“Inéditos ataques políticos y criminales asedian al Poder Judicial en detrimento de la calidad de la democracia”. La contundente conclusión del Quinto Informe del Estado de la Justicia de Costa Rica indica que esos embates provienen, en gran medida, del gobierno de Rodrigo Chaves y evidencia una táctica de debilitar las instituciones.

Esto es un asunto serio, que nos convoca a una reflexión profunda y con argumentos para lograr desentrañar las intenciones que un clima de hostilidad sistemático provoca, no solo con los perjuicios directos, sino con las afectaciones que nos impactarán como ciudadanía.

Bajo ataque, pero resistiendo dada su solvencia probada de años. Sin ser aún un problema estructural, la desconfianza hacia sus funciones ha ido en aumento, tomando como referencia la posición que tenía hace tres años, fecha del informe anterior. Hoy 2 de cada 3 ciudadanos afirman que hay lentitud en su trabajo, pero a pesar de esto se continúa con una cultura permanente de judicializar muchos asuntos.

Uno de los puntos fuertes es que recupera y crece su presupuesto, pero debe mejorar su distribución, ya que es desigual dada la sobrecarga en materia penal, delincuencia organizada, y delitos contra la vida que se duplicaron. Ante el aumento de criminalidad y violencia homicida, la Asamblea Legislativa le ha asignado más competencias, pero sin nuevos recursos económicos en temas de seguridad.

Es necesario, se señala, que trabaje en coordinación con otras entidades y más de cerca de las personas. El presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, reconoció la objetividad e independencia del estudio, al reconocer que señalan adelantos y desafíos y enfatiza en avances en acceso, eficiencia y legitimidad.

Hacemos una revisión de algunos aspectos relevantes del informe, con la coordinadora de este informe, Evelyn Villarreal.