La sentencia T-629 de 2010 emitida por la Corte Constitucional intenta delimitar las prácticas del trabajo sexual en un esfuerzo por intentar cobijar legalmente a las trabajadoras sexuales que se ven expuestas a múltiples formas de violencia. Sin embargo, esta sentencia se queda corta a la hora de pensar en condiciones laborales dignas que protejan a estas mujeres. Además, el trabajo sexual sigue siendo un tema tabú sobre el cual no se pronuncian políticos ni abogados, y algunas facciones del feminismo consideran que las trabajadoras sexuales, al trabajar con sus cuerpos para satisfacer el deseo masculino, no hacen parte de la lucha por los derechos de las mujeres. Frente a la coyuntura del COVID-19, muchas trabajadoras sexuales han visto muchas dificultades para ganar su sustento y se han quedado sin qué comer ni dónde dormir. ¿De qué manera la regulación del trabajo sexual y el activismo por un marco legal que las permita ejercer su trabajo puede ayudar a muchas estas mujeres? ¿En un escenario en que las trabajadoras sexuales no son vistas cómo sujetos de derechos, de qué manera el feminismo que las excluye también las violenta? ¿Cómo podemos ayudar desde las acciones a estas mujeres que se encuentran en las calles?