Vivimos tiempos convulsos en nuestra región que obligan a una permanente vigilancia y defensa de las libertades personales y colectivas.

Tiempos que nos retan a seguir fortaleciendo la defensa de los derechos humanos y con ello posibilitar la promoción del sistema de garantías establecidas en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el también conocido “Pacto de San José”, que signamos hace ya cinco décadas.

Ningún país puede declararse hoy a salvo de los vientos tempestuosos del autoritarismo, la desinformación y los populismos que amenazan la convivencia pacífica, de modo que los retos del siglo pasado, encuentran plena vigencia con nuevas modalidades de vulneración de los derechos que tanto nos ha costado enarbolar.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, le da vigor y operatividad a la Convención para que los Estados parte hagan efectivo el respeto de esos derechos.

Para ampliar acerca de sentencias, tales como la muy reciente en defensa del “Obispo del Pueblo” Monseñor Álvarez, encarcelado arbitrariamente por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, conversamos con la jueza de la CIDH, Nancy Hernández López, cuya plaza en la Sala Constitucional -por cierto- tras un año y siete meses de vacancia, aún no ha sido llenada por la Asamblea Legislativa.