Es innegable el poder político de los dueños de negocios alrededor de una actividad que debería tener objetivos del servicio público que por naturaleza es. El transporte público colectivo está de nuevo en la mesa de discusión por medidas políticas que, como casi siempre, le resultan favorables.

Hemos visto la postergación por décadas de un modelo que priorice el servicio público, el desdén a estrategias como la sectorización o el pago electrónico, el rechazo a otras opciones de transporte y el acaparamiento de rutas en grupos poderosos, por no hablar del rezago del sector en la descarbonización.

La última indica que los diputados podrían elevar de 15 a 20 años la vida útil de los autobuses, con la justificación de beneficiar a empresas pequeñas, pero concediéndole también grandes beneficios a los grupos más fuertes, los que mueven a la mayoría de los 1,6 millones de pasajeros cada día. Y las alertas han saltado ya.

Mucho tiene que ver con el poderoso lobby autobuseros, pero este es también consecuencia de otros factores. Miramos el tema con el ex viceministro de Transportes Sebastián Urbina, la ingeniera Andrea San Gil, experta en movilidad, y el periodista especializado Andrés Formoso.