Aunque existe criterio unánime respecto de la imperiosa necesidad de que el país avance sin dilación en el despliegue de la red 5G (la quinta generación de tecnología móvil) no hay tal unanimidad respecto de la inesperada decisión del gobierno de la República de excluir -aparentemente por razones políticas y no con fundamento en criterios técnicos- mucha de la infraestructura actualmente desplegada por los tres operadores de telecomunicaciones con tecnología Hauwei (China).

Se trata de un asunto complejo y con múltiples aristas. Todos por supuesto, queremos contar con las ventajas de la tecnología móvil más nueva. Pero no entendemos nada respecto de cómo se despliegan las redes, cuáles son las inversiones que deben hacerse, cuánto cuestan y quiénes deben pagar por ello.

Más difícil aún es comprender que todo esto pueda formar parte de lo que algunos llaman la guerra fría de las telecomunicaciones entre China y Estados Unidos que, en todo caso, es una batalla de muy alta temperatura. Y ahí es donde parece radicar hoy el desafío tico.

En el mes de agosto se sucedieron varios hechos relevantes de esa puja geopolítica de la que ya somos parte. Nos visitó la jefa del Comando Sur y advirtió de la preocupación de su país respecto de las inversiones chinas en “infraestructura crítica”. La Embajada China reaccionó con molestia: “Latinoamérica no es el patio trasero de Estados Unidos”, argumentó. Apenas ocho días después, el presidente Chaves viajaba sorpresivamente a la Casa Blanca y anunciaba que el ICE “y eventualmente, todos los proveedores públicos y privados de 5G, se limitarán a comprar tecnología de equipos para 5G solo a proveedores confiables”.

Y el 31 de agosto se publicaba un polémico decreto que estableció la obligación de no contratar servicios con empresas que no hayan ratificado el convenio de Budapest sobre ciberseguridad, que según expertos no tiene nada que ver con lo que se pretende, que en la práctica es evitar el despliegue de 5G sobres las redes existentes de 4G lo cual implica multimillonarias inversiones para los tres operadores de telecomunicaciones del país; particularmente para Kolbi.

Ahora, ¿cómo salimos de este embrollo lo mejor librados que nos sea posible, cuando se advierte hasta de posibles litigios internacionales? ¿Cuánto se podría atrasar el despliegue de 5G por esta circunstancia? Para muchas de las preguntas pendientes, conversamos con el especialista Juan Manuel Campos, de Ciber Regulación.