamente se habría apropiado. Esta reclamación se enmarca en la investigación que ha llevado a que el juez Peinado cite a Begoña Gómez el próximo 9 de junio.

El caso de la cátedra de Begoña Gómez se ha convertido en un proceso de gran repercusión centrado en presuntas irregularidades en la gestión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM. El juez Juan Carlos Peinado investiga a la esposa del presidente del Gobierno por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación, entre otros. La cátedra se creó en 2020 con financiación de patrocinadores privados, pero su nombramiento como codirectora sin licenciatura universitaria fue calificado por exvicerrectores como un hecho "único y excepcional".

La investigación penal, que arrancó por denuncias de organizaciones como Manos Limpias, pivota sobre tres ejes: la presunta apropiación del software desarrollado para la UCM para su uso lucrativo privado, los contratos que la UCO considera "premeditados" y el posible uso de asesores de Moncloa para tareas privadas de la cátedra. De hecho, la raíz de la imputación de Begoña Gómez se centra en estos tres puntos clave que la Guardia Civil ha ido desgranando en sus informes.

Informes recientes de la UCO de mayo de 2026 ofrecen una visión con matices. Por un lado, concluyen que la creación de la cátedra se ajustó a la normativa de la UCM que permitía excepciones para directores no licenciados. Sin embargo, el mismo cuerpo policial acredita que la plataforma costó a la universidad más de 108.000 euros y certifica que Gómez registró las marcas a su nombre, manteniendo una clara "actividad comercial" privada con el software público.

Actualmente, la Universidad Complutense está personada como acusación y reclama 113.000 euros por el software. Mientras, la acusación popular solicita penas que ascienden a 24 años de prisión para Gómez. La defensa, dirigida por el exministro Antonio Camacho, sostiene que es una investigación de carácter político. Con todo, el futuro judicial de Begoña Gómez pasa por la audiencia preliminar clave convocada por el juez Peinado, donde se podrían decidir medidas cautelares.

A estas alturas de la legislatura, a nadie le extraña ya cuál es el rol que Óscar Puente desarrolla en el Gobierno de Pedro Sánchez, una función que nada tiene que ver con su cargo de ministro de Transportes. Su permanente sobreactuación en las redes sociales y en declaraciones de trazo grueso le configuran como el principal agitador del Ejecutivo. La última muestra ha sido su reacción al auto del juez Pedraz que investiga la trama liderada por Santos Cerdán y pagada por el Partido Socialista para obstruir presuntamente las investigaciones judiciales de la mujer y el hermano de Pedro Sánchez.

Que Puente diga que las investigaciones judiciales forman parte de “una serie de métodos que no son democráticos para derrocar al Gobiero” implica un desprecio al poder judicial que no tiene precedentes. No hace muchos días, el ministro de Transportes, jaleado por Pablo Iglesias, se dedicó a atacar la Constitución de 1978 asumiendo las ideas de la izquierda radical. Sembrar sospechas sobre el escrupuloso trabajo de los jueces y alimentar la opinión pública de teorías conspirativas destinadas a que cale la idea de una especie de golpe de Estado contra Pedro Sánchez es más que una loca fantasía, es una enorme irresponsabilidad política. El relato de las conspiraciones que eluden el cúmulo de procedimientos de corrupción en el entorno de Pedro Sánchez se ha agotado ya de tanto usarlo. Óscar Puente no necesita hacer más méritos ante Sánchez, por mucho que piense que puede ser su recambio para un futuro cada vez más próximo.