Su hijo, un estudiante de 18 años, recibió dos disparos en 2000 a la salida de la escuela en la ciudad de Salta. Ella sigue pidiendo justicia a través de la Comisión de Familiares que Luchan Contra la Impunidad y la Fundación Cintia Fernández.

"Me esterilizaron de una forma muy drástica; cuando fui a dar a luz a mi última niña, que ahora es una señorita, me dijeron te vamos a ligar; para mí, ligar era con plantas [método natural]; una enfermera me advirtió si no te dejas no te vamos a entregar a tu hija; me llevaron a la sala donde ellos hacían esta macabra...; cómo decirlo, todavía es difícil recordar lo que nos han hecho vivir; me sacaron la ropa, me pusieron una bata y me hicieron acostarme; solamente sentí un pinchazo en la columna; desde ese momento quedé prácticamente muerta; veía a mis hijos en medio de una nube negra; me decían mamá, por favor no nos dejes, dándome la mano".

Se estima que más de 300.000 peruanas y 20.000 peruanos fueron sometidos a esterilizaciones forzadas dentro del llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar ejecutado en la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000) con financiamiento de Estados Unidos, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Aunque son hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad por el Estatuto de Roma, la Justicia local se mantiene en silencio.

Nadie ha sido sentado en el banquillo. Hay un proceso abierto hace largo tiempo, pero avanza a ritmo de impunidad. El Estado aceptó su culpa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de María Mamérita Mestanza, que murió a causa de la operación. Aunque solo formalmente. En este escenario claramente perjudicial para las víctimas, un grupo ha demandado al país ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas.

Meriluz Guzmán Salas es madre de familia y originaria de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, República de Perú. Ocupa el rol de presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilización Forzada en su distrito. Como integrante de un contingente que recorre la región con su reclamo, estuvo de visita en la ciudad de Buenos Aires, donde participó en el Foro Mundial de Derechos Humanos y dio testimonio en el Congreso Nacional.

"Llevamos más de 25 años esperando la justicia anhelada para las víctimas, muchas fallecidas, con cáncer o postradas; hasta la fecha no hemos encontrado ningún compromiso de parte de los Gobiernos o sus representantes; un pedido de perdón público; una reparación integral de los afectados, que es aparte de la que se da por un proceso judicial; esto indigna, por eso recurrimos a órganos internacionales; hay nueve casos en las Naciones Unidas; lo hacemos para visibilizar la situación que estamos viviendo; seguiremos en la lucha, saldremos a las calles, iremos a los lugares que sean pertinentes para presentar nuestra queja, nuestra denuncia, nuestro grito, nuestra impotencia".

María Elena Carbajal Cepeda es madre de cuatro hijos y originaria de la provincia de Chepén, departamento La Libertad, República de Perú. Actualmente vive en Lima, la capital. Ocupa el rol de presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilización Forzada de Lima y Callao. Como integrante de un contingente que recorre la región con su reclamo, estuvo de visita en la ciudad de Buenos Aires, donde participó en el Foro Mundial de Derechos Humanos y dio testimonio en el Congreso Nacional.

Se estima que más de 300.000 peruanas y 20.000 peruanos fueron sometidos a esterilizaciones forzadas dentro del llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar ejecutado en la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000) con financiamiento de Estados Unidos, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Aunque son hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad por el Estatuto de Roma, la Justicia local se mantiene en silencio.

Nadie ha sido sentado en el banquillo. Hay un proceso abierto hace largo tiempo, pero avanza a ritmo de impunidad. El Estado aceptó su culpa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de María Mamérita Mestanza, que murió a causa de la operación. Aunque solo formalmente. En este escenario claramente perjudicial para las víctimas, un grupo ha demandado al país ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas.

"Cuando me hicieron esta ligación [sucedió de la siguiente manera]; nosotros vivimos en un caserío [Sauce Chico], de donde bajé a Huancabamba a vender hierba; bajé con un burro; estaba regresando a mi casa, donde había dejado a mis hijos; se me pegaron dos señoritas de pelo rubio, me dijeron hola, cómo te llamas: les di mi nombre; me preguntaron cuántos hijitos tienes; les contesté cuatro; para tenerlos sufría mucho y tenía miedo; me replicaron no quieres que te demos un remedio; fui con ellas, me entraron a una posta y una salita; me dijeron espera un momento, ahorita venimos; cuando me dejaron solita me sentí un poco incómoda; entró un señor; me dijo hola, cómo estás Dilcia, te voy a arreglar; me quedé pensando; las mujeres del campo somos miedosas y vergonzosas; comenzó a desvestirme; no sé qué me dio, perdí la razón y no recuerdo nada más".

"La Comisión de la Verdad nació en 2016 con la ley 1448 de víctimas y con la firma de los acuerdos de paz entre la administración del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Se fue gestando como institución autónoma, sin dependencia del Gobierno, para recolectar testimonios por todo el país de los miles y miles de damnificados de la guerra. No solo dentro de Colombia. Se empezaron a registrar voces de ciudadanos exiliados, apátridas y refugiados en el mundo, que son alrededor de cinco millones, un universo gigantesco. Dentro del país hay unos diez millones de afectados. El trabajo de la Comisión, que ya cesó en sus funciones, fue bastante considerable. Se hizo con ayuda de una entidad intereclesial conformada por varias organizaciones de derechos humanos. La Comisión estuvo dirigida por Francisco de Roux, un sacerdote jesuita."

Sergio Contreras Perudache nació y se crió en Bogotá. Vive en la ciudad de Buenos Aires desde hace una década. Como miembro de Refugio Humano (@Refugiomigrante), entidad civil de exiliados, participó en el Foro Mundial de Derechos Humanos realizado este año en la capital argentina. Se considera víctima estructural de la violencia en su país, porque aunque nunca la padeció de forma directa, los efectos sistémicos lo obligaron a abandonar la patria en busca de otros horizontes.

Considera que 70 años de guerra y 200 años de abusos generales de distinto tipo han dejado como saldo una nación hecha trizas. Describe el contexto de una sociedad prefeudal en la que hasta el presente pocas manos concentran la enorme mayoría de la tierra. Esto mismo hizo que a mediados del siglo XX grupos al margen de la ley, guerrilleros, se fueran conformando en diferentes regiones para reclamar una mejor distribución. Los hacendados respondieron con fuerzas paramilitares.

El actual presidente Gustavo Petro llegó al poder en 2022 con la reconciliación como principal compromiso político. El gobierno de Juan Manuel Santos firmó en 2016 la paz con las FARC. La Comisión de la Verdad fue otro paso histórico. Los desaparecidos registrados se calculan en 210 mil, en general campesinos, indígenas y afrocolombianos ajenos a los bandos en pugna. Muchos restos de víctimas continúan desperdigados sin identificación por los rincones más disímiles del territorio.

"Recuerdo la primera charla que di. Fuimos a un pueblo del interior, no tengo presente cuál, con todo el equipo de la Fundación [Estrellas Amarillas]. Llegamos a la mañana. Llevé un pollito amarillo [de juguete], un Angry Bird de alguno de mis sobrinos. Íbamos a estar con escuelas primarias y secundarias, era un anfiteatro enorme lleno de gente. Antes de empezar la conferencia agarré el muñeco y lo largué para arriba; cuando iba en el aire pregunté ¿Quién sabe de qué vamos a hablar hoy? El juguete cayó, lo agarró uno y le dije ¿Vos, de qué vamos a hablar? Empezó una conexión prácticamente mágica que se prolongó en el tiempo. Por ese motivo me pusieron doctor pollito. La persona que tomaba el objeto, cuando terminaba su pregunta era encargada de revolearlo para que lo agarre otra."

La vida de Germán Gutiérrez Luna dio un vuelco inusitado cuando nació Carmina, la hija de casi tres años que tiene con su esposa Marianela. La niña le descubrió una forma nueva de felicidad, que el, músico autodidacta, plasmó en dos canciones, una salsa y una chacarera. Los esposos comparten también su trabajo, porque ambos son médicos del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa, provincia de La Pampa. El emergentólogo (especializado en emergencias) y ella terapista (terapia intensiva).

En el terreno profesional, un hito trascendente para la voz de esta nota fue, de manera paradójica, el enlace con un proyecto en apariencia ajeno al ámbito clínico. La Fundación Estrellas Amarillas, creada por Silvia González, mamá de Sacha Viguera, niño víctima de la violencia vial, e integrada por numerosos pampeanos afectados por este flagelo. El contacto se produjo cuando la entidad invitó al galeno a dar su punto de vista en charlas de prevención en escuelas y otras instituciones.

A partir de esta experiencia, el médico descubrió la cara oculta del sistema de salud. Se encontró con los parientes de los fallecidos. El lado humano de la cuestión. Pudo involucrarse con sus sentimientos, ideas, preocupaciones, sueños, lágrimas, risas, batallas. Esta apertura se profundizó con una circunstancia personal terriblemente dolorosa; la muerte de sus dos mejores amigos, Guillermo y Tato, en hechos vehiculares; que convirtió a Germán en un igual de los miembros de Estrellas Amarillas.

Es experto en prensa y democracia, docente investigador de la Universidad Austral, cofundador de Fopea y miembro de la Academia Argentina de Periodismo. Esta nota reproduce una conferencia virtual auspiciada por el diario El País de Uruguay. Acumula una colección de libros publicados: Otra grieta en la pared: informe y testimonios de la nueva prensa cubana; Cazadores de Noticias. Doscientos años en la vida cotidiana de los periodistas; Guerras Mediáticas. Las grandes batallas periodísticas desde la Revolución de Mayo hasta la actualidad; Las palabras son acciones. Historia política y profesional del diario La Opinión de Jacobo Timerman, 1971-1977; El señor de los mercados: historia de Ámbito Financiero, 1976-2001; Prensa y Congreso: trama de relaciones y representación social.

El lunes será el aniversario de un drama con indicios de crimen institucional. La voz de esta nota visitará ese día a Viviana Barbosa, fiscal del caso, que pertenece al fuero federal con asiento en Posadas, provincia de Misiones. El soldado de 22 años era originario de Chaco. Fue víctima de un balazo en Apóstoles, donde se desempeñaba. Los superiores informaron un suicidio. Sucedió en el Regimiento de Infantería Monte 30 del Ejército Argentino.

"El sábado a la tarde voy a estar en Misiones. El domingo harán una actividad con niños en el barrio Esperanza, donde está emplazado el mural de Mauro y a la tarde un pequeño festival con artistas locales de Apóstoles. Después una especie de vigilia hasta las 20, en que se realizará una misa en memoria de mi hijo. El lunes ingresaré al Regimiento. A las 10 se realizará una celebración con el acompañamiento de la hermana Carmen, que oficiará. A la tarde tendremos una entrevista con la fiscal que lleva el caso [Viviana Barbosa]. Luego un acto frente al Juzgado Federal, donde se encuentra emplazada la placa; allí se hará una ofrenda floral."