Es un conflicto en varios actos y con diferentes actores, por el cual fluye el abastecimiento de agua, un elemento esencial para la vida de las personas. En el escenario la ciudadanía de Paraíso, como protagonistas de primera línea.

Para entender debemos irnos cuatro décadas atrás, pero fue a mediados del año pasado que revientan las tuberías que conectan a la municipalidad, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), al punto que casi se llegó a cerrar el suministro a 30 mil personas, que detuvo la Sala Constitucional, en resguardo de un derecho humano fundamental y mientras se resuelve un recurso de amparo.

Eso sí, la situación solo está en suspenso a falta arreglar varias válvulas que surgen tras una resolución de ARESEP del año 2017 que fijó nuevas tarifas para el cobro de la venta de agua en grandes volúmenes. A partir de esto AyA inició un proceso para reglamentar, crear una comisión, hacer un inventario de los clientes con este tipo de servicio y comunicar las acciones a seguir.

A mediados del año 2024 comienzan las gestiones de cobro por sumas que no pasan inadvertidas, ya que instituto rector sostiene que superan los ₡3.400 millones, que el gobierno local considera como un cobro retroactivo, irregular e ilegal, que se encuentra en un litigio ante el Tribunal Contencioso Administrativo,

Tal es la gravedad del caso que fue necesario convocar a las partes a una mesa de negociación, que arranca con la discusión del pago del mes de abril, que se junta con la discusión de un proyecto de ley para condonar la deuda.

Para escuchar varias voces de este diferendo conversaremos con Luis Manuel Cordero, del Movimiento paraiseños por el agua, Michael Álvarez, alcalde de Paraíso y Antonio Ortega, diputado.