Por decisión unánime de la Sala Constitucional, el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, fue obligado a entregarle a Hablando Claro la auditoría externa de la ruta 32 que, contraviniendo el ordenamiento jurídico, había declarado como confidencial.

Vilma Ibarra decidió recurrir en amparo ante los señores magistrados debido a que el presidente de la República en una conferencia de prensa el pasado 7 de junio aseguró falsamente que ella había recibido una suma exorbitante de dinero por hacerle propaganda a esa vía en reconstrucción. Ahora, teniendo el informe en su poder y habiéndolo distribuido a toda la prensa nacional, cualquiera puede constatar que el argumento de la falsa “confidencialidad” fue esgrimido para cumplir con el fin perverso y mal intencionado mediante el que el mandatario y otros funcionarios manipularon información de esa auditoría para intentar manchar su reputación y credibilidad.

Es un hecho que desde el inicio de su gestión, la actual Administración ha implementado tácticas de persecución política en contra del programa y su directora. Tanto así que ya había un antecedente probatorio que ahora también quedó reconfirmado y es que el 8 de julio del 2022, el Ejecutivo emitió una directriz a ministros y presidentes ejecutivos para intentar prohibirles acudir a entrevistas en Hablando Claro. Esa afrenta al derecho constitucional a la libertad de expresión motivó a la periodista a acudir a la Sala IV, por primera vez en sus 40 años de ejercicio profesional. Sorprendentemente, pese a la prueba presentada, funcionarios de la Casa Presidencial mintieron a los magistrados negando la autoría de la directriz bajo el alegato que “no había sido una instrucción formal”, solo porque se había girado vía WhatsApp.

Ciertamente, el caso de Hablando Claro no es único, ya que otros colegas y medios de comunicación también han sido víctimas de acciones de amedrentamiento para intentar callarlos y desalentar su ejercicio profesional independiente y es justamente por ello que hemos debido acudir a solicitar protección constitucional. Dichosamente, para nuestro régimen de libertades públicas, en todos los casos esos derechos se han resguardado.

En lo que nos toca, seguiremos adelante en la defensa de nuestro buen nombre, tanto como en la necesidad de adecentar la gestión política en la conducción de los asuntos públicos, y por ello este jueves conversamos de las acciones en curso y sus resultados con el abogado constitucionalista Marvin Carvajal y la Presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, Yanancy Noguera.