Solo unos días después de la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur, el Parlamento Europeo ha suspendido su entrada en vigor y ha solicitado al Tribunal de Justicia de la UE que verifique si el texto entra en conflicto con otros acuerdos. La decisión podría tardar entre año y medio y dos años en llegar, pero mientras, la Comisión Europea ha apuntado a la posibilidad y al deseo de aplicar provisionalmente el acuerdo comercial y empezar a operarlo pese al Parlamento. «El Consejo dividió el acuerdo en dos instrumentos jurídicos: uno para la parte asociativa (política) y otro para la comercial, con el objetivo de agilizar la ratificación y evitar bloqueos. Su intención de ahora no nos parece muy democrática», explica Nando Durá, responsable de comercio exterior de Unión de Uniones, una de las organizaciones agrarias contrarias al acuerdo. «Por nosotros, si se eliminara todo lo referente al sector agrario sería ideal. Básicamente por una razón: nosotros tenemos unas normas de producción que no tienen los terceros países con los que se firma. Usan fitosanitarios que aquí están prohibidos, tienen otros estándares de bienestar animal... por no hablar, de seguridad laboral», añade Durá. «Y no es solo Mercosur: ya venimos arrastrando los acuerdos con Sudáfrica o Marruecos, y después vendrá India. Este último se acaba de firmar, pero al menos el arroz, el azúcar, la carne de pollo o los lácteos han quedado fuera de la liberalización».