Una fase del segundo proceso de solicitud de levantamiento de inmunidad contra el presidente de la República tendrá escenificación el próximo viernes, cuando el mandatario acuda a la comisión legislativa especial que evalúa el caso. Esta vez no se trata de una acusación penal como la primera, sino de una petición del TSE para determinar si entra a analizar 15 denuncias por beligerancia política de 25 presentadas a la fecha. La beligerancia política no es un delito, es una infracción a las normas establecidas para garantizar la cancha pareja en el juego electoral.

Este capítulo es solo parte de la historia de confrontación del Ejecutivo contra el Tribunal Supremo de Elecciones. Zapote rechaza abiertamente la imparcialidad que exige la legislación costarricense al gobierno de turno en cada campaña electoral y por ello ha ejecutado una estrategia en dos frentes: por un lado, argumentando una supuesta "mordaza" qué dizque le impide hacer rendición de cuentas y por otro, atacando abiertamente no a los mensajes normativos, sino a los mensajeros que son los magistrados y funcionarios; voces públicas que llaman al cumplimiento de las reglas del fair play de la contienda.

Gustavo Román, Director General de Estrategia y Gestión Política del TSE ha sido el último en la mira. Pilar Cisneros lo acusa (formalmente) no solo de beligerancia política, sino que mediáticamente lo exhibe como un funcionario público que goza de privilegios y asegura que ha calificado al mandatario de matón y dictador, aunque nunca haya pronunciado el nombre del presidente Chaves Robles. Por eso, conversamos con Román Jacobo