La polémica emergió cuando El Salvador recibió en su prisión de máxima seguridad a ciudadanos venezolanos, procedentes de Estados Unidos, acusados, sin pruebas ni juicio, de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Para sumar condimentos a esta decisión, el republicano invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa que data de 1798 y que fue aplicada en solo tres oportunidades, cuando el país del norte estuvo en guerra.