Esta era la crónica de una muerte anunciada: durante 18 meses, en medio de precarios disimulos y artificios, mantuvieron las discrepancias más o menos controladas.

Pero los endebles puentes terminaron de dinamitarse a inicios de agosto, cuando nueve de los 10 diputados le dieron su adhesión pública al nuevo partido taxi “Aquí Costa Rica Manda” repudiando a Progreso Social Democrático, el mismo partido que los había llevado a las curules que habrán de ostentar hasta el 30 de abril del 2026.

En esa oportunidad, Pilar Cisneros acusó a Luz Mary Alpízar, la legisladora que quedaba sola, de estar en contra del rumbo oficialista. Y Paola Nájera fue más allá asegurando que la fundadora del PPSD había actuado como "copia al carbón de los partidos tradicionales que han sido maestros de la corrupción", dejando a la interpretación de cada uno lo que fuera que eso quería decir.

Debajo de ese puente, pasaron acusaciones mutuas, reclamos airados, palabras fuertes como traición y abandono de ideales; pero por encima de todo ello, las investigaciones en curso en torno a una campaña electoral teñida de posibles delitos en su financiamiento.

Con base en las evidencias respecto de una doble militancia y teniendo como argumento la jurisprudencia del TSE.

Progreso Social dio el ejecútese formal a la expulsión de los legisladores que ya habían abandonado la agrupación. De modo que al formalizar la salida, PSD solicita al Directorio Legislativo la reasignación de plazas de asesores, espacios físicos y presupuestos de los nueve. En respuesta, Cisneros indicó que se mantienen como la fracción oficialista, por mandato del soberano, no del partido que usaron como vehículo para llegar al poder.

Las implicaciones en las elecciones municipales se verán en los territorios, ante la realidad de tres divisas partidarias que quieren apropiarse de la figura presidencial, en medio de desavenencias que no se disimulan.

Para poner en perspectiva este anticipado episodio, conversaremos con el politólogo, Gustavo Araya.