"No puede ser que el expediente siga sin justicia; estoy luchando para que no lo vayan a cerrar; es una agonía todo esto que nos toca vivir; he conocido en carne propia la impunidad, cómo no quieren tocar a los policías; el Estado si un uniformado cometió un error debe hacerlo pagar; lo que sucedió con mi hijo fue una cacería; dicen que hicieron dos disparos nada más; realizaron muchas detonaciones; estaban no sé si borrachos o drogados y pagó las consecuencias mi hijo; lo dejaron agonizar, sin remediar el daño que provocaron; hubo abuso de poder, abuso de arma; una gran violación a los derechos humanos".

Cristian Farías, alias Tino, tenía 26 años y vivía en el barrio de Campo Contreras, ciudad de Santiago del Estero. Se rebuscaba trabajando en una gomería. La madrugada del 20 de septiembre de 2014 apareció muerto tras volcar en su moto de manera misteriosa en el cruce de dos arterias. A pesar de que la Policía intentó imponer la versión de un simple accidente, la coartada se frustró con la palabra del testigo clave, un chico de 16 años que viajaba como acompañante del fallecido.

Además de otras heridas tremendas, como un brazo fracturado y lesiones en la columna, el sobreviviente tenía un balazo en una pierna. Su relato denuncia una persecución a los tiros por parte de un móvil de la fuerza de seguridad. Los hostigadores habrían gatillado numerosas veces. Tras varios kilómetros de carrera enloquecida por las calles, habrían encerrado violentamente a los damnificados y obstaculizado deliberadamente el pedido de ayuda, mientras el motociclista agonizaba.

Cristina Isabel Farías, la mamá de Cristian, denuncia en el testimonio de esta nota que la tragedia suma nueve años de impunidad. Reclama un juicio que devele los hechos y condene a los responsables. También una nueva autopsia, con garantías efectivas, para determinar si su hijo fue fusilado por la espalda, tal vez en la nuca. Una hipótesis de la familia es que Marcos Cárdenas y Esteban Delgado, los agentes procesados, iban borrachos o drogados en el momento del horror.

"Puedo ir a una escuela y dar una charla delante de los alumnos de lo mal que hace [el alcohol]; contar mi experiencia; que por mi culpa murieron tres chicos inocentes, hermosos y fantásticos: Juan, Eugenio y Nehuén; pero mi testimonio dura solamente un rato; si sumás las horas de publicidad de alcohol que ve un chico de 16 años, eso me supera por días; son meses de propaganda si uno se pone a contar minuto tras minuto lo que observa un pibe desde los seis años hasta que llega a los 18; entonces, no importa qué tanto puedo decir yo; en su interior, subconcientemente, el joven va a defender que el alcohol es parte de nuestra libertad, que nos permite disfrutar, que no es su culpa que otra gente mate; tiene razón, pero no tiene toda la razón o la razón completa".

Aunque al nacer hace 36 años en la ciudad de Córdoba fue inscripto Francisco Javier Chávez y es padre biológico de dos hijos, recientemente cambió su nombre legal por Francisca y se confiesa bisexual. Eso explica que a lo largo de la narración use indistintamente el femenino y el masculino para referirse a sí mismo. Desde los 18 años vive en El Bolsón, provincia de Río Negro, donde cuando tenía 22 protagonizó un drama tremendo que afectó numerosas vidas para siempre.

La noche del 25 de enero de 2011 se desplazaba por la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 1920, al volante de un Fiat Spazio. Se encontraba alcoholizado y el vehículo tenía las luces averiadas, entre otros desperfectos. De pronto, perdió el control del coche, que cruzó de carril y atropelló a cuatro mochileros que circulaban como peatones por la banquina opuesta. Max Yeuhen Tretyakov, de 18 años, Juan Enrique Shott, 17, y Facundo Nehuén Marino, ídem, murieron. Jorge Arce, 18, sufrió heridas graves.

El homicida, que resultó ileso, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y diez de inhabilitación para manejar. Transcurrió dos temporadas en la cárcel y completó el tiempo de encierro en su domicilio. Entonces tomó coraje y dio un paso sorprendente. Propuso ofrecer disculpas de manera personal a los familiares de las víctimas. Enrique y Cristina Schott, los padres de Juan, aceptaron el encuentro, le dieron el perdón y le sugirieron difundir su historia para detener la violencia vial.

"Me cayó la ficha de lo solo que me había quedado y de lo loco que estaba, sin capacidad de entender tiempo y espacio, de permanecer centrado absolutamente en nada; el restaurante [comercio familiar] prácticamente cerrado; no abríamos nunca, todo mugriento; en algún momento apareció mi viejo golpeando la puerta; me dijo Lucho, escuché en la radio que hay un grupo de narcóticos anónimos en Bolsón que abrió ahora ¿por qué no vas?; yo en ese momento tenía 33 años; mi viejo tardó 16 en encontrar una respuesta; 16 años, loco...; y no lo digo como reclamando, sino como ¿por qué no están las respuestas a la mano? ¿cómo puede ser que no sepamos qué hacer cuando una persona que amamos se está muriendo, se está destruyendo la vida?".

"Ante todo, soy adicto en recuperación", se presenta sin pestañear. Tiene 47 años y vive desde hace 26 en El Bolsón, provincia de Río Negro, adonde llegó proveniente de la Capital Federal —el barrio de Belgrano, más precisamente— con sus padres y una hermana menor. En la nueva patria chica conoció a la madre de sus dos hijos, una mujer de 27 y un varón de 18. Además, tras multitud de peripecias, encontró un oficio sorpresivo, laborioso y desafiante: operador socioterapeuta en adicciones.

Es fundador de El Altillo, un espacio insigne que brinda acompañamiento a personas con consumos problemáticos y fue pionero en la provincia, pues constituye el primer Centro Rionegrino de Asistencia Integral de las Adicciones. Actualmente hay 27 proyectos por el estilo en diferentes puntos del mapa. Colabora con la Red Argentina de Suicidología, que afincó un nodo en sus instalaciones. También con la Fundación Estrellas Amarillas, dedicada a otro flagelo acuciante, la violencia vial.

Un respaldo destacado de Luciano Troglia en el nivel municipal es Pablo Cerci, subsecretario de Inclusión Ciudadana y Políticas Comunitarias. En el ámbito provincial ha sido clave Mabel dell Orfano, directora de la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones. En la actualidad, el protagonista de esta nota ajusta los detalles para su siguiente salto, la Fundación Supervivir, que creará con la ilusión de expandir el frente en una batalla sin cuartel.

Familiares de las 39 personas asesinadas en diciembre de 2001 por las fuerzas estatales en distintos puntos de la Argentina llegarán el miércoles para reclamar una ley que salde la deuda. El proyecto tiene media sanción de los senadores y dictamen positivo de los diputados. Establece indemnizar a parientes de muertos y heridos.

"Una vez que en diciembre salga el presidente Fernández vemos muy difícil que el nuevo mandatario quiera aprobar esta ley. Somos familiares; yo soy una sola acá en Corrientes capital; somos de todo el país, víctimas de 2001. El proyecto ya tuvo media sanción. Necesitamos este miércoles, la semana que viene, estar en Buenos Aires para que nos reciban y se pueda aprobar la indeminación para los heridos y las personas que murieron."

Norma Arapí es hermana de Ramón Alberto, que tenía 23 años cuando el 20 de diciembre de 2001 fue presa del gatillo fácil policial en la ciudad de Corrientes. El día de la renuncia de Fernando de la Rúa a la presidencia. El muchacho indefenso fue fusilado de un tiro en el pecho en una calle de su barrio, un paraje humilde.

El juicio realizado en 2012 estableció seis condenas. El agente Juan Ramón Vallejos recibió 20 años de prisión como gatillador. El subcomisario Raúl René Pirzi y los suboficiales Esteban Blanco, Alberto Alfonso y Estanislao Leiva, cinco por encubrimiento agravado. Otro subalterno, Juan Carlos Díaz, fue penado con dos en suspenso por fraguar el libro de guardia.

"Estamos pensando con gente de todas partes del país salir el martes a la noche de cada provincia y llegar al Congreso el miércoles a la mañana y que nos atiendan, no que estemos afuera. Y que ese proyecto pueda ser legislado para que se pueda llegar a una sanción, se pueda indemnizar a todas las personas."

Entrevista realizada el 15 de agosto en el programa radial Ciudadanos por FM Banda 107.5

Clara Bravo tenía 19 años y cursaba la Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Acaba de confesarles a sus amigas íntimas que había quedado embarazada. Su familia dice que de mellizos. El 20 de noviembre de 2020, en circunstancias extrañas, fue muerta de un balazo en la cabeza, al parecer por Gerardo Javier Cabrera, agente de la Policía santiagueña, en una calle de su pueblo, Añatuya. Rodrigo Coria Salguero, alias Coco, hijo de miembros de la fuerza, estaba con ella y sería el entregador. Sonia Córdoba, mamá de la víctima, denuncia en el audio de esta nota que a pesar del hueco de bala en el cráneo, la Justicia quiere cerrar el sumario con la carátula de accidente vial. Otro indicio revelador es que el cuerpo fue mutilado, le extrajeron el útero. Un amigo de Clara, Franco Isorni, de 23 años, había aparecido fusilado en un marco sorprendentemente similar poco antes. En ambos dramas los verdugos estarían mezclados en el narcotráfico. Sonia integra el Comité de Lucha Contra la Injusticia y la Impunidad de Santiago del Estero. Denuncia una trama de corrupción y encubrimiento. Impulsa varios proyectos simultáneos en el Congreso de la Nación para la intervención federal de la Justicia de su distrito.

Franco Nicolás Isorni, estudiante universitario de 23 años, apareció muerto el 26 de agosto de 2020 en circunstancias extrañas y aterradoras en la ciudad de Santiago del Estero. Aunque el expediente fue cerrado en los tribunales con la carátula de accidente de tránsito, Patricia Carolina, su mamá, denuncia en el audio de esta nota que el joven fue torturado, fusilado y arrojado a la vera de una rotonda por policías involucrados en el narcotráfico. Unida a familiares de otras 35 víctimas de distintas formas de violencia, ella integra el Comité de Lucha Contra la Injusticia y la Impunidad de Santiago del Estero. Denuncia una trama de corrupción y encubrimiento que implica a miembros de las fuerzas de seguridad y los tres poderes republicanos. Impulsa varios proyectos simultáneos en el Congreso Nacional para la intervención federal de la Justicia de su distrito. Pide además el juicio político a los fiscales Érika Leguizamón, Vanina Aguilera y Martín Silva, responsables de la investigación. Luego de peregrinar mendigando la verdad por calles y estrados estatales de su tierra y del país, espera respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos.

La estudiante santiagueña de 19 años, según la familia embarazada de mellizos, fue muerta de un balazo policial en 2020 en la ciudad de Añatuya. La voz de esta nota integra el Comité de Lucha contra la Injusticia y la Impunidad de Santiago del Estero.

El estudiante santiagueño de 23 años fue fusilado en 2020. El sumario, que involucra a policías, está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella integra el Comité de Lucha contra la Impunidad y la Injusticia de Santiago del Estero.

La víctima murió con 25 años en 2002 tras ser torturada por policías bonaerenses en la Comisaría Primera de Florencio Varela. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación inauguró un cartel en la vereda en el 21 aniversario del horror.