testimonios

La banda que integran Nico Bona, Pablo Cordeiro, Hernán González y Nico Díaz vivió una experiencia memorable en la mítica sala del barrio porteño de Villa Devoto. Cuentan los pormenores en una entrevista en formato de video próxima a difundirse. La faena audiovisual es obra de Vicky Batista. El audio de esta nota es un crudo del transcurso de esa filmación.

Su hijo, estudiante secundario y jugador de voley de 17 años, apareció sin vida con signos de violencia el 28 de noviembre en el Parque España de la ciudad de Rosario. Lo encontró un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La madre señala anomalías que podrían complicar a uniformados y funcionarios judiciales.

«El papá de Giovani es camerunés, llegó a la Argentina como inmigrante; nos conocimos en Rosario cuando éramos jóvenes en una cabina de teléfono donde yo ayudaba a cobrar y él iba siempre a hablar con su familia; yo tenía 17, casi 18 años; en 2010 nos separamos, pero más allá de eso siempre tuvimos muy buena relación, estuvimos comunicados; Giovani vivió conmigo hasta hace cuatro o cinco años, cuando decidimos que se mudara a Rosario porque le gustaba mucho el vóley y donde resido, acá en Añatuya, un pueblito, no iba a tener futuro».

Elber Giovani Mvogo Eteme era un muchacho amado y con proyectos. A los 17 años, estaba terminando el secundario y practicaba su deporte favorito en el Club Atlético Central Córdoba. Por eso, Vanesa Soledad Palavecino rechazó desde el principio la versión oficial, plasmada con la calificación de «suicidio» en el expediente. Superando dificultades de todo tipo, ella y Desiré, el papá de la víctima, que llegó en 2004 a la Argentina, lograron que la carátula sea modificada por «muerte dudosa» y ahora luchan para se convierta en «homicidio».

«Quería ser profesional, jugar en la Selección Argentina; decidimos que viva en Rosario para tener ese acceso, pensamos que allá iba a encontrar más posibilidad de lograr su sueño y bueno, sucedió lo que sucedió», lamenta la madre; «cursaba la Escuela de Educación Orientada 545 Anexo Puente Gallego», menciona el colegio y el barrio del adolescente, una zona carenciada que se sitúa en el margen suroeste de la ciudad, prácticamente junto al Río Saladillo; «yo soy empleada de comercio; el papá es vendedor ambulante, tiene su puesto en Rosario».

Lleva 32 años buscando los restos de su hijo, que tenía 23 cuando fue secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido por policías en la Comisaría Novena de la ciudad de La Plata. El 17 de agosto, aniversario del horror, lideró una vigilia en la puerta del edificio acompañada por familiares, amigos, ciudadanos y otras víctimas de la violencia.

Junto a su esposa Nora participó el 20 de agosto en una audiencia pública realizada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica. Su única hija tenía seis años cuando 5 de febrero de 1996 murió fulminada por una escultura expuesta de manera ilegal en un paseo público de la capital argentina. Dos nenas quedaron heridas. El Estado nunca los escuchó.

Nora Ester Ribaudo y Eduardo Rubén Iglesias, padres de Marcela Brenda, participaron el 20 de agosto en una audiencia pública histórica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Además de los padres de la víctima y los miembros del jurado, asistieron representantes del Estado argentino (liderados por Alberto Julio Baños, subsecretario de Derechos Humanos) y de la Comisión Interamericana (tomó la palabra José Luis Caballero Ochoa, presidente).

«Gracias por permitirme defender a Marcela en la Corte Interamericana», se dirigió Nora a los magistrados, tras narrar las vicisitudes que padeció junto a su marido. Su única hija tenía seis años cuando 5 de febrero de 1996 murió fulminada por una escultura expuesta de manera ilegal en un paseo público del Parque Tres de Febrero, en la Ciudad de Buenos Aires. Además, dos nenas quedaron heridas. Caballero Ochoa argumentó en este contexto que el Estado violó varios derechos simultáneos: a la vida, a la integridad y a la protección de la niñez.

«Hay un compromiso, se nota», concluyó Eduardo otorgando un voto de confianza a la Corte Interamericana, «no suelo equivocarme en esas cosas», agregó ante la mirada amistosa de Nancy Hernández López, presidenta (Costa Rica), Rodrigo Mudrovitsch, vice (Brasil), Ricardo Pérez Manrique (Uruguay), Patricia Pérez Goldberg (Chile), Alberto Borea (Perú) y Diego Moreno Rodríguez (Paraguay). Verónica Gómez, de Argentina, estuvo ausente porque es una causa de su tierra. José Manuel y Laura del Cerro asistieron como abogados de las víctimas.

Las partes tienen un mes para entregar sus alegatos finales por escrito. El veredicto podría demorar varios meses. El rótulo del convite desarrollado hoy, «audiencia pública sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas», aporta alguna pista sobre los virtuales alcances de la sentencia. Caballero Ochoa destacó en su alegato la violación de «las garantías procesales y la protección judicial» y de «las obligaciones estatales de supervisión y fiscalización de espacios públicos, en particular donde se realizan actividades recreativas de niñas y niños».

Junto a su marido Eduardo participó el 20 de agosto en una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica. Su única hija tenía seis años cuando 5 de febrero de 1996 murió fulminada por una escultura expuesta de manera ilegal en un paseo público de la capital argentina. Dos nenas quedaron heridas. El Estado nunca los escuchó.

Nora Ester Ribaudo y Eduardo Rubén Iglesias, padres de Marcela Brenda, participaron el 20 de agosto en una audiencia pública histórica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Además de los padres de la víctima y los miembros del jurado, asistieron representantes del Estado argentino (liderados por Alberto Julio Baños, subsecretario de Derechos Humanos) y de la Comisión Interamericana (tomó la palabra José Luis Caballero Ochoa, presidente).

«Gracias por permitirme defender a Marcela en la Corte Interamericana», se dirigió Nora a los magistrados, tras narrar las vicisitudes que padeció junto a su marido. Su única hija tenía seis años cuando 5 de febrero de 1996 murió fulminada por una escultura expuesta de manera ilegal en un paseo público del Parque Tres de Febrero, en la Ciudad de Buenos Aires. Además, dos nenas quedaron heridas. Caballero Ochoa argumentó en este contexto que el Estado violó varios derechos simultáneos: a la vida, a la integridad y a la protección de la niñez.

«Hay un compromiso, se nota», concluyó Eduardo otorgando un voto de confianza a la Corte Interamericana, «no suelo equivocarme en esas cosas», agregó ante la mirada amistosa de Nancy Hernández López, presidenta (Costa Rica), Rodrigo Mudrovitsch, vice (Brasil), Ricardo Pérez Manrique (Uruguay), Patricia Pérez Goldberg (Chile), Alberto Borea (Perú) y Diego Moreno Rodríguez (Paraguay). Verónica Gómez, de Argentina, estuvo ausente porque es una causa de su tierra. José Manuel y Laura del Cerro asistieron como abogados de las víctimas.

Las partes tienen un mes para entregar sus alegatos finales por escrito. El veredicto podría demorar varios meses. El rótulo del convite desarrollado hoy, «audiencia pública sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas», aporta alguna pista sobre los virtuales alcances de la sentencia. Caballero Ochoa destacó en su alegato la violación de «las garantías procesales y la protección judicial» y de «las obligaciones estatales de supervisión y fiscalización de espacios públicos, en particular donde se realizan actividades recreativas de niñas y niños».

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acompañó a los padres de la víctima en la audiencia realizada el 20 de agosto ante la Corte respectiva, con sede en San José de Costa Rica. Su alegato mencionó la violación de los derechos a la vida, la integridad y protección de la niñez; asimismo, de las garantias procesales y a la protección judicial.

Nora Ester Ribaudo y Eduardo Rubén Iglesias, padres de Marcela Brenda, participaron el 20 de agosto de una audiencia pública histórica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Además de los padres de la víctima y los miembros del jurado, asistieron representantes del Estado argentino (liderados por Alberto Julio Baños, subsecretario de Derechos Humanos) y de la Comisión Interamericana (tomó la palabra José Luis Caballero Ochoa, presidente).

«Gracias por permitirme defender a Marcela en la Corte Interamericana», se dirigió Nora a los magistrados, tras narrar las vicisitudes que padeció junto a su marido. Su única hija tenía seis años cuando 5 de febrero de 1996 murió fulminada por una escultura expuesta de manera ilegal en un paseo público del Parque Tres de Febrero, en la Ciudad de Buenos Aires. Además, dos nenas quedaron heridas. Caballero Ochoa argumentó en este contexto que el Estado violó varios derechos simultáneos: a la vida, a la integridad y a la protección de la niñez.

«Hay un compromiso, se nota», concluyó Eduardo otorgando un voto de confianza a la Corte Interamericana, «no suelo equivocarme en esas cosas», agregó ante la mirada amistosa de Nancy Hernández López, presidenta (Costa Rica), Rodrigo Mudrovitsch, vice (Brasil), Ricardo Pérez Manrique (Uruguay), Patricia Pérez Goldberg (Chile), Alberto Borea (Perú) y Diego Moreno Rodríguez (Paraguay). Verónica Gómez, de Argentina, estuvo ausente porque es una causa de su tierra. José Manuel y Laura del Cerro asistieron como abogados de las víctimas.

Las partes tienen un mes para entregar sus alegatos finales por escrito. El veredicto podría demorar varios meses. El rótulo del convite desarrollado hoy, «audiencia pública sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas», aporta alguna pista sobre los virtuales alcances de la sentencia. Caballero Ochoa destacó en su alegato la violación de «las garantías procesales y la protección judicial» y de «las obligaciones estatales de supervisión y fiscalización de espacios públicos, en particular donde se realizan actividades recreativas de niñas y niños».

Nora y Eduardo participaron de una audiencia pública en la ciudad de San José de Costa Rica. Su única hija tenía seis años cuando 5 de febrero de 1996 murió aplastada por una escultura gigantesca expuesta de manera ilegal en un paseo público del Parque Tres de Febrero, en la Ciudad de Buenos Aires. Dos nenas quedaron heridas. El Estado nunca los escuchó.

Nora Ester Ribaudo y Eduardo Rubén Iglesias, padres de Marcela Brenda, participaron el 20 de agosto de una audiencia histórica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de San José de Costa Rica. Además de los padres de la víctima y los miembros del cuerpo, hubo representantes del Estado argentino (liderados por Alberto Julio Baños, subsecretario de Derechos Humanos) y de la Comisión Interamericana (tomó la palabra José Luis Caballero Ochoa, presidente).

"Gracias por permitirme defender a Marcela en la Corte Interamericana", se dirigió Nora a los integrantes del foro, tras narrar las vicisitudes que padeció junto a su marido a partir de la tragedia. Su única hija tenía seis años cuando 5 de febrero de 1996 murió fulminada por una escultura expuesta de manera ilegal en un paseo público del Parque Tres de Febrero, en la Ciudad de Buenos Aires. Además, dos nenas quedaron heridas. En este marco, Caballero Ochoa aseguró que el Estado violó varios derechos: a la vida, a la integridad y a la protección de la niñez.

"Hay un compromiso, se nota", dijo Eduardo otorgando un voto de confianza a la Corte, "no suelo equivocarme en esas cosas", agregó ante la mirada amistosa de Nancy Hernández López, presidenta (Costa Rica), Rodrigo Mudrovitsch, vice (Brasil), Ricardo Pérez Manrique (Uruguay), Patricia Pérez Goldberg (Chile), Alberto Borea (Perú) y Diego Moreno Rodríguez (Paraguay). La magistrada Verónica Gómez, de Argentina, estuvo ausente porque es una causa de su tierra. José Manuel y Laura del Cerro asistieron como abogados de las víctimas.

Su hija tenía 16 años cuando el 14 de febrero de 2016, mientras circulaba correctamente como peatón, expiró atropellada por un asesino al volante en el barrio porteño de Villa Crespo. Ella y Oscar, el papá de la chica, integran la Asociación Civil Madres del Dolor. El conjunto mural que recuerda a la víctima acaba de ser restaurado por la autora, Victoria Ferreyra.

«Con mi marido Oscar nos conocimos en Mendoza, los dos somos mendocinos; nos casamos y nos vinimos; yo siempre digo que he convivido más tiempo con el que con mi mamá y mi familia; me casé a los 19; vinimos y nos hicimos desde abajo, trabajando con la aspiración de armar nuestra familia; recuerdo que Oscar me decía antes de tener un hijo necesitamos una casa; es el sueño de muchos; algunos lo alcanzan, otros no; estudié, me recibí de maestra jardinera; trabajé; mi marido ha trabajado de mil cosas, si hay algo que tiene es que no puede quedarse quieto».

Silvia Andrea Fredes evoca sonriente cómo nació su historia de amor con Oscar Horacio Miranda, alias Cacho. Está sentada en un banco de cemento del Patio John Malcolm, barrio porteño de Villa Crespo. Mientras habla la acarician los rayos del sol de la tarde de invierno, ambientada por voces infantiles, que provienen de los juegos aledaños, el trinar de los pájaros y el tránsito vehicular de la calle Gurruchaga. «Flores para Martina», puede leerse en letras cursivas negras sobre el tapial a sus espaldas, coloreado con margaritas blancas, rojas y verdes de núcleo amarillo.

«Después de siete años de estar solos, decidimos que era momento de ser papás; yo decía que mi primer hijo iba a ser varón y el amaba tener una nena; yo hasta último momento dije es varón; cuando el medico le dijo que era una nena, el lo primero que llevó a casa fue un vestidito blanco; era lo que más soñaba; muchos hombres quieren que el primer hijo sea varón para llevarlo a la cancha, para compartir cosas de hombres; el no, quería una nena y la vida se la regaló; lástima que fue por tan poquito tiempo; así nos conocimos, así formamos la familia, así llegó Martina».

Su bebé, nacido con síndrome de Down, tenía cuatro meses cuando expiró el 20 de febrero de 2024 en el Hospital de Niños de San Miguel de Tucumán. Ella atribuye el deceso a una cirugía cardiológica intempestiva realizada en condiciones irregulares por personal sin habilitación. Acusa a Luis Medina Ruiz, ministro de salud provincial, de encubrimiento.

«Hace un mes fui hasta el kiosco a comprar; ahí me encuentro a una mujer que me dijo que me conocía, me dijo vos sos la mamá de Valentino, yo soy Lorena Cárdenas, la jefa de Enfermería; es quien recibió a mi hijo ese día y quien lo preparó para que esas personas lo mataran; esto sucedió en un kiosco lleno de gente, con cámaras y todo; le dije sé quién sos, vos recibiste a mi hijo y sabés perfectamente que me lo mataron; ella me lo reconoció, me dijo sí, yo sé que lo mataron y se largó a llorar delante de las otras personas; me dijo ahora me quieren dejar sin trabajo».

Aunque carece de experiencia judicial, Natalia Verónica Cura se ha convertido, con dolor indescriptible y obligada por las circunstancias, en la principal denunciante e investigadora del drama de su bebé. Ha identificado a presuntos sospechosos y encubridores, y recogido evidencia con la esperanza de un juicio que examine el hecho como homicidio por mala praxis médica. El pequeño Valentino Giuliano, nacido con síndrome de Down, tenía cuatro meses cuando expiró el 20 de febrero de 2024 en el Hospital de Niños de San Miguel de Tucumán.

«Le dije que me ayudara con la causa de mi hijo, que yo la iba a ayudar a ella», continúa su relato de la anécdota; «me puse a hablar por chat, le saqué obviamente captura a cada chat y los quiero usar como evidencia; hace dos domingos, esta mujer vino a casa a las seis y media de la mañana; estaba alcoholizada, creo que tenía un arma; voy a hacer la denuncia; no sé qué se le pudo pasar por la cabeza; yo creo que es remordimiento de conciencia al saber lo que le hicieron a mi hijo; todo el mundo sabe lo que le hicieron a mi hijo y ninguno se anima a hablar».

Tiene las pruebas de que su hijo, el soldado Mauro Ramírez, fue fusilado por miembros del Ejército el 26 de junio de 2003 mientras estaba en su puesto de guardia en Apóstoles, provincia de Misiones. Nunca hubo un detenido. El 14 de agosto se realizará una audiencia en la Sala Uno de la Cámara Federal de Casación Penal, en los Tribunales de Comodoro Py.

"Como madre, siento que la balanza se inclinó para favorecer a los exintegrantes del Ejército; no estoy en contra del Ejército, estoy en contra de las personas que mataron a mi hijo; quiero que se individualice y se sepa quién es el responsable y se haga justicia; surgieron muchos casos después del de Mauro en distintas unidades militares del nivel nacional; ya no mas de soldados voluntarios en Misiones; mi lucha es por los jóvenes que quedan, que siguen adentro, que tienen el mismo sentimiento patriótico que mi hijo, la vocación de servicio a la patria, el amor por la bandera".